Violenta represalia del Clan del Golfo contra la Fiscalía, que se negó a levantar órdenes de captura contra sus cabecillas

La Fiscalía emitió un duro comunicado frente a los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero, cuando doce hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la Dirección Seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá. Los funcionarios se desplazaban en un vehículo particular en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia (Antioquia).

Ante lo ocurrido, la Fiscalía aseguró que “se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez alias Gonzalito, máximo cabecilla del Clan del Golfo en la zona, quien actualmente tiene orden de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura, que pidió el Gobierno, fueran levantadas. Petición a la que no accedió la Fiscalía por no existir ningún marco constitucional para hacerlo”.

En segundo lugar, agregó que “desde el momento que se conocieron los hechos se destacó un equipo de fiscales e investigadores quienes recolectaron evidencia técnica que permitió establecer la presencia del Clan del Golfo en la zona y se logró que un juez de control de garantías expidiera orden de captura contra alias Gonzalito por el delito de secuestro agravado”.

Por cuenta de los hechos, el organismo decidió cerrar temporalmente la sede en ese municipio y trasladar la atención a Medellín. “No se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en este municipio”.

De manera preocupante, la fiscalía advierte que los funcionarios secuestrados “pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.

Gonzalito es uno de los criminales que se disputa ser el heredero de Otoniel. Junto con Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; Wilmar Antonio Giraldo, Alias Siopas, y José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, tienen un prontuario criminal inmenso, y están en la mira de las autoridades colombianas y estadounidenses. Sus cabezas tienen precio. Por información que lleve a su captura, las autoridades pagan hasta 5.000 millones de pesos.

SEMANA contó cómo la guerra de estos tres por tener el control del clan es inmisericorde. “La pelea ya ha pasado de las amenazas a los asesinatos de las personas más cercanas de estos tres cabecillas y sus testaferros, para que el mensaje quede claro. Mutilaciones y torturas se vienen dando entre las bandas, y tienen una finalidad específica: al que hable, le pasan factura. Aunque están negociando para frenar la extradición, eso aún no es un hecho, saben que las autoridades de los Estados Unidos y Colombia les pisan los talones, y no quieren la misma suerte de su jefe, Otoniel”, registró este medio hace unos meses.

Gonzalito, quien también es considerado un “animal de monte” al igual que su exjefe Otoniel, se mantenía con bajo perfil y resguardado en las selvas, era casi anónimo. Pero las acciones del Clan del Golfo lo hicieron visible. Hoy es señalado por los fiscales de estar detrás de su secuestro.

Se trataba además de uno de los personajes a los que el gobierno de Gustavo Petro había pedido que le levantaran la orden de captura. La Fiscalía, sin embargo, se había negado, lo cual produjo un choque entre ambos poderes.

La petición generó controversia en su momento por tratarse de un grupo narcotraficante, sin estatus político. Ocho personas hacen parte de los criminales más buscados del país.

En un documento de 7 páginas, revelado en exclusiva por SEMANA hace unos días, y firmado por la vicefiscal Martha Mancera, el ente investigador le dice al comisionado de paz, Danilo Rueda: “La Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el Presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Cabe señalar que el criterio de la Fiscalía expuesto en esta respuesta se plantea sin perjuicio de la autonomía e independencia de los jueces de la república al momento de pronunciarse frente a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura”.

El organismo fue enfático en rechazar beneficios penales para los cabecillas de estas organizaciones. “Los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), los Grupos Armados Organizados (GAO) y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y/o penitenciarios. Lo anterior, en la medida en que el reconocimiento de un estatus político es excepcional, mientras que el sometimiento a la justicia es la regla general. Una interpretación diferente conllevaría a desnaturalizar la política criminal contra el crimen organizado, la diferenciación adoptada por el Legislador y por la jurisprudencia de las Altas Cortes (como se verá a continuación) y, en últimas, pondría en tela de juicio el principio de legalidad”, señaló.

Además agregó que: “No existe un marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Sin este marco jurídico legal para el sometimiento a la justicia, no puede el ente investigador y acusador proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas y de su deber constitucional de “velar por la protección de las víctimas”10. Por ello, la postura de la Fiscalía General de la Nación es que la concesión de beneficios judiciales para los miembros de estas estructuras armadas, como la suspensión de órdenes de captura, debe estar precedida de unos términos legales de sometimiento a la justicia y de un régimen de condicionalidad al cual deberán acogerse estas personas. Es a la luz de este marco legal que tendrá sustento jurídico la suspensión de las órdenes de captura”.

La acción en contra de los fiscales de Tarazá se entiende ahora como una retaliación por esta posición.