Agencia Nacional de Infraestructura suspende de manera indefinida la APP del Canal de Dique

El futuro del megaproyecto de la APP del Canal del Dique, que en más de una ocasión ha estado en vilo en medio de su proceso de adjudicación, se encuentra ahora en manos de la Corte Constitucional, tras el último anuncio hecho por la Agencia de Infraestructura sobre su suspensión.

Pese a que este proyecto, dentro de las etapas previas, tuvo aprobaciones de entidades del orden nacional como: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación-DNP, las cuales garantizaron los recursos para la ejecución total de las obras; y además, en su proceso de estructuración, contó con la asesoría y el acompañamiento del Banco Mundial, la agencia gubernamental anunció la medida este martes 27 de septiembre.

“Mientras la Corte Constitucional no decida la competencia del juez de tutela encargado de resolver la acción de tutela en la que se decretaron medidas cautelares al proyecto, la etapa de adjudicación prevista para el próximo 30 de septiembre se suspende de manera indefinida”, dijo la ANI en un comunicado.

El caso llegó al Alto Tribunal, luego de que el Juez Sexto Administrativo de Cartagena remitiera el proceso por el conflicto negativo de competencia surgido entre este y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, que con anterioridad había conocido de un proceso similar relacionado con la APP.

La tutela fue presentada inicialmente por el Consejo Comunitario del corregimiento de Hato Viejo, Bolívar, y admitida por el Juez Sexto Administrativo de Cartagena.

“Con esta acción, la comunidad exigía el derecho a que se llevara a cabo el proceso de consulta previa, razón por la cual el despacho decretó medida cautelar consistente en la suspensión provisional del proceso de licitación y adjudicación de esta Alianza Público Privada-APP”, dice el escrito.

Tras esta decisión, la ANI y Cormagdalena solicitaron remitir el expediente al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, teniendo en cuenta que en ese despacho se habían tramitado múltiples tutelas bajo el concepto de “tutelas masivas” que debe conocer un mismo juez constitucional. El Juzgado de Sincelejo, sin embargo, consideró que no existía identidad de esta nueva tutela con las anteriores que había conocido por lo que propuso conflicto negativo de competencia.

Ante la controversia judicial, el caso fue remitido a la Corte Constitucional para que tome una decisión sobre cuál juzgado debe decidir sobre la tutela presentada por la comunidad de Hato Viejo.

“Mientras se surte este trámite jurídico, la Entidad seguirá avanzando en las mesas de diálogo y concertación con poblaciones de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, donde tiene influencia este proyecto. En estos espacios se seguirán dando a conocer detalles de la APP, pero también se recibirán inquietudes y propuestas que las comunidades tengan sobre este megaproyecto”, indicó la ANI.

El 6 y el 7 de septiembre, la ANI efectuó tres mesas de diálogo: Suán (Atlántico), Cartagena (Bolívar) y San Onofre (Sucre), a las que asistieron más de 300 personas y continuará con una agenda de diálogos.

Sumado a estas jornadas de diálogo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) indicó que seguirá atendiendo las diferentes inquietudes planteadas por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionadas con detalles del proyecto, así como otras entidades y personas interesadas en el proceso.

“Así mismo, la Entidad sostendrá diferentes reuniones con actores relevantes del proyecto, entre ellos la Sociedad Colombiana de Ingenieros y expertos académicos, para resolver inquietudes sobre esta APP”.