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Wilman Muñoz, condenado por corrupción en la Universidad Distrital, prendió el ventilador y salpicó a Alfonso Prada, Olga Lucía Velásquez, Antonio Sanguino y directivos
Se prende el ventilador en un caso de corrupción en la Universidad Distrital, en el que exministros y congresistas resultan salpicados. El enredo es tal que hasta se habla de una relación entre los acusados con milicias del ELN.
SEMANA desempolvó uno de los casos de corrupción más aberrantes que se han vivido en la historia reciente del país y revela nuevos detalles que involucran a pesos pesados de la política. Mientras miles de jóvenes reclaman su derecho a la educación, a finales de 2019 se conoció que de los recursos de la Universidad Distrital se perdieron más de 11.624 millones de pesos en gastos extravagantes a favor de Wilman Muñoz, entonces director del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Idexud) de la universidad.
Muñoz usó para su beneficio la tarjeta de crédito Visa Viajera de la institución y la cuenta corriente, desde la cual giró 369 cheques para gastos excéntricos, como la compra de 11 vehículos de alta gama, apartamentos, lotes, relojes, pagos de hoteles, restaurantes de lujo y diversión sexual. El profesor aceptó los cargos y fue condenado a 22 años de prisión; también tiene que pagar una multa por 12.209 millones de pesos. Además, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por un periodo de 270 meses.
SEMANA tuvo acceso a documentos que entregó Muñoz en su momento a las autoridades para demostrar que la oficina del Idexud no solo sirvió para satisfacer sus caprichos, sino para beneficiar presuntamente intereses políticos y económicos de grandes personalidades, entre ellos, el exministro del Interior Alfonso Prada, hoy embajador de Colombia en Francia; la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, el excongresista Antonio Sanguino y actuales directivos de la Universidad Distrital, entre otros. Por más de tres meses este medio revisó más de 40.000 archivos, algunos que entregó Muñoz a las autoridades en discos duros repartidos en 26 carpetas, como él mismo lo describió cuando pretendía firmar un principio de oportunidad. Además, folios en los que se comprometía a servir como testigo y entregar contratos, conversaciones de chats, números de cheques, fechas de retiros y nombres de supuestos intermediarios en las coimas.
Pero advirtió que necesitaba protección porque “las personas a las cuales estoy incriminando tienen vínculos con las milicias urbanas del ELN que se encuentran incrustadas o infiltradas en la Universidad Distrital”, dijo durante el interrogatorio del 22 de octubre de 2019. En una matriz que entregó con información puntual, señala que Alfonso Prada habría recibido más de 400 millones de pesos en coimas por el contrato interadministrativo número 1069 de 2015, el cual tuvo un valor cercano a los 9.000 millones de pesos.
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El objeto era contratar la interventoría administrativa con proyectos del Sena. Asegura que una mujer, a la que identifica como Islena Hernández, era la persona encargada de gestionar el proyecto ante el Sena y quien se comprometió a dar la comisión: “Islena me busca para ofrecerme el proyecto explicándome cómo se debe manejar y a quién se le deben dar las coimas; en esta conversación me indica que se le debe dar dinero al director del Sena Alfonso Prada.
Los dineros entregados se hicieron a través de contratos con los operadores logísticos suministrados por la doctora Islena y entregados al doctor Juan Pablo Arenas, director jurídico del Sena (…). La comisión dada fue de 450 millones de pesos y entregados en el segundo semestre de 2017″, se lee en el documento. Asegura que otros de los beneficiados con los contratos fueron personas muy cercanas a la administración de Gustavo Petro como alcalde, entre ellos, Juan Carlos Montes, el hombre del “petrovideo”.
Los contratos
En el relato, Muñoz dice que se firmaron aproximadamente 19 contratos con el IDRD de Bogotá y que, aunque estos fueron firmados por el director Aldo Cadena, el supervisor fue el ingeniero Montes. Explica que algunos incentivos se pagaron directamente y otros mediante contratos como porcentaje de las interventorías que eran llevadas a la universidad y que sumaron más de 6.000 millones de pesos.
“Por esos contratos se entregó el 10 % como coima al señor Juan Carlos Montes; es el mismo funcionario que aparece en el video entregando dinero al entonces candidato Gustavo Petro. Este funcionario llega a buscarme para ejecutar las interventorías; según él, se presenta como la mano derecha del alcalde”. También manifiesta que el nuevo rector de la Distrital, Giovanny Tarazona, firmó contratos con la Gobernación de Norte de Santander justo el último día de la ley de garantías: “Ese proyecto no pasó por el comité de extensión y el porcentaje de beneficio para la universidad fue menor al 12 %”.
Nombró más de una decena de funcionarios que habrían cometido presuntamente hechos irregulares. Prada vuelve a ser nombrado en el interrogatorio que rindió Muñoz ante la Fiscalía el 1 de octubre de 2019, en el que menciona que Ricardo García, rector de la Universidad Distrital para la época en la que se conoció el escándalo de corrupción, contó con el apoyo de la representante Olga Lucía Velásquez y el entonces secretario de la Presidencia de la República, Alfonso Prada. Al parecer, el interés político sería ubicar laboralmente “cuotas”, por lo que Velásquez habría pasado alrededor de 50 hojas de vida a cambio de su colaboración en la elección.
“Los votos del Gobierno nacional y distrital fueron conseguidos por la doctora Olga Lucía Velásquez, quien se reunió con Alfonso Prada en una cena y donde se definió que el voto del Ministerio de Educación y la presidencia eran a favor del candidato Ricardo García”, relata y adjunta chats que demostrarían su versión. El 5 de octubre de 2017, Muñoz recibe del celular de Velásquez a las 10:31 a. m. un mensaje que dice: “ Wilman, hola! Buenos días, cómo estás? Me acaban de enviar la información de Ricardo, para que lo llames y le digas que muy bien!!”, el mensaje está acompañado de un cuadro en el que se ve la puntuación que tienen García y otros candidatos en su evaluación de hojas de vida y otros ítems. Eso fue más de un mes antes de su elección.
Aunque en conversación con SEMANA, la congresista explica que no hay manera de que el rector fuera elegido por votos sino por meritocracia, según la norma que regía en ese momento, y que ella nunca tuvo contacto ni interés en Ricardo García porque no era algo que estuviera entre sus competencias. No se entiende por qué en las conversaciones que habría mantenido con Muñoz ella insistía en saber fecha de la elección para concretar una reunión con el candidato y con el Dr., quién sería Alfonso Prada, según el relato.
El 6 de noviembre ella habría escrito: “Es que estaba reunida con el Dr. y me preguntó cuándo está prevista la reunión del consejo”. Luego de saber que aún quedaban unos días agrega: “Bueno, entonces alcanzamos a realizar una cena con Ricardo y el Dr.”, a lo que le responde Muñoz: “Sí señora, sumercé me dice para cuándo y la convoco”.
El 23 de noviembre, día de la elección, aparece otro chat en el que ella se mostraría muy satisfecha con el resultado. “FELICITACIONES!! Lo logramos”, le escriben del celular de Olga Lucía al de Wilman Muñoz, y él responde: “Doctora, gracias a su apoyo y su confianza, logramos culminar, Dios la bendiga”. Ella le aclara que no fue una tarea fácil, que requirió la intervención de Presidencia de la República: “Tu amigo Carlos no quería que se hiciera hoy la designación, pero Presidencia llamó y le solicitó a la ministra que no aceptara la recusación”.
Según la versión que entregó Muñoz a las autoridades, en enero de 2018, Velásquez estaba molesta porque el rector electo no habría cumplido con el compromiso de contratar a más de 40 personas que ella necesitaba ubicar laboralmente en la universidad en medio de su campaña política al Congreso. Por eso fue necesaria la intervención del profesor Manuel Flórez, mano derecha del rector Ricardo García, y quien según Muñoz habría recibido también dineros de Idexud para favorecer la entonces campaña.
Entre los chats suministrados por el condenado hay algunos con Flórez, en los que él le pide hojas de vida de las que habría entregado la congresista y con ellas suplir vacantes. Como se lee en la conversación del 21 de enero de 2018: “Wilmancito, buenas noches. Necesito comunicarme urgente para que me dé unas hojas de vida de Olga Lucía? Mañana Urgente… Necesito una chica para asistente”. A lo que Wilman responde: “Sí, claro que sí, las tengo listas”, y Flórez agrega: “Una persona para sistemas”.
Este medio habló con el profesor Flórez, quien es actual miembro del Consejo Superior de la universidad, representante de los docentes, y aseguró que probablemente estaba preguntando era por la base de datos de postulantes varios, pero que en ningún momento participó de hechos irregulares; indica que es un académico, que incluso se preparó en el exterior y que trabaja por sacar adelante la educación superior en Colombia.
“Yo no escribía nada”
Por su parte, Olga Lucía Velásquez dijo a SEMANA que nunca habló con Muñoz ni mucho menos de la elección del rector. Cuando se le leyeron los chats, sólo atinó a decir que su celular era prácticamente público y que lo cogía cualquier persona en la oficina: “Yo no escribí nada, tocaría mirar quién escribió los mensajes”, enfatizó. Prada amenazó a este medio de comunicación con denunciar si se publicaba la información.
“No hay otra respuesta posible a tanta mentira o manipulación, salvo que cualquier insinuación, como las hechas en sus preguntas o por cualquier otra persona sin pruebas, constituyen injuria o calumnia y las pondré, de ser necesario, en conocimiento de la justicia penal, para lo cual dejaré de inmediato un poder judicial otorgado a mis abogados”, pues argumenta que son acusaciones temerarias y que no ha sido investigado o acusado por hechos similares a los mencionados.
Junto con Muñoz fue detenida Patricia Gamboa, su supuesta tesorera y quien presuntamente autorizaba los pagos de las cuentas que él manejaba a su antojo. Fue condenada en diciembre de 2022 a 17 años de cárcel y una multa de 5.000 millones de pesos, pero ella siempre ha manifestado ser inocente. “Me violaron mi debido proceso, falsificaron pruebas para inculparme y ahora tengo que pagar una multa millonaria”, dice Gamboa, quien apeló la decisión del juez y afirma que el Tribunal Superior de Bogotá está revisando su caso; incluso compulsó copias de nuevo material probatorio a la Fiscalía.
Por primera vez, decidió hablar públicamente en exclusiva para SEMANA, y dijo que ella nunca fue la tesorera. Al revisar la documentación, la mujer que pagó sus estudios nocturnos de Administración Ambiental mientras trabajaba como auxiliar administrativa en la Distrital, se evidencia que siempre ocupó el cargo más básico de la cadena asistencial desde 1996, cuando ingresó a laborar en la institución; nunca ascendió.
“Lo que hicieron conmigo fue absolutamente injusto, yo solo colocaba los vistos buenos de que los papeles estuvieran completos; era responsabilidad de contadores y tesoreros revisar para qué se gastaban el dinero o por qué salía de la cuenta”, afirmó Gamboa mientras aseguraba ser víctima de represalias, porque fue ella quien empezó a alertar que había algo raro en todos los procesos que adelantaba Muñoz y los recursos que manejaba.
Incluso hay constancia de que durante varios meses solicitó traslado de oficina y se lo negaron; cuando la reubicaron en la biblioteca de la universidad, el dinero de las cuentas en mención se seguía perdiendo sin ella tener acceso a la oficina del Idexud.
En el material que pide revisar hay facturas de supuestos viajes que ella habría hecho a Europa que parecieran modificadas, con errores de ortografía y alteraciones de edición. Además, apareció un listado de viajes que se pagaron con recursos de la universidad, entre los que están algunos hechos por el precandidato a la Gobernación del Cesar Antonio Sanguino, quien habría viajado con Carlos Quintana, su fórmula al Concejo de Bogotá.
Los viajes eran en fecha cercana a los de su esposa Diana Mesa, quien fue supervisora de algunos convenios de la Universidad Distrital con otras entidades públicas a nivel nacional. Lo que se cuestiona desde algunos sectores es por qué razón siendo concejal de Bogotá, la universidad le pagaba tiquetes a Valledupar. Sanguino aclaró a SEMANA que su esposa ha salido bien librada en cualquier investigación en la Contraloría y que lo de pasajes a su favor “es falso de toda falsedad, una afirmación calumniosa, temeraria y descabellada”.
El actual rector de la Universidad Distrital, quien también aparece mencionado en el ventilador que prendió Muñoz, asegura que, aunque se encuentra fuera del país por estos días, sí puede dejar claro que todo se trata de una campaña de desprestigio a la labor que viene desarrollando tras denunciar hechos irregulares al interior de la institución. Será la justicia colombiana la que, con toda la información en mano, defina quiénes son culpables y quiénes inocentes en medio de este escándalo que envuelve a una de las universidades públicas más prestigiosas del país.