Distrito de Barranquilla y SAE llegan a acuerdo sobre la compra de acciones de la empresa Triple A

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) llegaron a un acuerdo este jueves 16 de febrero tras una mesa de diálogo que fue convocada urgente buscando salida a crisis de la empresa Triple A.

El diálogo para tratar el procedimiento a seguir en la compra de acciones de la compañía de servicios de alcantarillado, acueducto y aseo, fue convocado por la Procuraduría General de la Nación, determinando que el beneficiario final será el sector público y de manera preferente el Distrito de Barranquilla.

De acuerdo con las declaraciones del alcalde Jaime Pumarejo, en el encuentro “quedó establecida la hoja de ruta para que Barranquilla pueda recuperar las acciones de la Triple A con 2 preceptos muy importantes: el primero, que esa recuperación conlleve a que la nueva inversión sea 100% pública; es decir, que las acciones queden en manos del Distrito de Barranquilla y/o Empresas Públicas de Medellín (EPM), u otro socio estratégico similar público y, al mismo tiempo, que podamos destrabar y rápidamente recuperar estas acciones que algún día pertenecieron al Distrito y que por malos manejos terminamos perdiendo”.

Agregó que, en este sentido, esto representa una buena noticia para Barranquilla y para Colombia porque “logramos, a través del diálogo y las mesas técnicas, destrabar un proceso que seguirá su curso, pero que tiene una buena noticia en el día de hoy”.

El mandatario distrital afirmó que lo importante es que “los barranquilleros y los colombianos estemos tranquilos, que se preserve el patrimonio público y que Barranquilla tenga la empresa que se merece para planificarla a largo plazo, y eso significa un servicio de agua, de acueducto y de aseo eficiente, y que crezca con las necesidades de la ciudad”.

Cabe recordar que, desde inicio de esta semana, el alcalde Pumarejo y los directivos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) empezaron la búsqueda de este acuerdo que permitiera preservar los derechos adquiridos por los barranquilleros en la Triple A y, además, tuviera en cuenta las observaciones del Gobierno nacional sobre el proceso de compra de acciones en la empresa de servicios públicos.

A la mesa de diálogo convocada por la Agencia Especial Designada por el Ministerio Público, en cabeza del procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Luis Ramiro Escandón, acudieron el alcalde Pumarejo, el gerente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el representante legal de la Sociedad K-YENA S.A.S, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. La Agencia Especial, como agente facilitador, intermedió en la búsqueda de alternativas que permitieran a las partes llegar a un acuerdo en donde el patrimonio público no se viera en riesgo.

Piden mantener sanción

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado confirmar la sentencia de primera instancia y negar las súplicas de la exgerente de la Triple A, Julia Margarita Serrano Monsalve, de dejar sin efecto y valor alguno la anotación de la sanción en su hoja de vida, así como la orden de pago producto de la misma y el levantamiento de los antecedentes disciplinarios.

En primera instancia, la exgerente de la empresa que suministra el servicio de alcantarillado, acueducto y aseo en varias zonas del departamento del Atlántico y en Barranquilla fue sancionada en 2018 con una multa de 2.140 millones de pesos y una inhabilidad de seis años, pero el fallo fue apelado; en la segunda instancia fue confirmado el rubro económico a pagarse y se redujo a cuatro años el periodo inicialmente fijado para su inhabilidad.

“La Delegada de Intervención Segunda ante el Consejo de Estado adujo que lo fallado está acorde con el derecho internacional e interno en lo que concierne a un evidente acto de corrupción que fue debidamente sancionado”, dijeron desde la Procuraduría.

Contrario a lo expuesto ante las autoridades por Serrano Monsalve, la entidad confirmó que en ningún momento hubo violación al debido proceso y su derecho a la defensa, y que “estaba demostrado y aceptado por la misma investigada la ocurrencia de la conducta irregular mediante versión libre contenida en el escrito presentado el 16 de mayo de 2018″.

De igual manera, desde la Procuraduría General de la Nación señalaron que fue ella misma quien reconoció que permitió que INASSA se apropiara de recursos pertenecientes al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, lo que ratifica la configuración de la falta disciplinaria.

Finalmente, la Procuraduría desvirtuó la falta de competencia para dictar fallo de segunda instancia y una supuesta indebida notificación, al no haber sido presentadas constancias ni pruebas que le permitieran a Serrano sustentar dichas afirmaciones; por el contrario, la acción disciplinaria se ejerció dentro del marco legal y constitucional, y la sanción disciplinaria se encuentra debidamente motivada.