Alerta por amenazas de muerte a profesores universitarios en Atlántico, Magdalena y Cesar

Docentes universitarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar, en el Caribe colombiano, son el nuevo blanco de amenazas por parte de grupos delincuenciales y, en la mayoría de los casos, del Clan del Golfo. Las amenazas tienen en alerta a las universidades de esta región, pues las víctimas son todos profesores dedicados a la investigación del conflicto armado.

Los mecanismos de amenazas para llegar a los docentes universitarios son los mensajes intimidatorios, visitas de desconocidos y mensajes enviados a través de terceros, quienes dicen ser enviados por un supuesto jefe de la zona norte del Clan del Golfo.

Uno de estos casos fue el del sociólogo Armando Martínez, un mexicano que desde hace 7 años se desempeña como docente en la Universidad Popular del Cesar y a quien le dieron 40 días para salir del país para no ser objeto de una supuesta “acción militar”.

El caso fue revelado por BluRadio, medio al que el profesor universitario comentó que sus trabajos de estudio o investigativos sobre el conflicto en el Caribe nunca han sido contra grupos armados y que no se trata solo de la vulnerabilidad de su vida, sino de un ataque contra toda la comunidad académica.

“Es una amenaza a la comunidad universitaria y a cualquier persona que quiera plantear un pensamiento crítico dentro de la universidad, porque el mensaje es para mí, pero en el fondo siento que hay una cuestión de hostigamiento y de generar miedo a todo docente o estudiante que quiera cuestionar algo”, dijo el docente a ese medio.

En el departamento del Atlántico otro gremio amenazado del mismo modo y también por grupos armados ilegales es el gremio de los miembros de la Fiscalía General de la Nación; más exactamente quienes laboran en la sede del municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla.

Con poyo de personal de Asonal Judicial, seccional Atlántico, realizaron un plantón a las afueras de las instalaciones, en la plazoleta de la Torre Manzur, en el centro de Barranquilla.

El objetivo de la protesta era exigir a las autoridades militarizar la sede y aumentar la seguridad, garantizando la instancia en las oficinas para poder continuar con sus labores. Todo esto, tras la evacuación que se presentó en la sede luego de que se conocieran amenazas de la familia de un capturado con artefactos explosivos.

La amenaza contra los miembros de la Fiscalía la hicieron, al parecer, los parientes de un capturado que manifestaron que, si su familiar recibía medida de aseguramiento, emprenderían la acción terrorista. Desde ese momento, el personal asegura que viene trabajando con inseguridad, miedo y zozobra, y que solo cuentan con tres uniformados de la Policía en todo el edificio.

,El temor de fiscales y otros empleados en la Fiscalía es que las amenazas dejen de serlo y se conviertan en tragedias, como ha ocurrido recientemente en el municipio y en la ciudad de Barranquilla, donde hasta las estaciones de gasolina han sido blanco de ataques y los hechos ya dejan personas fallecidas a causa de la nueva ola de extorsión.

El pasado martes, 27 de junio, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, estuvo en Barranquilla y dio a conocer su preocupación sobre el panorama de inseguridad en el área metropolitana.

Según lo referenciado por la jefa del Ministerio Público, el homicidio aumentó en los primeros tres meses de 2023 en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, registrando en 2021 140 casos, mientras que en el mismo periodo de 2022 se presentaron 171 homicidios y en 2023, en el primer trimestre del año, fueron 201 casos.

Igualmente, frente al delito de extorsión, la procuradora Cabello señaló que es una de las conductas vulneradoras que más impacto tiene en la población. Precisó que en 2021 se presentaron 125 casos; en 2022 fueron 283; y en 2023, con corte al 31 de mayo, se han reportado 367 casos, de los cuales 243 fueron en Barranquilla, 89 en Soledad, 16 en Malambo, 14 en Galapa y cinco en Puerto Colombia.