POLÍTICA
¿La hora del voto obligatorio en Colombia?
En el Congreso se radicó un proyecto que busca instaurar el voto obligatorio, un debate que viene de años atrás y que busca reducir el abstencionismo. ¿Cuáles son los alcances de la propuesta?
Desde hace varios años se viene discutiendo si el voto obligatorio en Colombia sería una medida eficiente para reducir el abstencionismo, que por lo general es superior al 50 por ciento en todo el país.
En las elecciones presidenciales de los últimos años se registra que en 2006 fue del 55,3 por ciento; en 2010 del 56,1 por ciento; en 2014 del 52,6 por ciento y en 2018 del 47 por ciento, uno de los pocos años en que no superó la mitad. Históricamente este no ha sido menor al 40 por ciento.
Sin embargo, surgen varias dudas y contradicciones porque también se argumenta que las personas cuentan con el derecho de abstenerse a votar y este debe ser respetado, ya que también puede considerarse una manifestación política válida.
El representante Jorge Benedetti, de Cambio Radical, radicó un proyecto de ley que busca instaurar el voto obligatorio en el país. El congresista tiene en cuenta las discusiones que se han dado y por eso considera que tiene que ser una medida transitoria.
“Proponemos la reglamentación legal del deber de votar como un deber de obligatorio cumplimiento por un periodo de 12 años”, asegura en el objetivo del proyecto.
Benedetti dice: “Con esta propuesta esperamos incentivar la participación electoral de los colombianos, y así combatir la abstención electoral, (...) proteger los recursos públicos que se destinan a la organización de elecciones y combatir la corrupción en época electoral”.
Precisamente, uno de los principales argumentos que tiene el congresista es que, además del porcentaje de abstención, otro de los problemas que se evidencia en elecciones es la compra y venta de votos. “Esta es causada por la indiferencia política de muchos ciudadanos”, asegura.
El congresista de Cambio Radical también dice que con este proyecto se espera que los colombianos mejoren su cultura electoral y que puedan tener una mayor apropiación del deber de escoger a sus gobernantes y así poder fomentar un voto de opinión.
Esta medida transitoria está programada para que pueda durar unos doce años, entendiendo que lo que se quiere no es sancionar a las personas sino fomentar una cultura electoral y política.
“Confiamos en que luego de este periodo de doce años las personas hayan desarrollado ese hábito de ejercer su deber de ejercer el voto y que nos quedemos con la costumbre”, afirma.
Para que el ciudadano vaya a votar y se cree esa “costumbre”, el proyecto buscará que se establezcan sanciones económicas reguladas y vigiladas eventualmente por la Registraduría Nacional.
Aunque entendiendo que la abstinencia también es un derecho democrático, quienes tengan razones de fondo para no cumplir con el deber ciudadano podrán justificar y evitar la sanción mediante un proceso notarial, el cual será gratuito y en el que se deberá argumentar la objeción de conciencia.
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El abstencionismo en el país por lo general es mayor al 50 por ciento.
Otra de las razones que da pie al abstencionismo en el país es por la dificultad que tienen las personas para desplazarse hasta los puestos de votación en las regiones más apartadas y que presentan otras dificultades.
Sobre esto, Benedetti dice que de aprobarse esta ley el Estado colombiano deberá hacer los esfuerzos para que en la jornada electoral se pueda promover el transporte gratuito para los sufragantes. Y recuerda que en el Congreso también hará trámite la reforma electoral que contempla esta medida.
En lo que se refiere a la reforma del Código Electoral que radicó la Registraduría en el Congreso, y que también será discutida en esta legislatura, se establece que se brindará transporte gratuito el día de las elecciones y este deberá ser gestionado por cada mandatario local y regional. Lo que se busca es contrarrestar la corrupción y otros delitos como la compra de votos.
El congresista dice que cuando se establezca el voto obligatorio como él lo tiene planeado, ya se habrán establecido otras condiciones para los sufragantes.
Con respecto a la legislación en otros países, se evidencia que en la región Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Ecuador o Costa Rica, son algunos de los que ya han implementado esta modalidad. En casi todos se establecen multas económicas.
Se espera que el debate del proyecto se dé en esta legislatura pero de aprobarse empezaría a regir mínimo desde 2026, sabiendo que las próximas elecciones son en dos años y que se necesita reglamentar las condiciones con un tiempo prudente.
La iniciativa está apoyada por otros 16 congresistas en su mayoría de Cambio Radical, aunque también se encuentran del Partido Conservador, Partido de La U, Partido Liberal y Alianza Verde.
También se discutirán otros proyectos en este sentido como el Código Electoral y algunas reformas políticas que han sonado desde diversos sectores y que también se refieren a las reglas de juego para los partidos y las elecciones venideras.
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