POLÍTICA
Xenofobia: la obsesión de Claudia López con los venezolanos
La última salida en falso de la alcaldesa fue desautorizada por el Gobierno y criticada desde diferentes sectores.
Claudia López volvió a estigmatizar a la población venezolana. Ahora la alcaldesa anunció un comando con Migración Colombia y la Policía para perseguir a los venezolanos con el argumento de que algunos de ellos delinquen. Su decisión fue desautorizada de inmediato por el Gobierno y desató un escándalo con críticas desde diferentes sectores.
“Todos los venezolanos somos sospechosos. Calificar esto de xenofobia se queda corto”, dijo la profesora venezolana Nastassja Rojas, radicada en el país.
“Querida Claudia López, no puedo estar de acuerdo con esta medida, abiertamente xenófoba. Como colombianos, hemos sufrido más que nadie la discriminación en carne propia. Ojalá reconsideres y centres tus esfuerzos en combatir el crimen, independiente de la nacionalidad”, le dijo Sergio Fajardo, precandidato presidencial y uno de sus principales aliados.
Juan Fernando Cristo, de la Coalición de la Esperanza, también la criticó por “venezolanizar” el crecimiento de la inseguridad en Bogotá. Y la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, le dijo: ”¡No más xenofobia en Bogotá! ¡Ya no hay perdón que sea creíble!”.
Lo más leído
El problema es que no es la primera vez que López hace estas acusaciones xenófobas. A raíz del asesinato de Oswaldo Muñoz, el ciudadano que murió tras ser atacado con arma blanca por ladrones que le robaron un celular en 2020, la alcaldesa responsabilizó a los venezolanos. “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente”, dijo López.
Después, hubo otro relacionamiento de venezolanos con hechos criminales. En marzo de este año, cuando falleció el patrullero Edwin Caro a manos de unos delincuentes que le dispararon en la localidad de Chapinero, la mandataria no tuvo reparo en culpar directamente a los venezolanos que están en el país.
“Bogotá no se va a doblegar ante nadie, tampoco ante las estructuras criminales ni de colombianos ni de venezolanos que pretendan someter a nuestra ciudad a esta horrible situación”, dijo la mandataria.
Su mensaje estuvo lleno de críticas, tanto, que tuvo que salir a disculparse. “Quiero pedir excusas. Dos veces me he referido a los migrantes y dos veces he causado polémica y no es lo que he querido. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío. Todos, no importa de donde vengamos, estamos enfrentando un desafío”, dijo.
Esas palabras quedaron en el aire y cinco meses después volvió a estigmatizarlos. Esta vez con el anuncio del comando contra migrantes que hoy la tiene de nuevo en el ojo del huracán. Lo complejo de este tipo de acciones es que poco contribuyen a mejorar la inseguridad en la capital, pero sí estigmatizan fuertemente a la población venezolana en Bogotá, causando rechazo en la ciudadanía y graves problemáticas sociales.
“Persigan a los delincuentes sin importar su nacionalidad. Este discurso del gobierno de Claudia López no solo no resuelve el problema de seguridad, sino que promueve la xenofobia. Esto es, nuevamente, populismo irresponsable”, criticó el concejal Carlos Fernando Galán.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la medida. “La CIDH reitera que mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas de aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados”, comunicó el organismo internacional. La CIDH pidió a las autoridades del país adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias.
#Colombia 🇨🇴 @CIDH expresa preocupación sobre el anuncio de creación de un comando de operaciones conjunta para combatir delincuencia de "criminales de población migrante", realizado por la alcaldesa de Bogotá, tras finalizar reunión de Consejo de Seguridad. 1
— CIDH - IACHR (@CIDH) August 18, 2021
En marzo, cuando López hizo el polémico pronunciamiento por el fallecimiento del patrullero Caro, varias organizaciones internacionales también rechazaron esos señalamientos, con el mismo argumento de que luego de este tipo de mensajes, dados por un líder con esta responsabilidad, llegan represalias contra esa población.
Según el Barómetro de Xenofobia, una plataforma que mide las conversaciones digitales y de medios sobre este tipo de estigmatización, tras el discurso de la mandataria en ese momento, la xenofobia incrementó en un 576 % en todo el país. Las palabras “migración” y “crimen” estuvieron directamente relacionadas y crecieron exponencialmente. Los comentarios xenófobos estaban relacionados a palabras como “delincuencia”, “robar” y “matar”, acompañadas de insultos en redes a la población migrante.
Fueron tal las tensiones y el rechazo que generaron las declaraciones de Claudia López, que el congresista David Racero la demandó por los delitos de discriminación y hostigamiento ante la Fiscalía. El representante recordó que este tipo de declaraciones están prohibidas por diferentes instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De hecho, Rocío Castañeda, oficial de información de la Agencia para los Refugiados (Acnur) de la ONU en Colombia, rechazó las declaraciones sin referirse directamente a la mandataria local, pero haciendo una clara referencia a su discurso. Pidió no estigmatizar a la población migrante ni incentivar la xenofobia.
“Hablar sobre la gravedad de la xenofobia, es decir, que somos conscientes de que cualquier hecho de discriminación va sumando y todo eso se puede convertir finalmente en violencia”, aseguró Castañeda.
El anuncio del comando contra la población migrante podría traer consecuencias estigmatizantes y acciones de ciudadanos contra los venezolanos en la ciudad y el país. “Nos preocupa que esta medida institucionalice aún más estas prácticas que vulneran los derechos humanos”, dijo Lucía Ramírez, coordinadora de investigaciones sobre migración en Dejusticia.
“La criminalidad no tiene pasaporte. La política fraterna y solidaria de Colombia no incluye medidas de persecución o discriminación a población migrante. En la administración de Iván Duque seguiremos trabajando en integración socioeconómica”, puntualizó Lucas Gómez, gerente de fronteras de la Presidencia.
Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, desmintió a la mandataria horas después de su anuncio. Espinosa dijo que en “aquellos casos pequeños en los cuales se han dado situaciones de criminalidad absolutamente reprochables, la posición continúa siendo no deportación no expulsión”, aclaró el funcionario. Y agregó que cuando se presenten actos criminales el proceso deberá ser judicializar.
El comando tampoco resolvería el problema de la delincuencia en la ciudad. Si bien se han presentado casos de hurtos u homicidios en los que están involucrados ciudadanos venezolanos, esta población representa un porcentaje ínfimo de la inseguridad en la capital. “Si se van todos los venezolanos que están en el país, el crimen no va a desaparecer”, advirtió César Restrepo, experto en temas de seguridad de ProBogotá.
Según cifras de la misma Secretaría Distrital de Seguridad, los migrantes venezolanos cometen el 2 % de los hurtos que se registran en la capital. En la rueda de prensa, el general Jorge Eliécer Camacho aseguró que con corte a este miércoles hay 2.550 extranjeros capturados en lo que va corrido de 2021 por diferentes delitos de los casi 400.000 venezolanos que hay en Bogotá. De los capturados, 165 han tenido medida de aseguramiento. En 2018 fueron capturados 2.457 venezolanos inmigrantes; en 2019, 4.830, y en 2020, 3.903.
El comando contra migrantes no cayó bien en la opinión pública. Mientras que la mandataria quedó envuelta en la polémica, porque de nuevo culpó a los migrantes venezolanos de estar detrás de los crímenes en la ciudad, las cifras de hurto y homicidio en la capital se han incrementado, así como la sensación de inseguridad, sin que exista una política clara para proteger a los ciudadanos.