¿Vuelven los niños a clases presenciales? Detalles de la ponencia que discute la Corte Constitucional

Manuel, Carlos y Luis son tres menores de edad que no han podido acceder a educación de calidad durante la pandemia de la covid-19. Las dificultades de conectividad y las limitaciones de acceso a dispositivos tecnológicos los han marginado. Sus casos llegaron a la Corte Constitucional, donde se está dando un fuerte debate sobre la educación virtual y el regreso a clases en presencialidad.

De fondo hay una problemática con cifras alarmantes; según el Ministerio de Educación, más de 100.000 estudiantes desertaron de clases en 2020.

La discusión en la Corte Constitucional se ha centrado en la conveniencia del regreso a clases presenciales y SEMANA tuvo acceso, en exclusiva, al cruce de argumentos y a la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien señala que se debe priorizar la presencialidad ante las evidentes limitaciones. Plantea, al menos, cuatro días de presencialidad y uno de virtualidad. Pero fuera del debate en la Corte también hay posiciones encontradas. El sindicato de maestros, Fecode, ha sido un crítico recalcitrante del regreso a la presencialidad.

Argumentan que no hay condiciones para evitar el contagio de covid en alumnos y profesores, esa bandera la han agitado en las calles. Desde la otra orilla, asociaciones de padres de familia les reclaman que cumplan con su labor pedagógica. Los menores han tenido un fuerte impacto ante la necesidad de relacionarse y es claro que en Colombia no hay condiciones para garantizar la educación virtual.

Han sido los padres quienes han tenido que suplir el acompañamiento de los docentes que hoy se niegan a regresar al aula de clases. El pulso en la Corte ha sido tan fuerte que la votación está en tablas: cuatro a favor y cuatro en contra, por lo que la última palabra la dictará el exmagistrado Humberto Sierra Porto, en función de conjuez. La nuez de la discusión tiene que ver con lo que se denomina “garantía de conectividad en la faceta de accesibilidad del derecho a la educación” y la pregunta que surge es si la entrega de una tableta garantiza la calidad de la enseñanza cuando en zonas apartadas del país la conectividad es mala o no existe la red.

A los estudiantes les envían guías de trabajo. ¿Quién les ayuda a leer? ¿Una persona que trabaja 14 o 16 horas al día, pasa cuatro horas en bus para regresar a casa, cómo le ayuda a su hijo? ¿Con qué conectividad cuenta si lo que devenga apenas alcanza para sobrevivir?

Pero surge otra duda: ¿conectividad significa aprendizaje óptimo? Esa es la discusión que tiene divididos a los magistrados. Lo que alegan los representantes de estos tres niños es la posible violación de derechos como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la educación. La sala, por su parte, determinó que existía una vulneración continuada de sus derechos porque las autoridades no habían logrado garantizar su acceso a la educación.

En medio del debate, el presidente de la Corte, el magistrado Antonio Lizarazo, contó que él le enseñó a manejar la tableta al hijo de la persona que les ayuda con las labores domésticas. El magistrado Ibáñez, ponente de la decisión, le respondió con una pregunta que plantea el fondo de la discusión: ¿cuántos niños en Colombia tienen el privilegio de que un magistrado les enseñe a usar su tableta para estudiar?.

La situación que viven Manuel, Carlos y Luis se extiende a miles de menores en el país que “por efecto de las medidas de aislamiento no han podido retornar a la educación presencial y, por esa vía, han visto vulnerado su derecho fundamental a la educación”, se lee en un aparte de la ponencia conocida por SEMANA.

Ahora el paso de los tableros a las tabletas ha dejado relegados a miles de menores del acceso a la educación. ¿Será la Corte la que finalmente permita que alumnos y profesores vuelvan a la relación presencial? Ese es el debate.