Violencia armada en las regiones y víctimas por explosivos han aumentado en el país, según alarmantes cifras de la Cruz Roja

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dio a conocer el informe ‘Colombia: Retos Humanitarios 2023′, en el cual expuso la situación actual que vive el país en sus regiones a nivel de conflicto armado y violencia.

La metodología que implementaron constó de la documentación de 400 presuntas violaciones de Derechos Humanos y otras normas humanitarias en lo corrido del 2022. Los resultados indicaron que más de la mitad correspondieron a homicidios, amenazas, violencia sexual, implementación de artefactos explosivos, reclutamiento y secuestros.

Sumado a ello, la delegación de la Cruz Roja también se topó con la presencia de hechos relacionados con la conducción de hostilidades, tales como incumplimientos de las partes en conflicto con respecto a la obligación de tomar precauciones para proteger a la población y los bienes civiles. La presencia de grupos armados creció el año anterior, por lo que los actos de violencia también experimentaron un crecimiento.

Se registraron 515 víctimas de artefactos explosivos, la cifra más alta de los últimos seis años. También hubo 348 casos de desaparición forzada, superando los 209 del 2021. “Evidencian de manera contundente que en Colombia este fenómeno no es un hecho del pasado”, indicó el informe sobre este panorama.

Por otro lado, el 2022 tuvo un total de 123 mil personas desplazadas individualmente a lo largo del territorio, junto con otros 50 mil casos correspondientes a colectivos. Además, 39 mil personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos. Eso quiere decir que la población presente en las regiones tuvo que ser desplazada o encerrada en su territorio, dependiendo del acciones de las organizaciones ilegales.

De las personas confinadas, el 56,7 % de los casos correspondieron al departamento de Chocó, siendo el territorio con mayor presencia de este fenómeno. La lista la acompañan Nariño (13,5 %), Valle del Cauca (10,2 %), Arauca (9,4 %), Bolívar (5,3 %), Cauca (4 %), Córdoba (0,6 %) y Antioquia (0,3 %). Aparte, el año anterior continuaron los ataques contra asistentes de salud, de la talla de asesinatos a trabajadores de esta área, amenazas, violencia sexual, extorsiones, bloqueo de ambulancias, entre otros.

El fenómeno del reclutamiento tiene especial interés en el informe de la Cruz Roja, concretamente por el uso y participación de menores de edad en actos de hostilidades. “Nos preocupa que los actores armados estatales y no estatales continúan involucrando a los menores de edad en los conflictos armados. Esto genera profundas consecuencias para ellos, como la separación de sus familias, la pérdida de sus proyectos de vida, afectaciones psicológicas, ser víctimas de violencia sexual, heridas, mutilaciones y muertes”, señaló la entidad haciéndole un llamado al Estado a poner la lupa en esta situación y ofrecerle garantías a la población civil.

La ausencia de entornos seguros, de oportunidades de vida, acceso a educación, incremento del control social y la presencia de portadores de armas cerca a lugares poblados son los causantes para que los menores de edad estén cada vez más relacionados con esta coyuntura. Sumado a ello, es de especial preocupación la violencia sexual empleada en este contexto, siendo generadora de miedo y destruyendo el tejido social.

“Existen muchas expresiones de violencia sexual, además de la violación, como el acoso sexual o la desnudez forzada, que tienen consecuencias devastadoras para las víctimas, para las familias y para toda la comunidad”, plantea el informe al señalar que estas dinámicas del conflicto armado evidencian la complejidad de la situación.

Otra de las cifras alarmantes fue que la disputa territorial se agudizó en el territorio, generando que las comunidades no solo tuvieran que afrontar consecuencias directas (confinamiento, desplazamiento masivo, presencia de artefactos explosivos y baños en bienes civiles), sino que también fueron víctimas de las acusaciones de los grupos armados, quienes los señalaron de pertenecer o ayudar a organizaciones enemigas.

Durante algunos meses del segundo semestre disminuyeron los enfrentamientos entre el Estado colombiano y los grupos armados, lo que redujo los efectos directos de las hostilidades y significó un cierto alivio para la población. No obstante, la situación para las comunidades de estos territorios continuó siendo complicada, ya que en algunos lugares se mantuvo el control social de los portadores de armas y, con ello, las consecuencias humanitarias que podrían desprenderse de este fenómeno, tales como amenazas, atropellos y distintos tipos de abuso.

Los grupos armados partícipes de esta situación, según el informe, fueron el ELN, AGC y disidencias de las FARC-EP. Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación de la CICR en Colombia, hizo un llamado al Estado para solucionar esta situación: “Insistimos en la importancia de preservar la acción humanitaria y respetar sus modalidades de trabajo para asistir a las personas afectadas”.