Volvió el terror a Córdoba

El maestro Jhon Jairo Martínez se había echado al hombro la tarea de recuperar la tierra de su comunidad. Una década atrás, en 1997, el Incora les había adjudicado de manera colectiva a él y a otras 61 familias el predio El Quindío, de 520 hectáreas, en la zona rural de Montería. Pero como no todos quisieron embarcarse en el crédito que iba amarrado a la adjudicación, al final solo 45 familias lo ocuparon. En las hectáreas restantes sembraron roble, una alcancía para el futuro.

Al tiempo que crecieron los hijos, los robles se volvieron frondosos, como suelen hacerlo en esa tierra bendecida, donde abundan tecas, camajones, higos y campanos. Pero en 2007 llegaron unos desmovilizados que ahora se hacían llamar Águilas Negras, cortaron árboles y construyeron sus viviendas. Martínez se fue a Montería a denunciarlos. Al final, las autoridades expulsaron a los intrusos. Cuando salían, uno se le acercó a Martínez y le dijo con el tono superior que da la impunidad: "De pronto tú te vas también, pero al cementerio".

Tardaron en cumplir su amenaza. El 28 de junio de 2009, entrada la noche, las Águilas pusieron a temblar el rancho de Martínez a golpazos. Cuando salió, le pidieron agua, y apenas les dio la espalda para ir a traérsela, le dispararon. Muerto el maestro, amenazaron a Amanda Hernández, quien se perfilaba como la líder sucesora. Ella huyó con su familia, según reportó la Defensoría. Los vecinos ven a los ex paramilitares con frecuencia caminando por ahí. Nadie denuncia. Los investigadores de la Fiscalía ya no recuerdan el caso.

Seis meses antes, en febrero de 2010, otras dos Águilas habían matado a Teófilo Vidal, otro líder protegido que también reclamaba tierras para los desplazados. Y cuatro meses antes de eso, en pleno Montería, desconocidos atentaron contra el abogado Mario Montes de Oca, representante legal del Comité Civil de Víctimas de Reconciliación y Paz (Confavic) con más de 5.000 procesos de reclamación por desplazamiento forzado y usurpación de tierras.

Confavic venía en la mira desde antes, pues en abril de 2009 habían baleado a Ana Isabel Gómez, de la Junta Directiva, mientras viajaba con su hija de 16 años en una moto. Y en julio de 2009 cayó Antonio Ramos, quien quería que le devolvieran a su gente la tierra robada por Mancuso en Santafé de Ralito.

Un año antes, en junio de 2008, desa-pareció Azael Hernández, otro líder agrario. No fue el último: en 2010 van 182 desaparecidos. Antes, en febrero de 2007, había sido asesinada frente a su casa Yolanda Izquierdo, otra líder de víctimas, pero entonces hubo escándalo nacional y las autoridades se movilizaron. Las muertes de los siguientes líderes, en cambio, se volvieron de rutina.

Cada homicidio empuja un desplazamiento. En el primer semestre de 2010, iban más de 1.300. El número puede ser mayor porque a veces ocurre en silencio. En el corregimiento de Los Córdobas en Montelíbano, se fueron todos los maestros, pues cuando llegaron a la escuela encontraron en el tablero escrita la advertencia: "Salgan o si no los vamos a quemar con toda la vereda". Cincuenta familias también salieron, pero no lo denunciaron. Hace pocos días, un funcionario de una organización internacional reportó al respecto: "Los grupos armados han presionado a las familias para que salgan pero que no informen, tras la amenaza de perseguirlos y asesinarlos".

Los asesinatos selectivos y los desplazamientos se están haciendo tan habituales como las masacres, aunque hacía nueve años Córdoba no había visto tantas: seis en lo que va del año, con 29 muertos. En la última, el jueves pasado, en Ciénaga de Oro, fueron degollados dos jóvenes y una pareja, delante de su hija de 7 años. La saña es su sello. El director del CTI, Jaime Cuervo, contó a SEMANA que con su equipo ha logrado llevar a juicio a una banda de 15 descuartizadores.

Los homicidios han subido sin tregua cada año desde 2005. En 2009, fueron 569, según reportó el Observatorio del Delito de la Gobernación. Es una cifra muy cercana al récord del aciago 1990, justo antes de que las guerrillas del EPL firmaran la paz y Fidel Castaño iniciara su dominio. Y en 2010, el promedio diario de homicidios es peor. Entre ellos han caído 20 jóvenes y niños por balas perdidas en combates, porque los padres no pagan vacunas o porque ellos se resisten a unirse a las filas de algún grupo armado. Hay que ser muy valeroso para rechazar los 400.000 pesos mensuales que ofrecen las bandas, en un departamento donde casi 100.000 jóvenes entre 10 y 19 años viven por debajo de la línea de miseria.

Por más que la muerte se está volviendo a instalar en la cotidianidad de los cordobeses, no se nota. Montería se ve próspera y tranquila, las carreteras, bien custodiadas, y se puede viajar a los pueblos sin aparente problema. Pero la procesión va por dentro. Un síntoma es que se volvieron a disparar los atentados a la libertad de prensa: un periodista asesinado, uno forzado al exilio y dos con medidas especiales de protección.

En los pueblos donde buscan imponer su dominio, las Águilas Negras (los antiguos urabeños que integraron los grupos del 'Alemán' y de su hermano 'Don Mario') ponen sus 'postes'. Son vigías, no siempre armados, sin radio, que avisan por celular. Las Águilas, que tienen negocios sucios en 18 municipios, están en máxima alerta. Los atacan Los Paisas, originados en la descomposición del grupo del extraditado 'Don Berna', aliados por ahora con los descendientes de los carteles del Valle del Cauca, Los Rastrojos. Ya han conseguido ganarles la partida en ocho municipios cordobeses, pero su ambición es quedarse con lucrativas rutas de narcotráfico que bajan desde los altos del Nudo de Paramillo, cruzan el departamento y salen al golfo de Morrosquillo o al Urabá. "Córdoba es un paraíso porque en tres horas pueden llevar la coca de la mata al puerto de embarque internacional", dijo un investigador judicial.

Los miembros de las bandas cambian de lado con facilidad, y no tienen problema en hacer tratos para comprarle la coca a alguno de los cuatro grupos de las Farc que administran la producción en el Nudo de Paramillo; tampoco en enfrentarse entre ellos en combates abiertos.

Las autoridades sostienen que el aumento de la violencia se debe, sobre todo, a la puja por el tráfico de cocaína. El dineral que deja ese negocio es combustible esencial de la guerra. Por eso han reforzado el control, con un distrito especial de Policía en el Bajo Cauca antioqueño, que vigila también los calientes municipios colindantes de Córdoba. Los militares impulsan la consolidación de la seguridad, mediante acciones sociales, con gran dificultad por la inseguridad y la miseria. La Fiscalía creó cinco nuevos cargos de fiscales que dependen de Bogotá y la Gobernación aporta dineros propios para fortalecer la acción de la fuerza pública y de la justicia. Las autoridades dicen estar trabajando mancomunadamente y gracias a eso aseguran que han capturado a 600 integrantes de las Bacrim.

Sin embargo, la violencia cordobesa sigue en alza. Según algunos, los uniformados se corrompen con facilidad. Otros argumentan que el conflicto tiene un trasfondo más complejo, la mala distribución de la tierra y la pobreza en que vive el 70 por ciento de sus habitantes.

La usurpación masiva de fincas en el departamento que encabezaron los paramilitares dejó una concentración escandalosa de la propiedad de la tierra y un lío mayúsculo después de la desmovilización. Un par de casos lo ilustran. El Fondo de Reparación aceptó un lote baldío que entregó alias 'Monoleche', lugarteniente de los Castaño en su proceso de Justicia y Paz, siendo que era del mismo Estado y que, para colmo, había sido entregado por el Incora en comodato a varios campesinos. Y de las más de 17.000 hectáreas de baldíos en el Bajo Sinú usurpadas a los campesinos que las trabajaban, el Incoder apenas ha abierto 11 procesos para recuperar unas 1.000 hectáreas. La falta de información transparente, compras de fincas por encima de su valor real a parientes de políticos y adjudicaciones a desplazados a paso de tortuga han exacerbado el conflicto, del que se han sabido aprovechar los violentos.

Como las Bacrim cordobesas son hechas con el molde del paramilitarismo moderno, ellos han aprendido rápidamente que la clave es la tierra. Comprar o mantener la tierra usurpada, de la que muchos de ellos o viejos aliados de las Accu son testaferros, les sirve de cuenta de ahorros, de lavandería de dineros ilícitos, para asegurar las rutas y es la base de un lucrativo dominio mafioso sobre un territorio. Así, en Ayapel, los explotadores ilegales de oro pagan, y ya cinco alcaldes han dicho en voz baja que son víctimas de extorsión de las bandas criminales.

"Es peor que antes, cuando mandaban los paras -dijo un líder social a SEMANA, que como casi todos los que hablan prefieren que se reserve su nombre-. Entonces se sabía quién mandaba, y se podía recurrir a los jefes para resolver los problemas. Ahora no se sabe quiénes son".

Después de varias alertas, la Defensoría del Pueblo dictó una resolución del 17 de septiembre pasado, con un pormenorizado detalle de la violencia en Córdoba, que conmina a las autoridades a actuar con sentido de urgencia, mientras monseñor Julio César Vidal, obispo de Montería, clama por que se convoque a una comisión de paz que intente encontrarle una salida integral a esta espiral de violencia que está causando una catástrofe humanitaria.

"La gente cuenta que llora con frecuencia, desconfía, le cuesta disfrutar la vida", dice Víctor Negrete, un reconocido investigador social de la Universidad del Sinú, que dirige un estudio sobre la salud mental de los cordobeses. ¿Cuánto más tendrán que sufrir los cordobeses para que los líderes políticos del departamento y del país se tomen en serio un cambio de fondo para que ellos y la inmensa mayoría de gente buena prosperen en paz?