Condenan a clínica en Cesar por la muerte de un recién nacido. Este es el caso

Una terrible historia fue la que ocurrió en la clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A., a quienes un Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar profirió una condena, por el fallecimiento de un recién nacido tras suministrarle un medicamento en el centro asistencial.

Pero lo más lamentable del caso es que según la condena, además del recién nacido en cuestión, hay otros, al menos 15 más a los que se les suministró Survanta, un medicamento que se comprobó había sido falsificado.

La condena estableció que el centro asistencial debe realizar el pago de 575 millones de pesos a la familia del menor de edad y los obliga a presentar unas disculpas públicas dentro de los próximos 6 meses.

El caso ocurrió en el año 2017 y de acuerdo con lo conocido por SEMANA la aplicación del medicamento buscaba madurar los pulmones de los neonatos al momento de su nacimiento.

En otras noticias que involucra el bienestar de menores de edad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) anunció que adelantó trabajos interinstitucionales para atender a un grupo de familias del pueblo indígena yukpa, asentados en el sector de La Loma en Barranquilla, en pleno norte de la ciudad y en donde los niños y niñas se ven trabajando en los semáforos.

De acuerdo con un informe emitido desde el ICBF han desarrollado actividades de prevención de riesgos, caracterización de la población, talla y peso para niños y niñas, entrega de alimentos de alto valor nutricional, entre otras actividades.

“Estas acciones se han adelantado junto con entidades de cooperación internacional como Acnur, Unicef, DRC, Heartland Alliance Internacional, Americares, así como con la Alcaldía de Barranquilla y Migración Colombia”, dice el documento.

Así mismo, el ICBC señaló que ha intensificado un proceso de diálogo con estas familias, ha hecho entrega de raciones alimentarias de emergencia y convocó una nueva mesa intersectorial, toda vez que es una labor que compete a diferentes entidades locales y nacionales.

“Como resultado de lo anterior, se programó una nueva jornada de atenciones y valoraciones médicas, nutricionales, prerregistros. El trabajo interinstitucional se hace con un enfoque diferencial, respetando la cosmovisión y cosmogonía del pueblo yukpa, para responder de forma integral y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, concluye el informe.

La situación de los niños indígenas en la zona ya había sido reportada por varios ciudadanos a través de las redes sociales, denunciando que muchos están en condición de mendicidad y trabajo infantil.

En el departamento de Córdoba, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se han registrado un total de 394 casos de desnutrición aguda que afectan a niños menores de cinco años. Según la entidad, el 33,2 % de estos casos, equivalente a una tercera parte del total, se han concentrado en la ciudad de Montería.

Estos datos, presentados en el boletín sobre “conductas vulneratorias de derechos del periodo enero-julio de 2023″ por el Observatorio de Derechos Humanos de la entidad, han sido motivo de gran preocupación.

Carlos Camargo Assis, el defensor del Pueblo, señaló que otro factor inquietante es la marcada tendencia del 95 % de estos casos en el estrato socioeconómico 1. Esto pone en evidencia, de acuerdo con Camargo, las “violencias estructurales” y la “situación de orden público actual” que están teniendo un impacto directo en los derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables.

“Son 394 casos notificados de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años. Es preocupante, además, la tendencia del 95 % de los casos en el estrato socioeconómico 1, lo cual refleja las violencias estructurales y la situación de orden público actual, que impactan directamente en los derechos a la vida, salud y alimentación de las comunidades más vulnerables”, indicó el defensor del Pueblo durante la presentación del boletín.