Convocan comité para la lucha contra el robo de agua potable en municipios costeros del Atlántico

La empresa de servicios públicos Triple A conformó un comité especial junto a la Gobernación del Atlántico y el Acueducto Regional Costero para combatir el robo de agua en los municipios costeros.

La iniciativa cuenta con la participación de las alcaldías de Piojó, Usiacurí, Tubará y Juan de Acosta.

“Hemos intensificado los operativos para hacerle frente y darle la lucha a todos aquellos que se conectan ilegalmente al sistema Costero. Estas conexiones fraudulentas ocasionan la disminución del volumen de agua, bajas presiones y fugas, perjudicando la continuidad del servicio a estas poblaciones. Para que tengan una idea, con el agua que se roban podríamos llenar 150 piscinas Olímpicas o incluso suministrar servicio a una población de un promedio de 100 mil habitantes como el municipio de Sabanalarga”, señaló Jairo De Castro, gerente general de Triple A.

Según explicaron desde la compañía, la empresa envía desde la Estación Delicias (ubicada en el norte de Barranquilla) hacia el acueducto regional costero más de 750 mil metros cúbicos de agua potable y gran parte del preciado líquido es desviado a través de conexiones ilegales hacia empresas, fincas y predios privados, algunos de ellos dedicados a la agroindustria, lo que implica elevados consumos, además de un uso no autorizado del agua potable, que debe ser exclusivo para el consumo humano.

“Hay que denunciar los predios formales e informales que perforan las tuberías y roban el agua de las poblaciones costeras, desconectarlos, hacerles seguimiento y judicializarlos con ayuda de las autoridades”, agregó De Castro.

A partir del próximo lunes, 6 de marzo, la compañía habilitará la línea de WhatsApp 316 900 6116 para denuncia de fraudes.

Piden mantener sanción

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado confirmar la sentencia de primera instancia y negar las súplicas de la exgerente de la Triple A, Julia Margarita Serrano Monsalve, de dejar sin efecto y valor alguno la anotación de la sanción en su hoja de vida, así como la orden de pago producto de la misma y el levantamiento de los antecedentes disciplinarios.

En primera instancia, la exgerente de la empresa que suministra el servicio de alcantarillado, acueducto y aseo en varias zonas del departamento del Atlántico y en Barranquilla fue sancionada en 2018 con una multa de 2.140 millones de pesos y una inhabilidad de seis años, pero el fallo fue apelado; en la segunda instancia fue confirmado el rubro económico a pagarse y se redujo a cuatro años el periodo inicialmente fijado para su inhabilidad.

“La Delegada de Intervención Segunda ante el Consejo de Estado adujo que lo fallado está acorde con el derecho internacional e interno en lo que concierne a un evidente acto de corrupción que fue debidamente sancionado”, dijeron desde la Procuraduría.

Contrario a lo expuesto ante las autoridades por Serrano Monsalve, la entidad confirmó que en ningún momento hubo violación al debido proceso y su derecho a la defensa, y que “estaba demostrado y aceptado por la misma investigada la ocurrencia de la conducta irregular mediante versión libre contenida en el escrito presentado el 16 de mayo de 2018″.

De igual manera, desde la Procuraduría General de la Nación señalaron que fue ella misma quien reconoció que permitió que INASSA se apropiara de recursos pertenecientes al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, lo que ratifica la configuración de la falta disciplinaria.

Finalmente, la Procuraduría desvirtuó la falta de competencia para dictar fallo de segunda instancia y una supuesta indebida notificación, al no haber sido presentadas constancias ni pruebas que le permitieran a Serrano sustentar dichas afirmaciones; por el contrario, la acción disciplinaria se ejerció dentro del marco legal y constitucional, y la sanción disciplinaria se encuentra debidamente motivada.