Estos son los detalles revelados por el Ejército del ataque a helicóptero en Tierralta, Córdoba

El mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional, reveló en una reciente rueda de prensa quiénes estarían detrás del ataque al helicóptero del Ejército que transportaba a comisión de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría para investigar hechos en Tierralta, Córdoba.

“Desde la tarde anterior, la unidad militar comprometida en la investigación, con 24 integrantes (un oficial, dos suboficiales, 21 soldados) fue extraída aquí a Montería, lo cual facilitó que se pudieran adelantar durante la tarde, la noche e inclusive en horas de la madrugada, las indagaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Inspección del Ejército Nacional”, dijo inicialmente.

También indicó: “Ese sector donde fue impactado el helicóptero es un corredor del narcotráfico, y teniendo en cuenta eso, activamos la inteligencia técnica con la que se pudo establecer que el Clan del Golfo se adjudica el hecho, situación que, una vez fue conocida, se dio por parte del Comando de la Séptima División o se entregaron las pruebas a la Fiscalía General de la Nación”, reveló.

En la comunicación, también agregó: “desde primera hora estamos listos para hacer ingreso al área como tal para acompañar a las comisiones que no pudieron ingresar el día anterior, que es Fiscalía, Procuraduría y la Justicia Penal Militar, para, en cabeza del comandante del batallón, estar allí facilitando, como ha sido un compromiso desde el consejo de seguridad del día anterior (aquí mismo en Montería) de acompañar todas las diligencias, entregando los medios y facilitando los temas de seguridad”, precisó Ospina Gutiérrez.

También, se permitió informar que el comando del Ejército Nacional, desde el primer momento en que conocieron los hechos ocurridos en la vereda Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta, Córdoba, los rechazó rotundamente.

“Se tomaron las acciones oportunas con el fin de esclarecer las circunstancias acaecidas. Con inmediatez, se dispuso de todos los medios y con prontitud se llevó a cabo el desplazamiento de una comisión inspectora del Ejército Nacional al lugar de los hechos para que adelante las verificaciones correspondientes”.

En ese sentido, dijo que son diez los militares que están comprometidos con las intimidaciones que sufrieron los pobladores de Tierralta, Córdoba. Todos fueron separados del cargo para que rindan explicaciones ante las autoridades.

“Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que hasta el momento se ha podido identificar”, anunció el alto mando desde Montería.

Así las cosas, los supuestos responsables de las amenazas que recibieron los campesinos de Tierralta no podrán portar armas. “Como comandante del Ejército Nacional he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y, adicionalmente, para los mandos, separarlos de alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar, ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de liderazgo operacional ni de inteligencia militar”.

Frente al desarrollo de las investigaciones, el general Ospina anticipó que las conductas disciplinares serán asumidas por la Procuraduría, mientras que la Justicia Penal Militar abrió una investigación por el delito de abuso de autoridad especial, en averiguación de responsables.

El comandante también advirtió: “En igual sentido y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que, según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el ente que adelanta el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación”.

Precisó que se dispuso de todos los medios y las coordinaciones directas en colaboración armónica con la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), “para garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, población vulnerable y demás habitantes del lugar”.