Vuelos a la Amazonía ‘en jaque’ por caso de los niños desaparecidos en Guaviare

En medio de la incesante búsqueda que adelantan las autoridades colombianas para dar con el paradero de cuatro niños que, aparentemente, sobrevivieron al choque de una avioneta el pasado primero de mayo en el departamento de Guaviare, han trascendido algunos asuntos que se derivan de la problemática que quedó en evidencia tras el siniestro.

Uno de esos aspectos se refiere a la seguridad o inseguridad que rodea actualmente a los vuelos en esos sectores del país, en tanto estos no están brindando las garantías debidas.

Sobre el particular, denuncias reveladas por medios internacionales como la cadena CNN ponen en evidencia la advertencia que a su vez han elevado entes como el grupo de defensa indígena Opiac, que advirtió, en entrevista con referido medio, que la avioneta monomotor Cessna 206, identificada con la matrícula HK-2803 que se accidentó con siete pasajeros a bordo (tres adultos y los cuatro menores desaparecidos) ya se había accidentado en la misma zona el 25 de julio de 2021.

Dicho grupo se pronunció para lamentar la muerte de los indígenas adultos que ya fueron encontrados, abogando a la vez por el despliegue de todos los recursos necesarios para la localización de los cuatro menores que permanecen desaparecidos.

No obstante, dentro de su comunicado llamó la atención una aseveración en la que se señala que el accidente ocurrido no es sorpresivo, refiriendo que las empresas que operan los vuelos en ese sector del país presentan una serie de irregularidades que no son atendidas, afirmando que estos solo están preocupados por sus ganancias, descuidando otros aspectos como la seguridad de los vuelos.

En ese mismo sentido, la denuncia de la referida organización indígena también ha salpicado al Gobierno nacional, acusando que ha existido negligencia de estos en la búsqueda del cumplimiento de todos los estándares de seguridad.

Por lo anterior, la Opiac sentenció que “el Estado colombiano es responsable de esta tragedia y todas similares”, lamentando a su vez que pese a ello, y conscientes de las deficiencias y el peligro, las comunidades de ese sector del país tengan que recurrir al uso de esos vuelos inseguros al carecer de otras alternativas de viaje.

Según las declaraciones entregadas por Julio César López, el vocero de la Opiac a CNN, la avioneta siniestrada refería antecedentes de accidentes en la misma región, advirtiendo que más allá del actual accidente, aún quedan otras responsabilidades por ser investigadas, acusando que es necesario que las autoridades puedan ahondar en todo el contexto.

En cuanto al accidente ocurrido en 2021, el informe de la Aerocivil, recogido por medios internacionales, apunta a que en aquel entonces, la avioneta era empleada como vehículo ambulancia en el departamento de Vaupés, y que su accidente se derivó de problemas en el motor, los cuales se presentaron poco después de haber despegado.

Sobre la avioneta, también se destaca que esta fue construida en 1982, y para el momento del accidente había completado cerca de 10.000 horas de vuelo.

A diferencia del accidente del pasado primero de mayo, en aquel entonces los ocupantes de la avioneta solamente sufrieron heridas leves, y en su momento fueron auxiliados por habitantes de la zona en que cayó.

En aquel entonces, sobre los daños sufridos por la avioneta, se precisó que esta había tenido efectos de importante consideración que traducen en averías de la hélice, el motor y parte de una de sus alas, lo que refirió que para su reparación tuvieran que ser cambiados un importante número de componentes.

Sobre el particular, la empresa Avianline Charter, propietaria de la avioneta, también había señalado que los daños sufridos no eran de consideración, afirmando que la avioneta contaba con seguro, por lo que había podido ser reparada para volver a ser puesta en funcionamiento, asegurando que tras ello el avión fue sometido a las inspecciones necesarias, para recibir la bandera verde las autoridades para volver a volar.