Violencia reciclada

La violencia electoral siempre se activa en periodos electorales. Usualmente, las interpretaciones de esos ciclos han estado asociadas al conflicto armado. Sin embargo, desmovilizadas las Farc, los indicadores de este tipo de violencia siguen siendo altísimos. México y Colombia tienen las cifras más altas del continente. ¿Qué está pasando?

La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), liderada por León Valencia y Ariel Ávila, lanzará la semana entrante el segundo informe de violencia política, emitido en la antesala de las elecciones de octubre. Sus conclusiones van más allá de las convencionales.

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Desde octubre de 2018 se han presentado 79 hechos, con un saldo de 125 víctimas. No obstante, en el último trimestre estos han aumentado, traduciéndose en más amenazas y atentados frente al trimestre anterior. La polarización es uno de los temas que se reflejan en las estadísticas de violencia. Así, las principales víctimas están en los sectores afines al Gobierno, y en aquellos declarados de oposición. Los más victimizados son los servidores públicos (concejales y senadores) y los precandidatos.

Los partidos de oposición (Polo Democrático, Alianza Verde, UP y otros movimientos de izquierda) registran un mayor número de amenazas y atentados, seguidos de aquellos que forman parte de la coalición de Gobierno (Centro Democrático, Partido Conservador y movimientos cristianos, básicamente) y de los independientes (Partido Liberal y Cambio Radical, sobre todo). Una tercera parte de las víctimas de intimidaciones y ataques tiene una filiación política desconocida. En cuanto a los precandidatos, los últimos tres meses se han duplicado estas dos problemáticas en contra suya, pasando de 18 a 36 víctimas.

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Otra conclusión del estudio es que no hay una relación determinante entre el conflicto armado y la violencia electoral. En otras palabras, que la concentración de hechos violentos se da en departamentos con fenómenos de narcotráfico, pero “con nula o muy baja intensidad del conflicto armado”. Las zonas en las que las Farc operaron tradicionalmente, y tuvieron primacía, no son necesariamente aquellas en las que hoy en día hay más violencia política. De ese modo, de los departamentos con hechos de violencia electoral, siete concentran el 73,6 por ciento del total de las víctimas. En orden de más a menos atentados, son: La Guajira, Valle del Cauca, Tolima, Bogotá, Nariño, Antioquia y Cauca.

En cuanto a los perpetradores, según Pares, hasta el 24 de junio del presente año se desconocen los autores del 75 por ciento de estos hechos y, en el caso de los asesinatos en particular, se desconocen en el 100 por ciento de los casos. En cuanto a las amenazas, el mayor número proviene de las Águilas Negras, seguidas de nuevos grupos armados organizados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada y Muerte a Enemigos de la Patria (MEP) –del cual no se tiene información–.

En días recientes, la Misión de Observación Electoral (MOE) concluyó que en los últimos meses, la violencia política ha ido en aumento. Según esta organización, mayo ha sido el mes más violento y el número de casos de violencia ha sido superior al de 2015. Para Ariel Ávila y otros investigadores, los altos costos de las campañas también inciden en el reciclaje de la violencia. Además del voto preferente, escándalos como el de Odebrecht demostrarían que hacer política podría ser cada vez más caro, pues muchas empresas no se atreven a donar por miedo a ser investigadas. Con campañas tan caras y en situaciones extremas y de polarización, hay políticos que optan por descalificar a su contendor, lo cual, en muchos casos, se traduce en amenazas.

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Para el exdirector del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, Colombia tiene una tradición de ilegalidad muy larga y variada, que se ha mezclado con la política y se ha perpetuado como forma de vida. “Las ilegalidades se volvieron rentables y el Estado no está en capacidad de neutralizarlas. Romper los círculos de repetición es, entonces, muy difícil”, asegura Sánchez. Además, sugiere que la violencia política no es algo necesariamente irracional: “¿Qué es más rentable? ¿Amenazar al enemigo?, ¿aceptarle plata a un narco?, ¿confiar en el Estado?”.

Que la violencia política tenga costos tan bajos para los perpetradores también se asocia a los altos niveles de impunidad. De los casos de asesinatos identificados por Pares, ninguno de los victimarios ha sido identificado. A eso se suma que las Águilas Negras aparecen como uno de los principales asesinos. Sin embargo, a pesar de estar amenazando durante años, nadie sabe quiénes forman parte de este grupo y cómo operan.

Encontrar una ruta de prevención y mitigación de los ataques a líderes políticos y comenzar las comisiones de seguimiento electoral, tanto en el ámbito nacional como local, son algunas de las prioridades que, a juicio de la Misión de Observación Electoral (MOE), se deben implementar a menos de cinco meses de las elecciones. Queda algún tiempo para que acciones como estas se tomen, y la violencia reciclada no sea la protagonista de las primeras elecciones regionales después de firmada la paz.