Distrito en Barranquilla pide declarar al río Magdalena como sujeto de derechos. ¿Por qué?

El Distrito de Barranquilla interpuso una demanda de acción popular para que el río sea reconocido como sujeto de derechos y se efectúen todas aquellas acciones tendientes a su protección, y la mitigación del impacto ambiental.

La principal pretensión de las autoridades de la ciudad y demás autoridades es conseguir un diseño e implementación de un plan de salvamento que garantice la protección de derechos e intereses colectivos por parte de todos los entes que tienen injerencia en el río Magdalena.

Asimismo, dentro de los derechos colectivos invocados por el Distrito de Barranquilla se encuentran: el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación restauración o sustitución; la defensa del patrimonio público; acceso a la prestación eficiente de los servicios públicos portuarios y derechos de consumidores y usuarios.

“Además, se solicita la gestión sistemática de la cuenca del río Magdalena y la implementación de una política pública para la navegabilidad en este. En ese sentido, las entidades demandadas, tales como Cormagdalena, DIMAR, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Transporte, deben garantizar el aumento del calado del río para permitir la navegabilidad de embarcaciones, especialmente en el puerto de Barranquilla, y diseñar e implementar una política pública de protección ambiental del río Magdalena para prevenir la reducción del calado y aunar esfuerzos para su aumento”, dijeron desde la alcaldía.

Según se expone en la demanda, la alta contaminación y sedimentación en el río Magdalena ha disminuido su calado, lo que impide la navegabilidad de las embarcaciones en el puerto de Barranquilla, afectando la economía y el comercio, y repercutiendo en todos los ciudadanos.

Aunque las entidades demandadas han sido requeridas para el cumplimiento de sus funciones y competencias, aún persiste la gran problemática, por lo que el Distrito de Barranquilla espera que el alto tribunal decida de fondo sobre la demanda instaurada y se pueda beneficiar toda la ciudadanía barranquillera.

“El fin principal es iniciar una cruzada nacional por la protección y conservación de la arteria fluvial más importante de Colombia”, dijeron las autoridades.

En el gremio de navieros en el país hay una gran preocupación por la reciente decisión que se está analizando por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, específicamente en el Ministerio de Transporte, en relación a la seguridad y requisitos que deben cumplir las embarcaciones que circulan por el río Magdalena, transportando, entre otras cosas, combustibles.

En diálogo con SEMANA, Juana Martínez ―presidenta encargada de la Federación Nacional de Navieros (Fedenavi)― explicó que toda la polémica e inquietud que tiene actualmente se desató por un borrador de Resolución que prepara la cartera de Transporte en el país para ampliar el plazo que tenían las diferentes navieras en Colombia para cumplir con la instalación de un doble casco en sus barcos y barcazas, con el fin de evitar tragedias ambientales en caso de que ocurra un accidente.

“Lo que queremos expresar es una preocupación profunda por el proyecto de resolución que sacó esta semana el Ministerio de Transporte, en el que, pues, indican que la conversión de embarcaciones a doble casco se va a postergar en el tiempo para el 2033 para las embarcaciones que naveguen por el río Magdalena y para el 2038 frente al resto de las embarcaciones del país”, explicó Martínez.

La vocera de este gremio agregó que “este tema es un tema que nos preocupa mucho porque desde el 2015 el gobierno, desde entonces, sacó una resolución en la que se decía que todos los navieros debían tener doble casco para el 2020″.

Frente a la importancia de la entrada en vigencia de esta reglamentación, que al parecer se postergará una vez más, la Presidenta (e) de Fedenavi explicó que se fundamenta en la necesidad de evitar derrames y vertimientos accidentales de combustibles en el río Magdalena y demás afluentes en todo el territorio nacional; los cuales terminan afectando seriamente a los ecosistemas y tienen un proceso de recuperación bastante lento.

“El doble casco lo que hace es que asegura que las barcazas, por ejemplo, que lleven hidrocarburos, petroquímicas o sustancias que puedan ser tóxicas, tengan una doble barrera de protección que haga que si hay, por ejemplo, problemas de encallamiento, de colisiones de las embarcaciones, no se dé y se minimice la posibilidad de la ocurrencia de un derrame en los ríos de Colombia”, dijo Juana Martínez.