El glifosato toma vuelo

Apesar de los choques que ha tenido el Gobierno de Iván Duque con la justicia por el proceso de paz, esta semana consiguió voltear a la Corte Constitucional para recuperar una herramienta tan poderosa como criticada: las fumigaciones aéreas con glifosato.

En una sentencia de 2017, la corte había impuesto seis condiciones para reanudar la erradicación aérea. La más controvertida exigía estudios científicos concluyentes sobre la ausencia absoluta de daño. Si esa prueba resulta imposible, por ejemplo, en el consumo de carnes rojas, es impensable en el uso de un químico. Esa talanquera desapareció el jueves con el nuevo pronunciamiento de la corte.

El Ejecutivo activó su estrategia a comienzos de año al pedir la convocatoria a una audiencia pública para escuchar argumentos a favor y en contra del glifosato. Tras bambalinas del debate, quedó claro que dos magistrados se opusieron a hacerlo, pues temían que detrás hubiera presiones de Estados Unidos. No obstante, la corte terminó por citar la audiencia de manera unánime, y juntó en un mismo escenario a Juan Manuel Santos y a Iván Duque, entre otros, para hablar del tema.

Y el resultado concreto salió esta semana. El pleno de ocho magistrados interpretó el fallo de 2017, lo que en el fondo terminó por darle carta blanca al Gobierno para fumigar. Los magistrados ni siquiera le exigieron al Gobierno un corte de cuentas sobre los avances en los requisitos exigidos para levantar la prohibición. Simplemente reconocieron la imposibilidad de diseñar una política antinarcóticos de cero riesgos. Con esa premisa aclararon que la evidencia del daño es relativa, no absoluta.

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A esa misma conclusión podía haber llegado el Gobierno solo con leer juiciosamente la sentencia de 2017, ya que en el texto está esa consideración. Aunque eso es verdad, también lo es que en la parte resolutiva de la sentencia, donde están las órdenes concretas, no aparecía esa ventana que ahora abre la corte.

Pero la buena noticia para el Gobierno vino sola. En otro punto clave de la decisión de esta semana, la corte no especificó la vara para medir el daño que pueda causar el glifosato. Las nuevas reglas se limitan a exigirle al Gobierno ponderar el principio de precaución sobre la base de minimizar el riesgo y enfrentar el problema de las drogas ilegales. Al Gobierno le quedó todo listo, ya que además la corte le entregó el control al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), un órgano esencialmente del Ejecutivo en el que tienen voto cinco ministros, el fiscal, el procurador y el director de la Policía.

La omisión de establecer el rasero para medir el daño resulta paradójica. En efecto, la sentencia de 2017 encontró evidencia suficiente para demostrar que las aspersiones aéreas sí conllevaron un “riesgo significativo” para la población de Novita (Chocó). Y, como consecuencia, exigió una regulación de la que nada se conoce hoy. Ni siquiera la consulta previa que debía adelantarse en esta zona del Chocó tiene avances significativos.

Los magistrados dicen que no modularon la sentencia y que solo interpretaron el fallo de 2017. No obstante, ese tecnicismo no justifica que haya quedado en el aire el parámetro para evaluar una política que, hasta ahora, ha recibido cuestionamientos por tolerar un riesgo extremadamente alto para las comunidades.

En términos prácticos, Duque logró en el último mes pasar de dos votos en la Corte Constitucional a ocho. Y todo parece indicar que logró dar ese golpe solo, sin la ayuda del exfiscal Néstor Humberto Martínez ni la intervención del Gobierno gringo. Ambos actores tienen voces influyentes a favor de reanudar las aspersiones aéreas, y se ausentaron del debate hace por lo menos dos meses. El primero porque renunció y el segundo por la crisis que desató el retiro de las visas a dos magistrados. El jueves, hasta el togado más reticente al glifosato, Alberto Rojas, terminó por votar a favor de despejarle el camino al Gobierno.

La noticia llega semanas antes de que Estados Unidos decida si certifica o no a Colombia como aliado en la lucha antinarcóticos. La posibilidad de un recorte radical de la cooperación –temor inexistente desde la época de Ernesto Samper– puso en campaña al Gobierno por exponer sus esfuerzos. Hace unas semanas, la Casa Blanca publicó su medición de cultivos ilícitos en Colombia, que cerró en 208.000 hectáreas en 2018. La cifra refleja un favorable freno en el aumento de los cultivos ilícitos del país, los cuales, en todo caso, están en el pico más alto de su historia. El Gobierno fue el primero en aplaudir los resultados.

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Ahora, tras el espaldarazo de la corte, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, anunció que en los próximos días radicará una propuesta de protocolo ante el CNE para volver a utilizar la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos. En entrevista con Blu Radio, aclaró que no se trata de poner a una avioneta a asperjar por el país. “Esto tiene que tener la prudencia de un Gobierno serio, analizar límites, participación de la población; si hay queja, atenderla por afectación al medioambiente y la salud”, precisó.

Al propiciar la decisión del CNE, el Gobierno manda un mensaje que suena precipitado ante la orden que le dio la corte de diseñar una política integral para el problema de las drogas, en cumplimiento del punto cuarto del acuerdo de paz con las Farc. El pacto ordena priorizar la sustitución de cultivos ilícitos, garantizando acuerdos con las autoridades regionales y las comunidades, y dejando de última la aspersión aérea.

Todo parece indicar que el Gobierno comenzará por el final. De hecho, le cuestionan que acabó con la consejería que buscaba darle un impulso a los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Y aunque ya hay 100.000 familias inscritas en el programa de sustitución, la forma de implementarlo aún tiene vacíos complicados. “Las zonas seleccionadas para repartir incentivos a los beneficiarios están, por lo general, al borde de carretera, muy lejos de los núcleos cocaleros”, cuestionó en un reciente análisis el experto Daniel Rico.

De reanudarse las aspersiones, el Gobierno arrancaría con varias limitantes importantes. El 70 por ciento del área sembrada de coca en el país está en el suroccidente, zona que parece una especie de colcha de retazos para efectos de fumigar. Las áreas restringidas a la fumigación están al lado de lugares en los que esta se permite, lo que implica una barrera a la hora de pasar la avioneta. Naciones Unidas calcula que el 30 por ciento del área sembrada de coca en el país está en territorios protegidos, como comunidades indígenas, afros o parques naturales.

Así las cosas, el éxito de Duque con la justicia tiene límites. El Gobierno debe cumplir unos requisitos, y en caso de que no lo haga, los jueces siguen teniendo la sartén por el mango. Por la vía de tutela o por revisión de las decisiones administrativas, podrían echar para atrás los costosos esfuerzos del Gobierno por asperjar. Por lo pronto, al presidente le quedó un margen de por lo menos un año para moverse sin tener la presión de la justicia. Este es el tiempo aproximado que puede tardar una nueva orden.

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