“¿Y yo voy a poner la cara por EPM?”: los polémicos manuscritos de Fajardo que lo enredaron en la Contraloría por Hidroituango

Unos apuntes a mano, hechos sobre alertas de sus funcionarios con respecto a lo que estaba pasando en Hidroituango, le complicaron la vida a Sergio Fajardo. La Contraloría los tiene en su expediente como una pieza clave que prueba que el entonces gobernador de Antioquia tuvo responsabilidad o actuó con negligencia en el desastre que sucedió con el proyecto individual de infraestructura más grande del país.

Como se sabe, Fajardo fue imputado por el organismo de control el pasado mes de diciembre y sancionado en un fallo de responsabilidad fiscal en septiembre. La decisión adversa no solo lo afectó a él. También a 26 funcionarios y contratistas relacionados con esa debacle. Ahora la Contraloría dio a conocer este viernes que mantuvo el fallo en firme, en la segunda instancia.

Según el fallo de la Contraloría, Fajardo, en calidad de gobernador, era el titular del control jerárquico y del control de tutela de este megaproyecto, pues participaba directamente en la acción de toda la actividad departamental. Además, tenía una doble condición dado que también era miembro principal de la junta directiva de Hidroituango. Aunque vale la pena aclarar que esa misión la delegó en el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Iván Mauricio Pérez Salazar. Para esto, el entonces gobernador firmó un decreto el 27 de marzo de 2012, por medio del cual hizo esa delegación de su representación.

La Contraloría buscó determinar si el entonces gobernador había mantenido las funciones de supervisión, control y dirección que le correspondían. Esto teniendo en cuenta que tanto el gerente del IDEA como secretarios de su despacho tenían asiento en la junta directiva de Hidroituango. Fajardo ha sostenido que él sí cumplió con este rol.

“Para realizar el control y el seguimiento a la función delegada, sosteníamos reuniones periódicas, con el fin de discutir y analizar el cronograma de trabajo y los costos financieros. En estas reuniones no revisamos decisiones técnicas de construcción porque correspondían exclusivamente a EPM”, aclaró en un comunicado cuando se hizo público el primer fallo. El organismo de control, sin embargo, tiene en esos documentos los elementos que para ellos apuntan a lo contrario. El que más llamó la atención de los investigadores es precisamente uno de esos informes para las reuniones en la gobernación. Se trata de “un material probatorio aportado por la defensa” en el que se consigna el informe al gobernador del 7 de junio de 2013. Allí se menciona el estatus de varios proyectos, entre ellos el de Hidroituango.

El documento tiene dos casillas. Una en la que le presentan la información y otra en la que Fajardo con su puño y letra hace sus anotaciones y sugerencias. En la primera casilla, aunque el mensaje es corto, es demoledor, pues da cuenta de que para la fecha ya se sabía y era de conocimiento del gobernador que las cosas andaban muy mal.

“Hoy tuvimos una junta. El proyecto en su ejecución está atrasado. El contratista de túneles de desviación es un desastre, pero EPM considera que es más grave y oneroso declararle incumplimientos”, comienza el escrito. En los apuntes también le advierten que “están buscando alternativas técnicas que agilicen la ejecución de las obras retrasadas”. Ante la gravedad de este mensaje, Fajardo apenas escribe en el informe, con su característica letra, tres signos de admiración: “!!!”.

En el mismo informe hay otro punto importante. Al gobernador le advierten que “hay un problema con la licencia y con la ANLA”. Y le piden un favor bastante particular. “Es importante que nos ayude invitando a la directora de la ANLA a que visite el proyecto. Estamos ad portas de una sanción ambiental por unas actuaciones que hizo EPM sin que estuvieran en la licencia y luego las informaron. EPM dice que ellos lo podían hacer porque generaba menor impacto ambiental, pero la ANLA está molesta. Creo que con razón porque EPM se los saltó”.

Ante este comentario, el gobernador escribe un apunte impactante: “¿Y yo voy a poner la cara por EPM?”. Este hecho genera inquietudes entre los investigadores porque consideran que, ante semejante desastre que le comunican a Fajardo y frente a la grave conducta de EPM de realizar obras sin licencia ambiental, el entonces gobernador se limita simplemente a preguntar si él debe poner la cara por EPM. Él, como miembro principal de la junta directiva, ¿no debió acaso apersonarse del asunto o por lo menos haber dado instrucciones para que se le hiciera un llamado de atención a EPM, no incurriera en irregularidades y tomara decisiones efectivas que no pusieran en riesgo el megaproyecto?

Un nuevo informe, fechado el 12 de julio de 2013, apenas un mes después de estas advertencias, muestra cómo el tema no cesó allí. “Tuvimos junta hace una semana. El proyecto avanza bien y a buen ritmo, pero aún está retrasado con respecto al cronograma. Se plantearon por parte de EPM alternativas técnicas para minimizar el riesgo de más retrasos”, señala.

Luego le advierten al gobernador otro tema clave. “Ruta crítica: la desviación del río en el primer semestre de 2014 y hoy estamos muy ajustados para cumplir este hito”, señala. Además lanza una alarma sobre el problema que puede abrirse. “Si no se desvía el río en esa fecha, no existe posibilidad de entrar en operación 2019, con las consabidas multas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)”. En este mismo informe le piden al gobernador que firme un documento “sin ninguna responsabilidad contractual”, sino únicamente como “testigo de excepción” para darles formalidad a los compromisos.

El gobernador Fajardo contesta a esto con dos preguntas. La primera es ¿cuándo se sabe con certeza? y la segunda, ¿paga EPM? Esta última sobre la posibilidad de multas de la CREG.

Quienes han adelantado las investigaciones por este caso se sorprendieron porque el entonces gobernador pareciera haberse preocupado solamente por quién contractualmente debía pagar las sanciones. Sin embargo, no se le veía mayor angustia por el hecho de que los problemas del megaproyecto energético pusieran en riesgo la estabilidad en el suministro de energía del país.

Este informe tiene una implicación, a juicio de los investigadores de la Contraloría, en decisiones que se tomarían después respecto a un punto estructural y muy polémico del proyecto: la construcción del tercer túnel. Sobre esto, la Contraloría tiene algunos testimonios que considera relevantes. Uno de ellos es el de Gabriel Jaime Lacouture, quien laboró en Integral, uno de los contratistas de Hidroituango, desde 1989, y quien estuvo en el proyecto Ituango desde 1999. Aunque empezó como ingeniero de diseño, al final se desempeñó como el líder de hidrología del proyecto.

“El tercer túnel, digamos, es un túnel convencional como cualquier otro; digamos, entre comillas, construir ese túnel y ponerlo a funcionar es algo convencional”, aseguró en su interrogatorio en el organismo de control. El hecho de que una obra rutinaria terminara por volverse una situación desastrosa para el proyecto es otro de los ejes de la investigación (ver video).

Otro testimonio relevante es el de Tito Tulio Martínez, un ingeniero especialista de la empresa Ingetec S. A., que operaba como interventor y quien también habló de los túneles. “Nosotros no teníamos expertos en la obra de nada que tuviera que ver con clasificación de terrenos y nuestra labor era de supervisión, supervisión de construcción, supervisión de procedimientos constructivos, supervisión de asuntos de control topográfico, supervisión de asuntos ambientales, supervisión de calidad de los materiales, de resistencia de los concretos, lechadas, morteros, todo este tema era responsabilidad nuestra. Nosotros en la obra participamos en calidad de interventores, no de diseñadores”, dijo (ver video).

Sobre el túnel, aseguró lo siguiente: “Nosotros teníamos las personas especialistas en esos casos, las teníamos en este momento todas centradas allá en el tema del trabajo del estribo izquierdo de la presa, por ejemplo. Ahí fue un trabajo como de año y medio que se nos fue mirando ese tema de lo que estaba pasando en la parte izquierda. Luego nosotros con cuatro personas, que normalmente eran un geólogo o un geotecnista y unos especialistas en inyecciones. Esas personas no daban para estar en todos los frentes, entonces nosotros atendíamos unos frentes específicos que normalmente le avisábamos a EPM: vamos a participar en tales asuntos y tal sitio específico y ahí estaba nuestro personal en eso, pero nosotros no cubríamos la obra en general”.

Para los investigadores, este testimonio podría evidenciar que se carecía del personal especializado en geotecnia necesario en el momento en que ocurrió el colapso de la obra. Otro tema que es objeto de estudio es la estructura administrativa del proyecto. Para esto le preguntaron a Mauricio Valencia, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia en 2012, por una reunión en la que se habrían dado definiciones sobre este asunto.

“Realmente, señora contralora, sobre el tema puntual de estructura administrativa, no recuerdo específicamente con precisión esa reunión de la cual hace usted mención”, señala el exfuncionario. La pregunta nace de otro de los informes al gobernador que estudia la Contraloría, uno fechado el 27 de abril de 2012. En este se menciona que se debe hacer una reunión para dejar clara esa estructura.

En el texto del mencionado informe, al gobernador le advierte: “El miércoles hubo junta. Es urgente tomar una decisión con usted y los que hicieron parte de la junta (Mauricio Pérez, Mauricio Valencia y yo) y con Federico Restrepo sobre la estructura administrativa ideal de esta empresa ante su nuevo rol, así como la nueva escala salarial, ya que la que existe hoy es demasiado alta y no se compagina con otras empresas de la gobernación, ni con la escala salarial de la misma gobernación. También es importante contar con un gerente en propiedad”. Según el testimonio de Valencia, esa cita nunca se concretó (ver video en digital).

El tema de la administración es muy relevante en las pesquisas para determinar la responsabilidad de Fajardo. Un último testimonio que consideran relevante los investigadores (ver video en digital) es el de Jairo Hernán Ramírez, subdirector administrativo y financiero de Hidroituango.

“Aquí surge un problema grande es porque no hay una información concreta y entonces empiezan aparecer de pronto algunos intereses, no sé de quién, pero la información que se empezó a dar a la junta directiva cuando hubo cambio de administración en el año 2011 a 2012, era que Hidroituango era una sociedad muy costosa y creo que en una junta alcanzaron a hablar que costaba 10.000 millones de pesos mensuales; perdón, anuales, cuando esto era completamente falso”, sostiene Ramírez.

Agrega que “los salarios y el personal de Hidroituango en la parte administrativa salarial con prestaciones no costaba toda esa plata, lo que sí costaba 10.000 millones de pesos mensuales tal vez; perdón, anuales, eran los costos de gerenciamiento de EPM que esos sí eran muy altos, solamente los de gerenciamiento porque después todos los costos eran cargados al costo del proyecto, y eso sí costaba más o menos 10.000 millones por 45 o 60 días, pero era el costo de EPM, no de la sociedad Hidroituango. Entonces hubo una confusión con eso, razón por la cual al gobernador le informaban que Hidroituango era muy costosa, que había que tomar una decisión”.

Este relato dejaría ver que existían dudas con los costos reales del proyecto y que no se habrían hecho mayores averiguaciones al respecto. En el caso de Luis Alfredo Ramos, quien fue gobernador de Antioquia entre 2008 y 2011, la Contraloría considera que debía haber hecho un control y un seguimiento a las actuaciones del gerente del IDEA, pues fungía como agente suyo, le correspondía estar al tanto de los pormenores del proyecto y dar las instrucciones a que hubiera lugar. Igualmente, se le cuestiona que en la junta directiva de Hidroituango también tenía asiento la secretaria de Planeación del departamento, quien igualmente estaba bajo las órdenes de Ramos.

Hasta hoy, la Contraloría cree que el funcionario no dio instrucciones efectivas que permitieran tomar las decisiones más adecuadas para el proyecto. A lo largo de la extensa investigación de la Contraloría, conocida por SEMANA, también hay señalamientos importantes para el entonces gerente de EPM-Ituango Luis Javier Vélez Duque, a quien se le responsabiliza de haber suscrito el contrato Boomt, incluso con las salvedades hechas por EPM. Ese contrato comprendía la construcción, operación, mantenimiento y posterior devolución después de 50 años de la hidroeléctrica a Hidroituango. Entre los mencionados por este mismo contrato también está el exgerente de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortúa.

Si la condena contra Fajardo se mantiene, como acaba de ocurrir este viernes, le acarrearía una inhabilidad para posesionarse en el caso de ser elegido presidente. Gustavo Petro ya recorrió este entuerto judicial. Cuando era candidato a la Presidencia, tenía en su contra un fallo de la Contraloría por 200.000 millones de pesos. El asunto con Fajardo podría llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde, al igual que Petro, pediría medidas cautelares para proteger sus derechos políticos.