“La gente no aguanta”: gremio de comerciantes de Barranquilla pide declarar emergencia tarifaria por altos costos de energía

Este martes, 4 de octubre, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, estuvo en Cartagena y se reunió con agremiaciones y usuarios para dialogar sobre las inconformidades en torno a la carestía del servicio eléctrico.

En medio del encuentro, Dina Luz Pardo, directora de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla, explicó que las personas “no aguantan más” y solicitó garantías para frenar el alza en las tarifas.

Aunque la jefe de la cartera de energía ha sido reiterativa en que los precios disminuirán en noviembre, el gremio de comerciantes alega que la situación en el Caribe es distinta a la del resto del país, y las soluciones previstas no son suficientes.

Durante su intervención, la líder gremial sugirió que se adopte la declaratoria de “emergencia tarifaria” para que el Gobierno nacional apoye a solventar la situación financiera respecto al pago del servicio.

“Así como se declara una emergencia sanitaria, una emergencia por invierno, nosotros proponemos que se declare una emergencia tarifaria en el Caribe colombiano y que sea el Gobierno el que, en estos dos meses que restan del año, asuma en estos momentos porque la gente no aguanta”, sostuvo la funcionaria.

Pardo también se refirió a la propuesta que planteó Isagén, la empresa generadora y comercializadora de energía, de acordar con las compañías una reducción del 10 % en la tarifa.

“Si el 10 de octubre usted sale ante los medios de comunicación (refiriéndose a la ministra) a decir lo que dijo Isagén, un descuento del 10 %, eso prácticamente va a detonar manifestaciones por toda la costa Caribe. La gente se va a rebotar”, señaló Dina Luz Pardo.

Cabe recordar que como parte del paquete de medidas anunciado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió una serie de resoluciones que plantean posibles soluciones para iniciar el proceso de reducción de las tarifas de energía eléctrica en el país a partir del mes de noviembre.

Sin embargo, en la costa Caribe la ciudadanía explica que la carestía está asociada, mayoritariamente, por el cobro de las pérdidas en término de robos. Advierten que en ese paquete de medidas no se contempla la reducción o eliminación de esa tarifa.

La primera resolución está proyectada a 12 meses y busca involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las tarifas eléctricas. Así mismo, está relacionada con aliviar la carga de los comercializadores, que son los que recaudan el dinero de las tarifas, permitiéndoles el diferimiento de, al menos, el 20 % de las obligaciones desde septiembre a diciembre de 2022 con los generadores, transmisores y distribuidores, cuyo período para pagar los dineros diferidos es de 18 meses, contados a partir de enero de 2023.

También se permitirá la renegociación de los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores, que incluye la modificación de tiempos de pago y los períodos de consumo en 12 meses.

La segunda medida regulatoria, también proyectada a 12 meses, determinará el porcentaje de variación de la opción tarifaria para el primer mes después de la aprobación de dicha regulación. Luego del primer mes, se definirá la tasa de crecimiento de la opción tarifaria que antes no podía ser inferior a 0,6 en un valor igual a 0 o negativo.

Finalmente, la tercera resolución que emitió la Creg y que entra en vigor en cinco meses, pretende optimizar la operación de las plantas termoeléctricas en el país, según el número de unidades y la potencia de cada una de ellas.