Cuatro delincuentes ingresaron a un motel en el sur de Barranquilla y atracaron a los empleados; esto fue lo que pasó

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó un nuevo hecho de delincuencia que se registró al interior de un establecimiento de hostelería en el suroccidente de la ciudad.

Se trata del motel Sahara, ubicado en la carrera 38 con calle 120, barrio La Pradera, en la vía que comunica al corregimiento de Juan Mina.

De acuerdo con las autoridades, al menos cuatro delincuentes irrumpieron en el motel. Llegaron en motocicletas y portando armas de fuego comenzaron a intimidar a los empleados que se encontraban en la zona de recepción.

Trascendió que los antisociales robaron varios celulares y dinero en efectivo, cuya cuantía aún se desconoce. Los ladrones se dieron a la huida.

La Policía inició las actividades investigativas para esclarecer lo sucedido. Para ello, revisan las cámaras de seguridad con el propósito de identificar e individualizar a los responsables de lo ocurrido.

Robo de energía

El robo de energía en el departamento del Atlántico no da tregua. A medida que se revelan nuevos casos, se descubren nuevas técnicas utilizadas para conectarse ilegalmente a una red y obtener suministro energético.

En esta ocasión, la empresa Air-e detectó una nueva acometida en el corregimiento de Salgar, en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Luego de una labor de seguimiento, operarios de la compañía lograron establecer que en un establecimiento comercial, ubicado en la Calle 3 n.° 33-451, habían realizado una excavación en el suelo para intervenir la acometida subterránea del predio con unos conectores de perforación, con el objeto de que el medidor no registrara parte del consumo de energía.

Se trata de una casa de eventos conocida bajo la razón social de La Riviera. En el operativo se pudo establecer que el usuario había construido una placa de cemento en la parte de la acometida subterránea intervenida, para que Air-e y las autoridades no se percataran de la existencia del fraude.

De acuerdo con la empresa energética, “esta modalidad revela la premeditación y la clara intención del usuario de La Riviera para cometer este fraude, el cual incluye la ejecución de una obra civil para ocultarlo y evitar a toda costa que la empresa lo detectara”.

Air-e dio a conocer que el monto de la defraudación de fluidos es del orden de los 4 millones mensuales, en promedio. La empresa también informó que durante el procedimiento se permitió el acceso para el desarrollo de la revisión técnica y la persona a cargo del establecimiento asumió los costos de la energía dejada de facturar. Adicionalmente, se hizo el compromiso de la normalización, desde el exterior del inmueble, con la instalación de un nuevo equipo de medición.

Desde la compañía indicaron que el establecimiento también afectaba el patrimonio público, puesto que con la contribución de solidaridad se recaudan recursos para el otorgamiento de subsidios, los cuales permiten disminuir el costo del servicio de energía que consumen los usuarios más necesitados (subnormales y residenciales de estratos 1, 2 y 3). De esta manera, si se evade parte del pago de la contribución, que cancelan los clientes comerciales, le corresponde al Estado aportar los recursos necesarios para cubrir el déficit que se genera con esta conducta.

De acuerdo con Fermín De la Hoz Torrente, gerente de servicios Jurídicos de Air-e la empresa sigue actuando de manera contundente contra la práctica ilegal del robo de energía.

“La empresa cuenta con equipos de última tecnología para hacer un seguimiento detallado de la energía que circula por las redes y la que se entrega en las viviendas, establecimientos comerciales e industria, de tal manera que se encuentra en capacidad de detectar cualquier tipo de fraude, por más oculto que parezca”, dijo Fermín De la Hoz Torrente.

Y añadió: “De la misma manera, se adelantan labores de análisis e inteligencia en el sistema comercial y en las calles, para ser más precisos en la detección de este tipo de conducta, lo que permite recaudar todas las pruebas que sean necesaria para que la Fiscalía General de la Nación pueda adelantar de manera exitosa los procesos penales por el delito de defraudación de fluidos, en donde los usuarios se exponen a prisión de hasta 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, los usuarios comerciales se exponen al cierre temporal de su establecimiento o al cierre definitivo en caso de reincidencia, tal y como lo consagra el Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana”.