Barranquilla: Piden mantener sanción contra exgerente de la Triple A. ¿Qué pasó?

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado confirmar la sentencia de primera instancia y negar las súplicas de la exgerente de la Triple A, Julia Margarita Serrano Monsalve, de dejar sin efecto y valor alguno la anotación de la sanción en su hoja de vida, así como la orden de pago producto de la misma y el levantamiento de los antecedentes disciplinarios.

En primera instancia, la exgerente de la empresa que suministra el servicio de alcantarillado, acueducto y aseo en varias zonas del departamento del Atlántico y en Barranquilla fue sancionada en 2018 con una multa de 2.140 millones de pesos y una inhabilidad de seis años, pero el fallo fue apelado; en la segunda instancia fue confirmado el rubro económico a pagarse y se redujo a cuatro años el periodo inicialmente fijado para su inhabilidad.

“La Delegada de Intervención Segunda ante el Consejo de Estado adujo que lo fallado está acorde con el derecho internacional e interno en lo que concierne a un evidente acto de corrupción que fue debidamente sancionado”, dijeron desde la Procuraduría.

Contrario a lo expuesto ante las autoridades por Serrano Monsalve, la entidad confirmó que en ningún momento hubo violación al debido proceso y su derecho a la defensa, y que “estaba demostrado y aceptado por la misma investigada la ocurrencia de la conducta irregular mediante versión libre contenida en el escrito presentado el 16 de mayo de 2018″.

De igual manera, desde la Procuraduría General de la Nación señalaron que fue ella misma quien reconoció que permitió que INASSA se apropiara de recursos pertenecientes al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, lo que ratifica la configuración de la falta disciplinaria.

Finalmente, la Procuraduría desvirtuó la falta de competencia para dictar fallo de segunda instancia y una supuesta indebida notificación, al no haber sido presentadas constancias ni pruebas que le permitieran a Serrano sustentar dichas afirmaciones; por el contrario, la acción disciplinaria se ejerció dentro del marco legal y constitucional, y la sanción disciplinaria se encuentra debidamente motivada.

Una demanda a Colombia

Por una supuesta violación de Colombia al acuerdo con España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, tras la venta de acciones de la empresa Triple A, fue demandada la Nación, confirmó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANJDE).

Según la ANJDE, el proceso se realiza con el fin de defender los intereses litigiosos del Estado en este caso, “en coordinación con las medidas adoptadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y demás entidades públicas involucradas en el objeto de la controversia”.

Varias fueron las acciones cuestionadas frente a la venta del 82,16 % de las acciones de la empresa, avaluadas en 565 mil millones de pesos, cuando pasó a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021, mientras aún fungía como presidente Iván Duque.

Entre los señalamientos está incluso la acción popular de la Procuraduría General de la Nación por presuntos pagos fraudulentos conforme al Contrato de Asistencia Técnica.

Además, mencionaron las presuntas irregularidades en la modificación del código de extinción de dominio y la legalización de que un tercero privado se involucrara en la negociación.

Sobre los señalamientos por este tema, que inicialmente había hecho el secretario de Transparencia del actual Gobierno Nacional, la alcaldía distrital de Barranquilla respondió revelando algunos detalles del proceso y asegurando que todo se había realizado acorde con la ley.

Por medio de un comunicado conocido por SEMANA, manifestaron que fue el distrito el que solicitó la transferencia, a título gratuito, de esas acciones, que bajo secuestro judicial tenía la SAE, en el contrato de concesión Triple A y que en su momento le habían sido despojadas a la ciudad.

“El Gobierno nacional manifestó, entonces, que la única salida para la recuperación del paquete accionario era una operación de compra-venta”, dijeron desde la Alcaldía, al tiempo que señalaron que fue la misma SAE la que contrató a la firma Deloitte Asesores Ltda. para hacer la valoración de esas acciones.

“La SAE contrató, entonces, a la firma Deloitte Asesores Ltda. para hacer la valoración de esas acciones, y el Distrito de Barranquilla, a la compañía Bonus Banca de Inversión, a partir de lo cual la propia SAE pidió una tercera opinión independiente, que estuvo a cargo de la firma Growth and Performance S.A.S.”, revelaron las autoridades locales.

Luego de ese proceso, según se lee en el comunicado, los comités internos de la entidad que se encargan de establecer los valores de venta de los activos especiales administrados fijaron la valoración de las acciones del contrato de concesión vigente hasta 2023 y los términos de la negociación. Luego, procedieron a suscribir el contrato, al que APBAQ ha venido dándole cabal cumplimiento.

“Todo este proceso ha estado enmarcado en lineamientos legales, como quedará demostrado en las mesas de trabajo que ha convocado la Contraloría General de la República, después de que el alcalde Jaime Pumarejo le solicitara formalmente, el pasado 27 de diciembre, el inicio de una actuación preventiva sobre la adquisición”, manifestaron desde la alcaldía Distrital.