‘Zar de la chatarra’ quiere entregar bienes por $300.000 millones

James Francisco Arias Vásquez, más conocido como el ‘zar de la chatarra’, está en problemas. Él fue capturado el pasado 27 de diciembre por entregar documentos que les servían a empresarios con organizaciones de fachada para simular operaciones comerciales y luego reclamar a la DIAN el valor del IVA.

Así, según el expediente de la Fiscalía conocido por Semana.com, Arias Vásquez hacía parte de una red de lavado de activos en la que había un acuerdo que “consistía en adquirir material de contrabando procedente de Venezuela, a través de la frontera con Norte de Santander”.

“Luego se legalizaban inventarios como si se tratara de compras nacionales (con ayuda de asesores contables y tributarios) y con estos soportes documentales y la expedición de certificados al proveedor de C. I. Mundo Metal y C. I. Metal Comercio -empresas pertenecientes al zar-, solicitaban de manera fraudulenta la devolución ante la DIAN y la mercancía como tal seguía su rumbo a mercados internacionales”, expone el escrito.

Por estas razones, Arias fue requerido por las autoridades. Sin embargo, tras varios llamados, el ente acusador tuvo que imputarle cargos en calidad de persona ausente porque nunca se presentó a las audiencias. Luego, ante un juez, le endilgaron los cargos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, después de su captura, Arias aceptó los delitos que le imputó la Fiscalía. Y ahora, por un principio de oportunidad al que llegó con la entidad -y que ya está siendo procesado por el juez de la causa- el zar entregará parte de la fortuna que ha obtenido a partir de sus actividades económicas ilegales a cambio de ciertos beneficios que le otorgaría la justicia.

Así las cosas, la Fiscalía Tercera Especializada resolvió presentar ante un juez un requerimiento de sentencia anticipada, con lo que evita un juicio gracias a la aceptación de cargos, para realizar la aplicación de extinción del derecho de dominio.

Los bienes

De esta manera, según el expediente conocido por Semana.com, el zar renunciará, aproximadamente, a un patrimonio de alrededor de 308.000 millones de pesos que están divididos de la siguiente forma:

Una parte de ellos contempla 272 lotes ubicados en la vereda Chuntame, en Cajicá (Cundinamarca). De estos, 268 hacen parte de una finca llamada Villa Liliana y están avaluados en cerca de 250.000 millones de pesos. Los cuatro restantes son de la finca La Estancia y tienen un valor de 40.000 millones de pesos, según le aseguró Arias a la Fiscalía.

También hará entrega tres oficinas ubicadas y dos parqueaderos ubicados en el centro comercial Hayuelos (en Bogotá) y tienen un valor aproximado de 1.000 millones de pesos.

Así mismo, renunciará a un predio en Tenjo (Cundinamarca) que, según el documento conocido por este portal, tiene “20 pesebreras, dos casas de mayordomo y una casa principal”, este valdría 40.000 millones de pesos. Además dará los 2.000 millones de pesos que tiene en una cuenta del banco BBVA que está a nombre de C. I. Metal Comercio.

De ser avalado el acuerdo entre la Fiscalía y el zar, este pagaría 10 años de cárcel por el detrimento del erario público y, además, podría conservar el 1 % de los 308.000 millones de pesos en que están avaluados los bienes objeto de extinción de dominio. Es decir que este recibiría alrededor de 3.000 millones de pesos para la manutención de su familia.

En una declaración, James Arias le aseguró al ente investigador que su ofrecimiento era para reparar a la DIAN como víctima de sus acciones: “Solucionar lo más rápidamente posible mi situación está directamente relacionado con que todas las partes, Fiscalía y DIAN, queden conformes con mi colaboración, con mi disponibilidad, con mi ayuda y mi reparación”, manifestó el zar.

El ‘zar’ y una sociedad en Panamá

Dentro de las investigaciones, la Fiscalía realizó un hallazgo. Una sociedad, llamada Otemir Investments Corp, posee siete millones de acciones (el 100 %) de Grupo Aliados S.A.S. Ante esto, el ‘zar’ le dijo a la Fiscalía que se trata de una empresa “registrada en Panamá y el control de ella está liderado por mí y por mi núcleo familiar (…) El objeto social de esta es muy amplio, pero el objeto principal es ser la matriz del grupo económico y, en consecuencia, administrar los bienes de mi grupo familiar (…) buscando un beneficio tributario en la ciudad de Panamá. Es obvio que el control de lo que puede venderse, comprarse, cambiarse, etc, de lo que figure como duela Otemir Investments Corp, tengo el control de decisión de hacerlo en el 100%”.