Bloqueos en La Guajira bloquearon acceso a Riohacha. ¿Qué pasa en la zona?

Durante este lunes, 6 de marzo, nuevamente la comunidad en el departamento de La Guajira bloqueo varios puntos que impedían el ingreso de vehículos a Riohacha. Pero luego de varias horas finalmente pudo ser levantado uno de los puntos más críticos que comunican Riohacha con Maicao.

En total fueron tres puntos bloqueados por la comunidad indígena, Wayukaso, en medio de un desalojo tal y como lo habría ordenado un juzgado del Distrito Judicial de esta ciudad.

El operativo de desalojo comenzó al finalizar la tarde del domingo 5 de marzo, 45 familias que serían sacadas de unos territorios y fueron las que posteriormente se apoderaron en los dos puntos de la carretera Troncal, donde amanecieron, y a ellos se les sumaron otro grupo de manifestantes en la salida a Cuestecitas.

Hace apenas una semana la troncal del Caribe también estuvo bloqueada por más de 4 horas en medio de manifestaciones pro el paro de taxistas, hasta el sitio del bloqueo llegaron miembros del Esmad y uniformados de la Policía Nacional que tuvieron que intervenir.

El principal bloqueo se registró en la salida de Riohacha hacia Maicao, pero también hubo obstrucción del paso vehicular en la salida hacia Santa Marta y un plantón más de taxista en el sector conocido como cuatro vías.

Además del paro de taxistas la manifestación pedía una reunión con el alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes, de manera pública y no privada, para que quedara constancia de lo pactado y evitar incumplimientos por parte de las autoridades.

“Aparte de eso, la malla vial que tenemos no sirve, entonces nos dijeron que iban a aumentar el 18.5 % a la sobre tasa de la gasolina para apoyar la malla vial y esos recursos no los han implementado”, dijo un líder del bloqueo sobre la Troncal del Caribe.

Infiltran movilización social

La Asociación de Personerías de Antioquia denunció que once municipios del departamento se encuentran en confinamiento total por cuenta del paro de mineros que está activo desde el jueves 2 de marzo en las subregiones del Bajo Cauca y nordeste.

Este fenómeno se está presentando por la infiltración de las estructuras delincuenciales en la movilización social. Las autoridades alertaron que, con fuertes intimidaciones, los ilegales ordenaron cerrar los establecimientos comerciales y frenar el transporte público.

Al parecer, tienen el interés de que el Gobierno nacional suspenda las operaciones contra la minería irregular que está devorando las montañas de esos territorios y contaminando los afluentes, siendo su principal músculo financiero para sostener a sus filas criminales.

Se mantiene la crisis en los pueblos de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Segovia, Remedios, Vegachí, Yalí y Yolombó. Allí ya se reporta escases de los productos de la canasta familiar y otra lista de servicios básicos en los hogares.

También las puertas de las instituciones educativas públicas están cerradas por petición de los delincuentes y el temor de la ciudadanía por las alteraciones del orden que se podría presentar en las próximas horas. Este escenario ya ajusta cinco días.

Mientras que el comité hospitalario de emergencias del centro médico César Uribe del municipio de Caucasia se declaró en alerta roja por el funcionamiento limitado para la prestación de los servicios, citando los bloqueos que hay en los ejes viales de la subregión.

En medio de las movilizaciones, se han presentado hechos vandálicos contra la infraestructura pública y privada en esta misma población. Otra de las preocupaciones es que un número amplio de menores de edad son los protagonistas de los incidentes.

Detrás de esto estarían las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Ellos enfurecieron por un golpe que les propinó el Ejército Nacional y la Policía en los últimos días: quemaron cinco dragas de grandes magnitudes instaladas sobre el río Nechí.

Estas unidades de extracción ilícita de yacimientos mineros les dada, cada mes, hasta 1.500 gramos de oros, equivalentes en el mercado negro a 3.600 millones de pesos. Durante el tiempo que opero, se llenaron los bolsillos con 7.500 millones de pesos.

Frente a este escenario, la Asociación de Personerías de Antioquia afirmó que las administraciones municipales no estarían tomando las decisiones necesarias para tomar el control de la seguridad. Sospechan de vacíos en la vigilancia por parte de las autoridades.

“Están siendo incapaces de atender las múltiples situaciones de alteración del orden público, ya que se tienen puntos donde la Fuerza Pública nunca ha hecho presencia, como sucede en el corregimiento de Buenos Aires Palizada, en Zaragoza”, dijo en un boletín.

Por ejemplo, en Nechí fueron retenidos 146 trabajadores de la empresa Mineros Aluvial, aunque pudieron ser liberados luego de una mediación con el Ministerio Público. El Ejército Nacional hizo el mismo intento, pero fue intimidado de manera violenta.