“Yo soy la que está advirtiendo, no la que busca hundir los procesos disciplinarios”: Margarita Cabello

“Cuando llegué a la Procuraduría el 16 de enero de 2021, quise hacer un análisis de la situación y del cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y cuando empiezo a mirar los casos me doy cuenta que había un código general del proceso que había sido postergado en la administración anterior y cuya vigencia tenía que entrar el 1.° de junio de este año”.

Así comienza la explicación de la procuradora general de la Nación Margarita Cabello, quien señala al código como “la piedra en el zapato” para la entidad que lidera, pues uno de sus artículos garantizaría la impunidad en miles de casos de corrupción y faltas disciplinarias graves.

“Dentro de ese código disciplinario hay una norma que elimina la caducidad y, al eliminar esta figura, solo queda pendiente la prescripción. Si lo dejábamos así, muchísimos procesos quedarían archivados obligatoriamente por prescripción”, señaló la funcionaria.

En otras palabras, la caducidad es una figura disciplinaria que otorga cinco años al ente de control (desde el momento en que se producen los hechos materia de la denuncia) hasta que se abre la investigación formal. Luego de ese tiempo opera la prescripción, que brinda otros cinco años desde la apertura de la investigación hasta que el ente profiera un fallo.

Por tanto, según la explicación de Cabello, al quedar eliminada la caducidad con el nuevo Código de Proceso Disciplinario, los cinco años transcurridos desde la ocurrencia de la conducta denunciada harían que más de 10.000 procesos ya hubiesen vencido en la actualidad y quedaran automáticamente prescritos.

“Para evitar que ocurra eso, tuve la necesidad de modificar esa norma e introducir temporalmente la figura de la caducidad. Esa es una de las modificaciones incluidas en el proyecto de reforma al Código Disciplinario que le presenté al Congreso de la República y que necesitamos que sea aprobado con urgencia”.

La procuradora advirtió: “Si el 1.° de julio de 2021 dejamos que entre en vigencia el Código General que ya está aprobado, prescribirían 10.000 negocios (procesos)”.

Uno de los procesos más conocidos y que estaría en riesgo de caer en impunidad es el generado por el escándalo de corrupción en Reficar: “A mediados de julio de 2019 se cerró investigación en este proceso, o sea el cierre de la etapa investigativa, y el paso siguiente es abrir proceso disciplinario o archivarlo. No había pruebas suficientes para elevar pliego de cargos y estaba a punto de prescribir. Entonces consideré que era más justo archivarlo, pues con esa figura es posible poder reabrirlo más adelante”.

A pesar de las intenciones de Cabello y de los dos debates que ya ha surtido este proyecto de ley, los tiempos dentro del Congreso parecen no favorecerle. Viendo que la actual legislatura comenzó en marzo (cuando radicaron la iniciativa) quedaría apenas una semana para que senadores y representantes a la Cámara salgan a receso. Por eso acudió a la ayuda de Iván Duque.

“Le solicitamos al presidente, en virtud de esta urgencia, que nos autorizara o ayudara con la solicitud de mensaje de urgencia; además, por la necesidad de cumplimiento a lo dispuesto por la CIDH, pues en agosto de este año nos piden el informe”, explicó.

La alta funcionaria se encuentra en el ojo del huracán político desde la presentación de este proyecto al Legislativo, pues los opositores al articulado, entre ellos el senador Gustavo Petro, aseguran que es una “jugada” de Cabello para garantizar la impunidad en miles de procesos que reposan en el ente de control.

“Es todo lo contrario, el proyecto lo que pretende es evitar la prescripción de procesos. Buscamos evitar que esa catástrofe ocurra”.

Otros señalamientos están relacionados con la búsqueda de más burocracia para la Procuraduría, traducida en un aumento de casi el 50 % de la planta de personal que actualmente posee la entidad. Cabello lo niega tajantemente.

“Dicen que yo lo que quiero es reclamar superpoderes y eso es falso. Yo solo me baso en lo dispuesto por la CIDH y no creo dichos cargos. Que sea Función Pública (DAFP) la que decida, y que esos cargos se creen cuando exista el presupuesto”.

Margarita Cabello también cuestionó la imposibilidad que tiene actualmente para sancionar a funcionarios de elección popular que hayan incurrido en casos de corrupción o faltas graves.

“Actualmente en la Procuraduría reposan los casos de 12 mil funcionarios públicos de elección popular (concejales, asambleístas, alcaldes, gobernadores, etc.) que han visto suspendidos sus procesos, pues la sentencia de la CIDH dijo (en el caso de destitución de Petro como alcalde de Bogotá) que la Procuraduría no podía proferir decisiones administrativas de carácter jurisdiccional material en el sentido de suspensiones, destituciones o inhabilidades frente a funcionarios de elección popular. Esto continuará hasta que a través de un proyecto de ley se adecúe el ordenamiento jurídico”.

Aclaro que dichas destituciones solo se pueden tramitar actualmente a través del sistema penal acusatorio, lo que en su concepto garantiza la impunidad.

“Los funcionarios de elección popular solo podrían ser destituidos por sentencia de carácter penal. Un proceso como ese no podría tomar menos de 5 años o más, con nuestro sistema vigente. Ellos pretenden que solo sea posible destituirlos o inhabilitarlos por delitos y no por infracciones disciplinarias para dejarlos tranquilos: para que hagan lo que se les dé la gana, y no van a tener una decisión disciplinaria, que es mucho más rápida, a pesar de todo”, puntualizó.