Uribe, tan cerca y tan lejos de la paz

El respaldo de Álvaro Uribe al proyecto que permite establecer zonas de concentración a los guerrilleros de las FARC se convirtió en el primer apoyo que el senador del Centro Democrático le concedió a un proyecto de ley para consolidar el proceso de paz. Fue un hecho tan sorpresivo como histórico, o por lo menos así lo valoraron tanto en el Congreso como en la Casa de Nariño.

Este jueves el presidente Juan Manuel Santos, quien en los últimos días había pronunciado duras afirmaciones contra el Centro Democrático, lo valoró de tal forma que incluso lo calificó como un ejemplo de la “madurez” de la democracia. Pues consideró que por encima de diferencias personales y partidistas se había puesto un verdadero interés nacional, como es la consecución de la paz.

Incluso Santos lo puso como un precedente para futuros consensos. “Estamos listos a seguir dialogando con el Centro Democrático sobre diferentes aspectos de este proceso de paz. Porque si todos los colombianos nos unimos, si todos jugamos a meter gol en la misma portería, vamos a ganar el partido de forma más clara y contundente”, y reiteró que “la paz es el eje del proyecto nacional”.

Desde la izquierda también se valoró el consenso en torno a la Ley de Orden Público. Clara López, presidenta del Polo, consideró que es altamente positivo que se haya puesto el interés nacional por encima de las diferencias y aseguró que para conquistar la paz “es necesario ceder para salvaguardar la estrategia de poner fin al conflicto”.

Puede que el episodio del miércoles en el Congreso, el voto a favor de la ley de orden público, uno de los marcos legales que hicieron posible el actual proceso de paz con las FARC, hay quienes califican la actuación de Uribe y sus congresistas como un primer paso para que el uribismo se sume al actual proceso de paz.

Sin embargo, la realidad es otra. Y a pesar de que se vio a Uribe trabajando de la mano con Roy Barreras y Horacio Serpa en los ajustes a ese proyecto, no significa que las diferencias entre el santismo y el uribismo se vayan a despejar. Por el contrario. El propio expresidente dijo que estas siguen vigentes.

El ‘sí’ de Uribe a las zonas de concentración probablemente era el único que estaba asegurado. El expresidente, lejos de deponer sus diferencias políticas y personales, seguramente las mantendrá.

Si a muchos sorprendió el respaldo al proyecto de ley de orden público, Uribe ratificó no sólo varias de sus posturas antagónicas a las del Gobierno, sino sus posiciones sobre cómo se debería adelantar la negociación con la guerrilla de las FARC.

En efecto, desde hace tres años Uribe ha insistido en establecer zonas de concentración, pero no para hacer viables el desarme y la dejación de armas, sino para iniciar los diálogos. “Debió exigirle una concentración en un sitio o en varios como condición para iniciar el diálogo. Eso habría creado mucha confianza y habría permitido inferir que cualquier delito cometido por fuera de esa área no era imputable a FARC”, dijo el miércoles en el Senado.

Por eso, de haber votado en contra al proyecto, como algunos de sus representantes hicieron en la Cámara, Uribe habría caído en una enorme incoherencia. Y como las facultades que el proyecto le concede al presidente de la República de suspender órdenes de captura a miembros de grupos armados ilegales en tránsito a la civilidad también fueron concedidas durante sus ocho años de gobierno, también supondría una incoherencia histórica que muchos le habrían cobrado en el Congreso.

“Nosotros hemos dicho que la circunstancia de que estén armados allí, desde que haya buena voluntad con el proceso y desde que cumpla con todo el cese de actividades criminales, nosotros la aceptamos. Nosotros creemos que la condición para avanzar en el proceso tiene que ser el cese de actividades criminales y la entrega de armas tiene que ser un puerto de llegada del proceso”, aclaró Uribe.

Por eso el senador del Centro Democrático considera que las zonas de concentración son útiles para corregir los errores que en su criterio ha tenido el actual proceso de paz. “Al ubicar a las FARC en esos sitios corregirían el error de saber quién es el que está delinquiendo, y yo creo que sería una ganancia para el proceso de La Habana”, expresó el senador jefe del Centro Democrático.

Por eso, lejos de considerarse un apoyo al proceso de paz, la postura de Uribe puede dar a entender que el proceso de paz se ha manejado de la forma equivocada y que sólo ahora, cuando el proceso parece estar en su recta final, el Gobierno acoge sus sugerencias.

Y lejos de entenderse que el urbismo esté cediendo en sus posiciones, pues se mantienen casi inamovibles. “No es el afán nuestro, como algunos lo dicen, de buscar excusas para cabalgar en el proceso de La Habana”, reflexionó.

Las diferencias siguen vigentes y se concentran principalmente en ese documento de 75 puntos sellado el pasado 23 de septiembre en La Habana, en el que está consignado el acuerdo de justicia transicional entre el gobierno y las FARC.

Un acuerdo que, según Uribe, “es una ley de punto final” porque “si el delito atroz es reconocido no tendrá cárcel y en eso es igualita a las leyes de punto final, que con ese nombre u otros nombres parecidos se dieron en Chile, se dieron en Argentina, se dieron en Uruguay”, leyes que según recordó fueron derogadas.

Para Uribe el acuerdo de justicia tiene un nivel de impunidad y desprotección de víctimas que no lo hace estable, ni con una Asamblea Constituyente. “He pensado que en una Asamblea Constituyente para darle estabilidad a ese acuerdo, tendría que decir que Colombia se retira de la Corte Penal Internacional, de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros pactos, porque todos esos son la fuente que exigen cárcel para delitos atroces”.

Siendo esta la nuez de las diferencias, Uribe mantiene las condiciones para aceptar el proceso de paz. Un catálogo que sigue vigente y que parecería difícil de aceptar por la contraparte del Gobierno.

Uribe ha insistido en que si en aras de la paz los cabecillas de las FARC, responsables de delitos atroces, no van a cárceles ordinarias, deberían estar recluidos en lugares que tengan condiciones penitenciarias. Rechaza que la justicia transicional sea también para juzgar a civiles o militares, y se opone a la elegibilidad política de autores de graves delitos. Condiciones que están vigentes y que lo tienen en una orilla en la que muchos de sus contradictores lo califican como enemigo de la paz. “Aquí no hay enemigos de la paz, hay diferentes maneras de verla”, y esas diferentes posturas hacen que un día pareciera montarse al tren de la paz y otro al margen de ella.