VUELVE Y JUEGA

La semana pasada fue mucho lo que se especuló sobre la ronda de consultas que
hizo Andrés Pastrana con los ex presidentes de los dos partidos. Hubo quienes dijeron que el
Presidente había roto por fin su cascarón para buscar respaldo a su propuesta de paz con las Farc.
Otros, sin embargo, no descartaron que las sorpresivas visitas a los ex presidentes estuvieran
orientadas a todo lo contrario, es decir, a buscar su respaldo en la eventualidad de un rompimiento de
las conversaciones de paz y el inicio de una ofensiva militar.
El viernes el asunto pareció definirse. En el curso de una visita a la ciudad de Neiva el propio Pastrana
anunció que estaba dispuesto a reanudar las conversaciones de paz con las Farc y dijo que
esta semana haría el anuncio oficial pese a que aún sigue sin definirse el espinoso tema de la
Comisión de Verificación Internacional que tenía estancado el proceso. Todo parece indicar que
Pastrana decidió continuar con los diálogos para después acordar con las Farc lo relacionado con la
verificación de los acuerdos que se vayan logrando en la mesa de negociación. Pocas horas después,
y rompiendo su silencio político de mucho tiempo, el ex presidente Belisario Betancur apoyó la
decisión del primer mandatario y dijo que, en su opinión, lo importante era desentrabar el proceso de
paz y que la verificación la podían hacer los negociadores del gobierno. Y tomaron sentido las
palabras pronunciadas 24 horas antes por el ex presidente Alfonso López, en el sentido de que si
las Farc se levantaban de la mesa de negociación es posible que sólo sus bisnietos las vieran de
nuevo negociando una salida política al conflicto armado que vive el país.
Pero ni siquiera el tácito respaldo de los ex presidentes pudo borrar el amargo sabor con que muchos
colombianos pasaron el anuncio de Pastrana. Para no pocos analistas las Farc impusieron de nuevo
su criterio y demostraron que el gobierno no tiene los dientes necesarios para presionar el avance de
las conversaciones de paz. En otras palabras, la ambigüedad de los acuerdos de paz quedó
nuevamente en evidencia. Y es claro que de ella sólo han sacado partido las Farc. Lo que no estaba
claro todavía el viernes era si la decisión del jefe de Estado contaba además con el respaldo de las
Fuerzas Militares, que habían sido reiterativas en la necesidad de la Comisión de Verificación y que
militarmente habían ganado mucho terreno frente a las Farc en el tiempo que duró congelado el
proceso. ¿Y del canje que?De todas formas la decisión presidencial le brinda un nuevo tanque de
oxígeno al proceso de paz. Y lo hace en un momento en que empieza a definirse el que podría
convertirse en el gran tema de toda la negociación: la ley de canje. Para nadie es un secreto que el
asunto es vital para las Farc. Tanto es así que es el único exclusivo del resorte de Manuel Marulanda.
En todos los demás el jefe guerrillero ha nombrado comisiones para que negocien con el gobierno,
menos en el que tiene que ver con un eventual intercambio de prisioneros. Quienes han hablado con
Marulanda sostienen que el único asunto que en verdad lo obsesiona es el del canje. ''Tirofijo' puede
hablar de todo. Pero siempre comienza y termina con el tema del canje", dijo a SEMANA uno de los
parlamentarios que se entrevistó con él recientemente.

El tema ha estado en el tapete desde que se iniciaron las conversaciones entre el gobierno de Andrés
Pastrana y la cúpula de las Farc. Como es apenas natural, ha tenido defensores y detractores en
ambos lados de la mesa. El 'Mono Jojoy' es de los que sostiene cínicamente que si el gobierno no
saca adelante la ley "habrá que traer a los políticos". Por otro lado, hay funcionarios del gobierno de
Pastrana que consideran que el proceso de paz tiene un precio muy alto y que, por lo tanto, no se
puede descartar ninguna opción de negociación aunque haya que meterle goles a la normatividad
jurídica vigente. La semana pasada el tema volvió a ser motivo de discusión en distintos foros y
reuniones de académicos. Hubo declaraciones en todo sentido. Desde el procurador general, Jaime
Bernal Cuéllar, quien afirmó que no se debe pensar en un ideal jurídico, como el que existe en la
actualidad en la Constitución y en las leyes, sino que hay que ajustarse a la realidad que está
desbordando a la normatividad; hasta el fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, quien sostuvo que no
se pueden equiparar las acciones de guerrilleros y soldados puesto que son totalmente distintas. Pero,
pese a todas las discusiones a las que ha sido sometido el tema, sólo hasta esta semana el asunto
entrará de lleno al escenario que deberá definir su futuro: el Congreso de la República. Los
parlamentarios de la llamada 'Comisión del Canje' radicarán el martes su proyecto ante la presidencia
del Congreso y harán entrega formal del mismo al presidente Pastrana. Y todo parece indicar que
tendrá muchas sorpresas. Para empezar, se da por descontado que el proyecto no hablará de un
canje de prisioneros, como pretenden los voceros de las Farc, y tampoco tendrá el carácter de
permanente como lo ha solicitado en varias ocasiones el propio Marulanda. De acuerdo con los
parlamentarios encargados de redactar el proyecto, éste considera la posibilidad de otorgar libertad
provisional para aquellas personas detenidas por delitos políticos, siempre y cuando exista el
compromiso por parte de las Farc de liberar de manera inmediata a todos los secuestrados que tengan
en su poder, ya sea civiles o miembros de las Fuerzas Armadas. "No es un canje. Es un acuerdo
humanitario que en ningún momento significa desjudicialización de los procesos de los guerrilleros",
declaró a SEMANA Roberto Camacho, uno de los miembros de dicha comisión.Para los
parlamentarios responsables del proyecto hablar de canje es hablar de intercambio de prisioneros de
guerra, que es un fenómeno propio de conflictos internacionales. Y ese no es el caso colombiano.
Para los congresistas lo que existe en el país es un grupo de personas detenidas por violación a la ley
penal. El canje lleva implícito el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante, lo que convertiría
inmediatamente el problema con las Farc en un conflicto armado internacional. Con ello quedaría en
entredicho la soberanía del Estado colombiano, contra el que las Farc se levantaron en armas, dijo
Camacho.
Una ley polemica
Lo que parece quedar claro es que el Congreso no está dispuesto a caminarle mansamente a la
propuesta de las Farc de aprobar una ley de canje tal y como la concibieron Marulanda y sus
muchachos. Uno de los parlamentarios que se ha mostrado más distante de las aspiraciones de las
Farc es el propio presidente del Senado, Miguel Pinedo Vidal, quien en una carta que le envió a
Marulanda le dijo que un tema de tantas implicaciones debía ser definido por el pueblo mediante una
consulta popular. Pinedo sostiene que "con mi voto no va a pasar una ley que no considere el grave
problema de los civiles secuestrados".
En ese mismo sentido se pronunció cerca del 95 por ciento de los senadores y representantes
consultados por SEMANA, quienes respondieron afirmativamente la pregunta sobre si estaban de
acuerdo con que la ley de canje se hiciera extensiva a la población civil. La mayoría de ellos afirmó que
dicha ley no sólo no debía ser permanente sino que debía excluir los llamados delitos de lesa
humanidad. El ex comandante del M-19 y representante a la Cámara Antonio Navarro afirmó que
dicha ley debe estar acompañada de "un compromiso verificable de la guerrilla de suspender
definitivamente el secuestro extorsivo, tal y como está considerado en el Código Penal, es decir por
razones económicas o por otras causas".
Otros parlamentarios, entre ellos el ex presidente de la Cámara Rodrigo Rivera, se declararon
partidarios de que la ley de canje debe ser consecuencia de un acuerdo de paz y no prerrequisito
para continuar con el proceso. "Una ley en otro sentido fomentaría la guerra sucia", afirmó Rivera. Para
Juan Fernando Cristo la nueva ley no puede ser excluyente y debe contar con el respaldo de las
mayorías populares.Como puede verse, el tema del canje todavía tiene mucha tela de donde cortar. El
gobierno deberá hacer un gran esfuerzo para lograr armonizar las distintas propuestas de todos los
sectores interesados en la nueva ley. Hasta el momento ni Pastrana, ni Víctor G., ni sus asesores han
mostrado buen tino en el manejo de situaciones delicadas. Habría que recordar el caso del Batallón
Cazadores y el de Comisión de Verificación Internacional, para sólo citar dos ejemplos. En ambos
casos unos asuntos meramente procedimentales terminaron por convertirse en asuntos de Estado,
y obviamente enredaron aún más el proceso. El riesgo que corre el gobierno es que la ley de canje
corra la misma suerte.