Alcaldes del país están preocupados por los grupos armados; piden evaluar las mesas de negociación

El pasado miércoles 29 de marzo se instauró en Cartagena el Congreso Nacional de Municipios, organizado por la Federación Colombiana que agrupa a esas entidades territoriales (Fedemunicipios). El encuentro se desarrollará en el centro de convenciones hasta el próximo viernes, 31 de marzo.

Durante la primera jornada, los mandatarios locales dieron a conocer su preocupación por la situación de violencia en varias regiones del país y le reiteraron la situación al Gobierno nacional.

Gilberto Toro, director ejecutivo de Fedemunicipios, advirtió sobre la situación que afrontan 330 alcaldes: “Tenemos 330 alcaldes con medidas extraordinarias de seguridad, eso significa que deben tener carros blindados y equipos de escoltas importantes para poder proteger su vida”.

Toro señaló que “en la tercera parte del territorio nacional hay amenazas contra los representantes de la democracia local por parte de los grupos violentos”.

Por su parte, Gian Carlo Gerometta, alcalde de Mosquera (Cundinamarca) y presidente de Fedemunicipios, expresó que los mandatarios locales “estamos muy preocupados por la situación de orden público a nivel nacional”. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno nacional “para que nos colabore en el territorio; estamos viviendo hechos de violencia reiterada contra las Fuerzas Militares, pero también afecta a la población civil”.

El alcalde de Mosquera se refirió también a la muerte de nueve militares por un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo. “Son hechos absolutamente reprochables que deben merecer tomar decisiones concretas por parte del Gobierno y si es el caso levantar las mesas de negociación para que este tipo de flagelos que no se vuelvan a presentar”, dijo.

Toro también indicó que “si el Gobierno nacional se sienta en una mesa a negociar la paz, lo mínimo que tiene que hacer ese grupo es dialogar, poner condiciones y llegar a acuerdos, pero no seguir masacrando a los colombianos, pero sobre todo a los miembros de las Fuerzas Armadas”.

Desde que estaba en campaña, el presidente Gustavo Petro dejó claro que su principal apuesta en la Casa de Nariño sería buscar el silenciamiento de los fusiles de parte de los grupos criminales en Colombia. A este legado, arriesgado como complejo, lo bautizó ‘paz total’, pues contrario a otros gobiernos su propósito es negociar con todos los grupos ilegales a la vez.

Por eso, tan pronto se puso la banda presidencial, el jefe de Estado tramitó la prórroga a la Ley de orden público, texto que llamó la ley de ‘paz total’ y que lo dotó de facultades para negociar con la criminalidad en Colombia.

El mandatario le dio fuerza a su apuesta con el anuncio de cese al fuego bilateral con cinco organizaciones armadas ilegales: el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada.

El cese tenía como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas y a la nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y las organizaciones al margen de la ley mencionada.

Pero mientras que el Gobierno nacional habla de ‘paz total’ y se empeña en enviar mensajes de buena voluntad, las organizaciones ilegales siguen hablando el lenguaje de la violencia.

Así quedó demostrado con el atroz ataque del ELN contra miembros del Ejército en Norte de Santander, donde masacraron, prácticamente en estado de indefensión, a nueve soldados y dejaron más de diez heridos en la madrugada del pasado miércoles, 29 de marzo.