Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se declaró inocente y no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

En la mañana de este miércoles, 8 de marzo, inició la audiencia de imputación de cargos contra el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. La Fiscalía General de la Nación lo acusa por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Dichos señalamientos se habrían desprendido de una megainvestigación denominada “Robo de Magdalena”, sobre posibles irregularidades contractuales entre los años 2013 y 2016.

Entre los casos que habrían motivado la acusación figura la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino de Santa Marta. Ese contrato se habría celebrado 30 de diciembre de 2014 cuando Caicedo fungía como alcalde de la capital del Magdalena.

En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años. Además, la Fiscalía reprochó que la construcción de la megabiblioteca debía estar a cargo del Ministerio de Cultura y no del Ministerio de Educación como sucedió en aquel entonces.

No obstante, en medio del proceso judicial el mandatario departamental se declaró inocente y no aceptó los cargos endilgados.

“Por 20 años el establecimiento y los clanes familiares corruptos de la política del Magdalena han querido callarnos, no lo han logrado ni lo harán. Seguiremos entregando resultados a nuestro pueblo cambiando positivamente sus vida con más obras y proyectos. Juntos venceremos”, trinó Caicedo en su cuenta de Twitter.

Cuando la Fiscalía formuló los cargos imputados, a mediados de febrero, el gobernador calificó la acusación como una “sistemática persecución”. En su defensa dijo lo siguiente:

“La megabiblioteca, la primera de su tipo en la historia de Santa Marta, fueron obras contratadas en el último año de mi período como alcalde en 2014, en dos fases por un valor de 10.044 millones de pesos en la fase 1 en 2014, y 2.795 millones en 2015 para la fase 2, las cuales recibió en ejecución mi sucesor, el alcalde Rafael Martínez para el período 2016-2019″.

Y agregó: “Estas obras, si bien es cierto que en su período tuvieron retrasos por diferencias entre el contratista, el diseñador y la administración, hay que decir que a ello se sumó la inestabilidad política y administrativa del distrito, ya que al alcalde Martínez lo suspendió la Procuraduría 3 meses declarándolo luego inocente, y después la Fiscalía lo detuvo 4 meses para finalmente reintegrarlo. Duque envió un alcalde espurio, Rugeles, que retrasó todas las obras”.

Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal, igualmente, le reclamó a Caicedo que presentara documentación que no correspondía a la realidad del proyecto, puesto que ahí se decía que el proyecto se iba a realizar en el colegio normal distrital San Pedro Alejandrino, de Santa Marta. Sin embargo, la obra se ejecutó en otro lugar y tuvo un nombre totalmente diferente al que estaba en el contrato inicial, lo cual no es un detalle menor.

“Usted, presuntamente, faltó a los principios de la contratación estatal y la función pública al tramitar sin verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales, la documentación pública con las irregularidades que se le pusieron de presente frente a la falta de planeación y de la economía”, precisó el fiscal del caso.

En ese sentido, reprochó que pese a su capacidad académica y conocimiento de la administración pública le dio el aval a la presentación de documentos ante el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) para el desarrollo de la megaobra. “Todo ese proceso precontractual fue responsabilidad suya, pues participó desde el origen, concebido de manera irregular”.

“Se concertó en sacar ese proyecto pasando por encima del estatuto de contratación estatal y demás normas”, alegó el delegado del ente investigador, quien advirtió que el encargado de la obra, designado por Caicedo, no contaba con la experticia para el desarrollo de la misma. “Se le dio el aval a un proyecto mal planificado”.