La historia de un ciudadano en La Guajira que denunció a su vecino por poner música que le recuerda una infidelidad

Una peculiar tutela llegó ante el Juzgado Décimo Civil Municipal de Albania, en el departamento de La Guajira, donde un hombre emprendió una acción judicial en contra de su vecino por la clase de música que pone y los recuerdos que esta le trae.

Para el denunciante, se trata de una burla por una situación de infidelidad que vivió hace unos meses con su expareja. La mujer lo abandonó y ahora convive con otro hombre, por lo que alega que su vecino ha convertido la situación en una especia de burla cuando pone a sonar su equipo de sonido.

Canciones como Santo cachón de la agrupación vallenata los Embajadores del Vallenato y otra como El venao de la agrupación Los Cantantes, hacen pensar al hombre que su vecino tiene toda la intención de hacerle daño emocionalmente.

La víctima del presunto caso asegura que con estas acciones se viola su derecho a vivir tranquilo y en sana paz, pues su vecino de cierta forma lo ridiculiza y se burla de lo ocurrido con su expareja, argumentando que tiene derecho a vivir tranquilo.

El hecho ha causado toda clase de reacciones, algunos aseguran que se trata de un caso que aunque parezca cómico puede terminar en una tragedia si las autoridades no intervienen, y otros en redes sociales aseguran que se trata de un simple caso de intolerancia.

Ordenan suspender a alcalde en La Guajira

La Procuraduría ordenó la suspensión del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por un período de tres meses, debido a presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa de acueducto.

Instrucción para la Contratación Estatal, que además le informó sobre la apertura de una nueva investigación.

Ahora bien, esta nueva indagación no solo incluye a Bermúdez Cotes, también están involucrados: asesores jurídicos para la contratación, secretario de obras y otros funcionarios; el punto en común de estas personas es el manejo de la contratación y obras públicas de Riohacha.

La decisión tomada por la Procuraduría se da en el marco de la “Licitación Pública LP1008/2022, cuyo objeto fue contratar el operador para la gestión, financiación, operación, rehabilitación, construcción, diseño, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado sanitario en el Distrito de Riohacha”.

Al parecer, empezaron a notar irregularidades en el proceso licitatorio desde el inicio de la convocatoria, información que obtuvo la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Contratación estatal, quienes además daban sus observaciones a medida que avanzaba el proceso para “corregir probables fallas detectadas”. Incluso, el Ministerio Público sugirió suspender el proceso.

Aunque la licitación fue suspendida, según la Procuraduría, la documentación presentaba problemas que posteriormente afectarían a las partes involucradas, es ahí cuando el ente de control pidió hacer las correcciones pertinentes.

No obstante, a pesar de las advertencias, en marzo de este año, se conoció que la Administración de Riohacha, a través de la Resolución 0311 suscribió el contrato con la Promesa de Sociedad futura Aqualia S. A. S. y E. P. S.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, emitida desde la Procuraduría, la respuesta a los interrogantes hechos al mandatario local deberá ser enviada al buzón quejas@procuraduria.gov.co y copia de esta al correo electrónico funcionpublica@procuraduria.gov.co con la mayor brevedad posible y teniendo en cuenta el cronograma del proceso”.

“La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, de acuerdo con la solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, inició vigilancia preventiva al proceso de contratación (…) Con el fin de anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas y el patrimonio público, y promover el respeto de las garantías de los derechos constitucionales...”, se lee en el documento.

Desde la Procuraduría recomendaron a la entidad estatal aclarar la definición del área de prestación de servicio dentro de los documentos que hacen parte del proceso licitatorio, pues lo consignado en los mencionados documentos puede dar lugar a diferentes interpretaciones sobre dicha área.

“Las áreas de prestación y cumplimiento de obligaciones del operador son la zona urbana y rural del Distrito de Riohacha”, anotaron desde la Procuraduría.