Emilio Archila explica cómo se manejaron los recursos de la paz

Las denuncias apuntan a la Dirección Nacional de Planeación, la Contraloría y un grupo de funcionarios públicos que incluye hasta congresistas, todos enredados en presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a proyectos en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El entonces consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, respondió a las denuncias.

El exfuncionario aseguró que fue él quien denunció los hechos irregulares y una forma de “peajes” a los alcaldes que buscaban la aprobación de los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías, a través del programa Ocad-Paz y en el que justamente se centraron los hechos de corrupción, según las denuncias que llegaron al despacho de Archila.

El exconsejero presidencial aseguró que las denuncias que llegaron a su conocimiento fueron remitidas a las autoridades, como Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, todo con el ánimo de iniciar las investigaciones correspondientes y establecer responsabilidades en lo que llamó “peajes” a los alcaldes que buscaban la aprobación de sus proyectos con recursos de la paz.

“En desarrollo de esos criterios, desde por lo menos el primer trimestre de 2021, denuncié reiteradamente, para que se iniciaran las investigaciones que corresponden, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”, dijo Archila.

Varios cuestionamientos llegaron al exfuncionario que este lunes decidió salirle al paso a través de un comunicado donde aclara puntualmente cuáles fueron los hechos de corrupción que conoció, advirtió y denunció. Insistió que a los alcaldes les cobraban por obtener un visto bueno de los responsables de aprobar los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías.

“Según esas comunicaciones, a algunos alcaldes se les cobraba una especie de `peaje`, pues se les exigía dinero a cambio de que sus proyectos, ya presentados a la Secretaría Técnica-DNP, obtuvieran los vistos buenos que se exigen y fueran puestos a consideración de la instancia decisoria”, advirtió el exconsejero presidencial.

Archila advirtió que los “peajes” no solo garantizaban la aprobación de los proyectos, sino que aclaró el problema para los alcaldes que se negaban a pagar las extorsiones: básicamente se quedaban en el último lugar de prioridades y sus proyectos a la espera, de funcionarios que no tenían ningún interés siquiera de revisarlos.

“Si no pagaban, no llegaban a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión, en la que yo, junto con un representante de los alcaldes y uno de los gobernadores, ejercía funciones colegiadamente”, dijo el exfuncionario mientras insiste que fue gracias a sus advertencias que el país ahora conoce y se “interesa” con lo que está ocurriendo.

Advirtió el exconsejero presidencial que sus funciones eran parte de una instancia posterior al escenario donde los alcaldes eran víctimas de las extorsiones o peajes y que los proyectos que llegaron a su conocimiento fueron votados favorablemente, todos los que cumplían con las condiciones para dicha aprobación.

“Aun cuando gracias precisamente a mis denuncias, desde ese entonces las autoridades mencionadas deben ocuparse del tema, me complace que ahora el país haya puesto su atención en este asunto, para el cual, renovadamente, ofrezco toda la información que estuvo y está a mi alcance y que pueda servir para que haya verdad y justicia”, explicó Archila mientras anticipa que está dispuesto a colaborar con las autoridades.