Alcalde Char y gobernador Verano rechazan el retiro del cobro de la tasa de seguridad y alumbrado público del recibo de Air-e

El tema de la energía en el Caribe colombiano sigue siendo tema de conversación porque los ciudadanos continúan pagando altos costos en el servicio de energía. En el caso del Atlántico, Magdalena y La Guajira, el Gobierno Petro intervino la empresa comercializadora Air-e y en los últimos días anunciaron que la tarifa de seguridad y el alumbrado público ya no estarán más dentro del recibo de energía, lo que desató una nueva polémica.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, por medio de un comunicado que emitió su administración, aseguró que es necesario que analicen bien esta medida que afecta a la capital del Atlántico.

“Con respecto a las recientes declaraciones del agente interventor de la empresa comercializadora del servicio de energía eléctrica Air-e, sobre la suspensión del recaudo del impuesto de alumbrado Público y la tasa de seguridad a través de la factura del servicio de energía, gestión que viene realizando esta empresa en su calidad de agente recaudador; la Administración distrital informa que sobre el particular está atenta a las decisiones definitivas que oficialmente se adopten. Para ello, consideramos fundamental realizar rigurosamente los análisis técnicos y jurídicos y las implicaciones en el contexto de la obligación de tipo tributario, conforme a lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y en el Estatuto Tributario Distrital”, precisaron.

De igual manera, en el comunicado aseguraron que es necesario que desde el Gobierno Nacional tengan en cuenta ciertos aspectos con el fin de poder proceder con el retiro de estas dos tarifas que cobran en el recibo de energía y son los siguientes:

1. A los inmuebles residenciales de los estratos 1 y 2 del Distrito de Barranquilla no se les cobra el impuesto de alumbrado público, medida adoptada precisamente para aliviar el bolsillo de las familias de estos estratos.

2. Barranquilla está liderando en la actualidad la política de transición energética, razón por la cual el Acuerdo 002 de 2024 establece que no se genera pago de impuesto de alumbrado público a la autogeneración y cogeneración de energías limpias de menor escala, tales como la solar y eólica, entre otras.

Al finalizar el documento, sostienen que se unen a lo dicho por Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, en medio de toda esta situación polémica que hoy vive el Caribe colombiano.

“Respaldamos la preocupación del señor gobernador Eduardo Verano sobre las medidas tomadas en cuanto al recaudo de la tasa de seguridad, la cual ha permitido fortalecer a la fuerza pública en sus labores para combatir la delincuencia en la ciudad, el área metropolitana y el departamento. Reiteramos nuestro compromiso permanente con el bienestar económico y social de la comunidad barranquillera. Por ello, cualquier decisión o novedad relacionada con este asunto, que resulta trascendental, estaremos informándola oportunamente”, sostuvieron.

Entre tanto, Verano fue claro con el llamado que hizo al nivel central, asegurándoles que no pueden dejar al departamento sin recursos para que la fuerza pública ataque a la criminalidad.

“No podemos dejar a la gente sin seguridad. Esta es una lucha que tenemos que dar, y la daremos con todas nuestras fuerzas para que no se afecte la tranquilidad y el bienestar de nuestra gente”, sostuvo Verano.

Por su parte, el secretario jurídico departamental, Rachid Náder Orfale, sostuvo que esta medida pondría en riesgo las finanzas de la Gobernación del Atlántico.

“Actualmente, esta tasa se encuentra fundamentada en la ley y en ordenanzas departamentales las cuales determinan los tributos y establecen la posibilidad de que el ente territorial proceda a su cobro a través de la facturación de la energía eléctrica, por tanto, la decisión del Gobierno nacional no puede estar por encima de la ley”, precisó.

El funcionario explicó que esta ordenanza se encuentra vigente, amparada en una legislación nacional y es deber de todo servidor público darle cumplimiento a la normatividad y el marco jurídico que rige en nuestro país. “Esta omisión en el cobro de la tasa de seguridad generará repercusiones tremendas para el departamento y se perderá la financiación del alumbrado público y la seguridad quedará huérfana”, sentenció.