Jaime Pumarejo, Alcalde de Barranquilla
Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Barranquilla

Alcalde de Barranquilla propone liquidar el Inpec y eliminar casa por cárcel para violentos

Jaime Pumarejo presentó seis propuestas para enfrentar la ola de inseguridad que aterroriza a Colombia.

Redacción Semana
20 de noviembre de 2023

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, le envió una carta al Congreso de la República donde puso a consideración seis propuestas para hacerle contrapeso a la delincuencia que hoy azota a Colombia: atracos, extorsiones y hurtos con armas de fuego, entre otros.

Pumarejo reconoció que contener las alteraciones del orden público ha sido una batalla compleja por los inconvenientes que hay en el sistema judicial y policial: “Nos hemos topado con realidades que trascienden nuestro fuero y límites legales”.

Citó varios episodios que han ocurrido en la capital del Atlántico: personas que repiten delitos, pero no son condenadas ni imputadas; peligrosos ilegales que cumplen los fallos desde sus residencias; o detenidos que violan las normas a pesar de estar tras las rejas.

A su juicio, “el sistema colapsó y es inviable en su estado actual”. Por ejemplo, “no contamos con suficientes jueces, fiscales e investigadores para imputar, condenar y encarcelar a los delincuentes; la jurisprudencia y los procesos internos no facilitan la tarea”.

También justificó que la estructura carcelaria y penitenciaria es insuficiente para cubrir la demanda de cupos, pero la solución a este escenario estaría en la cancha del Congreso y la rama judicial, a quienes instó a debatir la lucha contra la inseguridad.

Panorámica de Barranquilla.
Panorámica de Barranquilla. | Foto: Colprensa.

Las propuestas de Pumarejo

El alcalde de Barranquilla le envió una comunicación al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con seis propuestas para calmar la angustia que hoy tienen los habitantes de su ciudad y los colombianos.

Entre los puntos llamativos está el de modificar o liquidar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y borrar de la jurisprudencia el beneficio de la medida privativa de la libertad en residencia para quienes cometan actos violentos.

1. Implementar un proceso judicial prioritario y expedito para quien porte un arma de fuego de manera ilegal o cometa un crimen violento con ella.

2. Eliminar la alternativa de casa por cárcel para quienes cometan delitos violentos o porten armas ilegales y obligatoriamente remitirlos a una cárcel para detención preventiva mientras esperan su juicio.

3. Construir cárceles de menor costo y con capacidad de resocialización, donde los condenados trabajen y así se reduzcan los costos de manutención a cargo del Estado.

4. Revisar los presupuestos y procesos de la rama judicial y de la fiscalía para que existan suficientes fiscales, investigadores y jueces penales que garanticen una justicia expedita.

Sicario / Pistola
El alcalde de Barranquilla encendió las alarmas por la inseguridad. | Foto: Getty Images

5. Reformar y darle herramientas adecuadas al Inpec o liquidarlo y que la Policía asuma la custodia de las cárceles.

6. Aumentar la inversión en modernización de sistemas tecnológicos para facilitar la labor de la Policía, especialmente en materia de inteligencia.

“El objetivo es que el Estado sea, por fin, implacable con los bandidos. Desde la seguridad y la posibilidad de vivir en paz, es que se puede garantizar que los colombianos podamos acceder a nuestros derechos fundamentales y poner en marcha nuestros sueños individuales y colectivos como nación. Libertad y Orden, nos lo requiere nuestro mandato y nos lo exige nuestro país”, concluyó el mandatario barranquillero.

Otro pedido de los alcaldes

Por otro lado, los alcaldes de Colombia no solo le han hecho un llamado al Gobierno para ser tenidos en cuenta a partir del próximo primero de enero de 2024, cuando tomen posesión de su cargo, sino también al Congreso para que apoye las leyes que tienen que ver con ellos.

Se trata precisamente de la ley de ciudades intermedias, a través de la cual se les da reconocimiento y categoría a los territorios, además que permite que los mandatarios locales hagan un manejo más importante en materia de política fiscal y tributaria.