Nación
El Icbf interviene en caso de menores yukpas en situación de mendicidad en el norte de Barranquilla. Esto se sabe
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar articula trabajo para atender esta comunidad indígena asentada en la capital del Atlático.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) anunció que adelantó trabajos interinstitucionales para atender a un grupo de familias del pueblo indígena yukpa, asentados en el sector de La Loma en Barranquilla, en pleno norte de la ciudad.
De acuerdo con un informe emitido desde el Icbf han desarrollado actividades de prevención de riesgos, caracterización de la población, talla y peso para niños y niñas, entrega de alimentos de alto valor nutricional, entre otras actividades.
“Estas acciones se han adelantado junto con entidades de cooperación internacional como Acnur, Unicef, DRC, Heartland Alliance Internacional, Americares, así como con la Alcaldía de Barranquilla y Migración Colombia”, dice el documento.
Así mismo, el Icbf señaló que ha intensificado un proceso de diálogo con estas familias, ha hecho entrega de raciones alimentarias de emergencia y convocó una nueva mesa intersectorial, toda vez que es una labor que compete a diferentes entidades locales y nacionales.
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“Como resultado de lo anterior, se programó una nueva jornada de atenciones y valoraciones médicas, nutricionales, prerregistros. El trabajo interinstitucional se hace con un enfoque diferencial, respetando la cosmovisión y cosmogonía del pueblo yukpa, para responder de forma integral y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, concluye el informe.
La situación de los niños indígenas en la zona ya había sido reportada por varios ciudadanos a través de las redes sociales denunciando que muchos están en condición de mendicidad y trabajo infantil.
En el departamento de Córdoba, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se han registrado un total de 394 casos de desnutrición aguda que afectan a niños menores de cinco años. Según la entidad, el 33,2 % de estos casos, equivalente a una tercera parte del total, se han concentrado en la ciudad de Montería.
Estos datos, presentados en el boletín sobre “conductas vulneratorias de derechos del periodo enero-julio del 2023″ por el Observatorio de Derechos Humanos de la entidad, han sido motivo de gran preocupación.
Carlos Camargo Assis, el defensor del Pueblo, señaló que otro factor inquietante es la marcada tendencia del 95 % de estos casos en el estrato socioeconómico 1. Esto pone en evidencia, de acuerdo con Camargo, las “violencias estructurales” y la “situación de orden público actual” que están teniendo un impacto directo en los derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables.
“Son 394 casos notificados de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años. Es preocupante, además, la tendencia del 95 % de los casos en el estrato socioeconómico 1, lo cual refleja las violencias estructurales y la situación de orden público actual, que impactan directamente en los derechos a la vida, salud y alimentación de las comunidades más vulnerables”, indicó el defensor del Pueblo durante la presentación del boletín.
Los pueblos indígenas zenú y embera katío, que habitan principalmente en las zonas cercanas a los ríos Sinú, Esmeralda y Río Verde, también se han visto afectados por la desnutrición infantil. Según la Defensoría, se han reportado 49 casos en estas comunidades. Lamentablemente, los datos preliminares del Instituto Nacional de Salud indican que cuatro niños menores de cinco años han fallecido debido a la enfermedad y causas relacionadas.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento ha sido evaluado por el Observatorio, y se ha descubierto que, durante el periodo en cuestión, fue suspendido en varios municipios hasta mediados de junio, impactando directamente a 156,690 estudiantes.
Por otra parte, la situación de violación de derechos humanos también ha sido un tema de preocupación. La Dirección Nacional de Atención, Trámites y Quejas de la Defensoría ha registrado un total de 829 quejas entre enero y julio, todas relacionadas con posibles vulneraciones de los derechos humanos en el departamento. La ciudad de Montería lidera en la presentación de estas quejas, con 369 en total.
