Minga indígena anunció en SEMANA que se tomarán y bloquearán las vías en Córdoba, ¿por qué están molestos?

A pesar de ser reconocidos ante el Ministerio del Interior, varios cabildos indígenas asentados en el departamento de Córdoba aseguran que sus derechos se han visto vulnerados en lo que concierne a la etnoeducación. Se trata de comunidades residentes en los municipios de Planeta Rica, La Apartada, Puerto Libertador, Ayapel y San José de Uré.

Yoli de la Ossa, gobernadora del Cabildo Bello Horizonte, establecidos en el corregimiento La Dorada, en San José de Uré, aseguró que desde el 2016 han estado exigiendo que dentro del cuerpo de docentes se incluyan maestros pertenecientes a las comunidades indígenas. Sin embargo, alega que la Secretaría de Educación no los ha tenido en cuenta a la hora de conformar el equipo educador.

“Nombraron 36 docentes afros y no nos tuvieron en cuenta. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, y el secretario de educación departamental han hecho caso omiso al tema”, indicó de la Ossa en conversación con SEMANA.

Resulta que los docentes son contratados por un operador. Así las cosas, los líderes indígenas piden que también puedan participar de ese proceso de selección.

La gobernadora explicó que en el año 2016 radicaron una tutela contra la cartera de educación departamental, exigiendo la presencia de maestros indígenas en las instituciones educativas. A pesar de que, constitucionalmente, la sentencia estuvo a favor del cabildo, la misma, al parecer, no se ha efectuado.

En atención a lo anterior, decidieron interponer una acción de incumplimiento y, posteriormente, una acción de desacato considerando que se sienten excluidos y sin respuesta por parte de las autoridades o entidades competentes.

En efecto, se iniciaron una serie de mesas de concertación con las instituciones y gremios pertinentes, pero, según conoció SEMANA, ese tipo de diálogos se suspendieron desde mediados del año pasado.

“Como gobernadora y autoridad indígena tengo pleno conocimiento sobre los programas del Icbf que benefician a nuestra comunidad, los cuales deben ser en pro de garantizar nuestros derechos por medio de programas que sean ejecutados por los operadores logísticos designados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los cuales en esta oportunidad carecen de enfoque diferencial situación que afecta nuestra etnia en lo que concierne a los principios culturales, usos y costumbres, tipo de alimentación, espiritualidad y los demás factores relativos a la preservación de nuestra identidad”, se lee en un derecho de petición conocido por este medio.

“Se omitió la aplicación del derecho a la consulta previa, lo cual afecta las necesidades de preservación de nuestra comunidad indígena, la cual pertenece al resguardo Zenú del alto San Jorge, ya que al no escoger o participar del proceso de selección de los operadores que garanticen el derecho de los planes y programas del gobierno no se garantiza la supremacía del enfoque diferencial”, dice el documento.

En ese sentido, los cabildos de los cinco municipios cordobeses, le revelaron a este medio que están preparando una protesta para llamar la atención del Gobierno departamental.

“Estamos dispuestos a salir a protestar en la Ye de Cerro Matoso, la vía que comunica a los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano”, anunció Yoli de la Ossa.

SEMANA pudo establecer que las autoridades departamentales contestaron a los requerimientos jurídicos interpuestos, explicando que las instituciones educativas están focalizadas como afrodescendientes y, por lo tanto, los docentes nombrados integran ese mismo grupo étnico. Sin embargo, de la Ossa insiste en que sus derechos son vulnerados porque en su cabildo están censados más de 700 niños indígenas estudiantes, quienes también conforman una mayoría.

Los gobernadores se reunirán el próximo sábado 11 de marzo para concretar la manifestación a realizar.