Carlos Pinedo. Tomada de redes sociales de Carlos Pinedo.
Carlos Pinedo Cuello, alcalde electo de Santa Marta, denuncia amenazas. | Foto: Redes sociales

Santa Marta

Alcalde electo de Santa Marta denuncia que están ofreciendo $2 mil millones para matarlo

Carlos Pinedo encendió las alarmas por su vida y su futuro político.

Redacción Semana
20 de diciembre de 2023

El mandatario electo de la capital del Magdalena, Carlos Pinedo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que da cuenta de un supuesto plan para asesinarlo y tumbarlo de la administración local.

La alerta la justificó con un mensaje de texto que recibió en su celular en que una persona desconocida le advirtió que hay cientos de millones en juego para destruir su vida y la carrera política que construyó.

“Alcalde Carlos Pinedo, mucho cuidado que están dando 1.000 mlls por una tutela que anule su elección y 2.000 para acabar con su vida. Sé de buena fuente porque soy de Fuerza Ciudadana”, dijo la fuente anónima.

Aunque el texto lo recibió a las 8:06 p. m. del pasado sábado, fue este miércoles cuando presentó las pruebas ante las autoridades judiciales para que avancen en el proceso de investigación.

Él reconoció que el ambiente político está afectado en la ciudad por las dudas que han sembrado en su elección, dado que ocupó el segundo lugar en la votación y logró el triunfo cuando se cayó la inscripción de Jorge Agudelo.

Ante la pregunta de quién estaría detrás de la intimidación, Pinedo respondió: “Ustedes se han dado cuenta [de] qué es lo que ha venido pasando. Pueden venir de todas partes. He venido a la Fiscalía a poner en conocimiento lo que está pasando”.

Alcalde electo de Santa Marta denuncia amenazas.
Alcalde electo de Santa Marta denuncia amenazas. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Aunque hay 120 tutelas en curso para tumbar su nombramiento como alcalde, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía y aseguró que el próximo primero de enero tomará posesión del cargo.

“Tengan toda la tranquilidad. Carlos Pinedo es el alcalde electo de la ciudad de Santa Marta. Vamos a gobernar para todos”, manifestó este 20 de diciembre desde las instalaciones del ente de acusación.

Y es que la elección de Pinedo Cuello –del movimiento Santa Marta Sí Puede– como alcalde se volvió toda una novela. El pasado 25 de noviembre, casi un mes después de los comicios, tras un minucioso reconteo, la Comisión Escrutadora Municipal de Santa Marta le entregó la credencial como nuevo mandatario de los samarios.

La decisión se tomó poco tiempo después de que el Tribunal Superior de la misma ciudad tumbó un fallo de tutela que permitió a Jorge Agudelo, quien en un principio había ganado los comicios, inscribirse fuera de las fechas establecidas.

Lo que en las urnas parecía una victoria del candidato Agudelo, una acción judicial terminó por darle el triunfo a Pinedo, quien había quedado en el segundo lugar, pero con una diferencia de menos de 300 votos, lo que mantuvo en vilo a la capital del Magdalena.

El problema es que el fallo del Tribunal Superior de Santa Marta, que tumbó la decisión de un juez que le había permitido a Agudelo inscribir su candidatura, se produjo cuando él ya había ganado la Alcaldía con 85.504 electores.

La comisión escrutadora procedió a restarle los votos a Agudelo. Pinedo tendrá más de un frente de lucha porque con su triunfo pateó el tablero, sacó a la izquierda del poder samario y le quitó la única ciudad capital al progresismo. Pinedo tiene en contra al gobernador electo del Magdalena, Rafael Martínez, uno de los hombres más cercanos a Carlos Caicedo, quien avaló a Agudelo; no lo reconoce como alcalde electo. “Yo solo reconozco a los alcaldes de mi departamento que en democracia ganaron, excepto el de Santa Marta”, le dijo, en su momento, a SEMANA.

“En las urnas, ganó Agudelo, no Pinedo, es un tema de legitimidad. Lo que ha habido es un robo, un atraco a los samarios”, señaló Martínez. “¿Cómo puedo recibir en mi oficina a alguien que no es legítimo?”, preguntó. “Es un alcalde ilegítimo, él no ganó en las urnas”, enfatizó. La comisión escrutadora, según el gobernador, “debe terminar presa”.