Fiscalía responde al presidente Gustavo Petro: envió informe de resultados contra Clan del Golfo en la Costa Caribe. Aquí está

La Fiscalía General de la Nación respondió el requerimiento hecho por el Gobierno nacional, en el que se exigía un informe de resultados sobre los avances de las investigaciones correspondientes a los “asesinatos sistemáticos” cometidos en el país a manos de estructuras criminales como el Clan del Golfo.

Cabe recordar que la solicitud fue hecha por el presidente Gustavo Petro desde el pasado martes, 2 de mayo, luego de una denuncia presentada por el periodista Gonzalo Guillén en el portal La Nueva Prensa.

En la publicación, se menciona al fiscal Daniel Hernández Martínez, quien, supuestamente, tenía previos conocimientos sobre unas serie de crímenes perpetrados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), pero, aparentemente, no habría realizado alguna gestión para evitarlo.

En ese sentido, el periodista acusó al fiscal Hernández, así como al jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, y a la vicefiscal, Martha Mancera, de encubrir las acciones de lesa humanidad cometidas por algunos subersivos, entre ellos: Julio Alberto Benavides Lapeira, alias ‘el Tigre’; José Daniel Pacheco Valencia, alias ‘Fujimory’; Haumed Ahumada Gómez, alias ‘el Valluno’; Manuel Alejandro Catalán Pérez, alias de ‘el Flaco del retén’; Eliécer Rafael Hernández Ursola, alias ‘el Mono’; Nicolás Alberto Lemus Hernández, alias ‘Choque’; Ángel María Benavides Lapeira, alias ‘Ángelo’; Geisa María Mora Caballero; entre otros.

Pues bien, bajo reserva, la Fiscalía dio a conocer que entregó dicho informe donde se revelan los resultados obtenidos por el ente acusador durante el tiempo enmarcado en la denuncia, que comprende desde el año 2008 hasta el 2010. Asimismo, detalla los resultados en materia de esclarecimiento de 21 homicidios ocurridos entre 2021 y 2022.

Aunque el órgano judicial no dio a conocer el balance solicitado, desde la Fiscalía explicaron que se entregó un informe minucioso en materia de investigación y judicialización de la criminalidad organizada en departamentos como Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar y La Guajira.

“Esto incluye datos de dos temporalidades distintas. La primera hace alusión al periodo 2008-2010, que hace referencia a la indagación objeto de la solicitud. La segunda corresponde al periodo 2020-2023, con la metodología y estrategia investigativa de la Fiscalía General de la Nación liderada por el fiscal Francisco Barbosa Delgado. Aquí se hace énfasis en los logros investigativos y judiciales obtenidos contra el Clan del Golfo en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena; las cifras de la estrategia en materia de homicidios en contra de defensores de derechos humanos y la afectación a las finanzas ilícitas de ese grupo armado ilegal”, señaló la entidad judicial.

Fiscalía imputará a exministra del Deporte

La Fiscalía General de la Nación revisó minuciosamente lo que María Isabel Urrutia hizo los últimos días que estuvo en el ministerio del Deporte. La entidad la investiga como posible responsable de varias conductas delictivas en el trámite y celebración de más de un centenar de contratos.

“De acuerdo con los elementos de prueba, luego de que el presidente de la República le solicitó públicamente la renuncia, la noche del 28 de febrero del año en curso, la exfuncionaria ordenó dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 106 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses”, señala un comunicado de la entidad.

Además, agrega: “En las actas de terminación anticipada cada contratista señaló que ponía fin al compromiso laboral por motivos personales. Sin embargo, por instrucción de la entonces ministra, en apenas cuatro días fueron contratados nuevamente, pero por un término mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023″.

Las pesquisas llevaron a que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia haya tomado la decisión de imputar a Urrutia Ocoró por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía aclaró que no se solicitará la imposición de medida de aseguramiento.

Como no había ocurrido en la historia reciente del país, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, fue declarada insubsistente por orden del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de marzo. La salida por la puerta de atrás de una de las glorias del deporte colombiano encendió las alarmas y generó más de un interrogante. SEMANA revela las razones de su sorpresiva salida y que tienen que ver con serias sospechas por presuntas irregularidades en una auténtica maratón de contratos.

En total son 202 procesos que están en la mira de los organismos de control. Todos ellos fueron suscritos entre el sábado 4 de marzo y el lunes 6 de marzo, es decir, cuando Urrutia había dejado de ser ministra, según las primeras indagaciones del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco. Los hallazgos fueron trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

La velocidad relámpago de la contratación de los 202 convenios es llamativa y hubo movimientos de documentos hasta la medianoche, tal como lo denunció el abogado Daniel Briceño. Los recursos comprometidos ascienden a 24.000 millones de pesos.

Las fechas muestran que, antes de ese fin de semana, el volumen de contratos era otro en la entidad: entre el 16 y el 20 de enero, en el Ministerio del Deporte se firmó solo un contrato; entre el 23 y el 27 de febrero fueron 40; entre el 30 de enero y el 3 febrero fueron 39; entre el 5 y el 10 de febrero, 34; entre el 13 y el 17 de febrero, 37; entre el 20 y el 24 de febrero, 64, y entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, 25.

Esos 202 contratos representan el 45,7 % del total que se ha firmado este año en ese ministerio. En total, son 442 contratos en lo corrido de 2023. Ese fue el primer punto que generó una gran alerta en la Presidencia.

Otra preocupación de la Secretaría de Transparencia es que, de esos 202 contratos, 106 seguían teniendo funciones activas, es decir, contaban con contratos vigentes con la entidad, lo que podría conllevar a una doble contratación y a problemas más graves.

En un documento enviado por la Secretaría de Transparencia a la Contraloría, y que conoció SEMANA, se detalla la documentación de esos 106 contratistas que tuvieron duplicidad. En el archivo se evidencian los nombres y datos de cada uno de ellos. Los contratistas tenían funciones hasta abril o mayo. El problema es que, antes de que se les venciera la prestación de sus servicios, Urrutia firmó directamente con ellos un nuevo contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.

Idárraga aseguró que un requisito para acudir a ello es que se presente un acta de terminación del contrato anterior, que fue radicada en algunos de los casos. Sin embargo, 79 de ellos volvieron a contratar con el Ministerio del Deporte con los mismos objetivos, tareas, obligaciones, certificados, entre otros documentos que deben ser presentados. Solo 27 contratos tuvieron un nuevo propósito. “Se trata de un ajuste de redacción en muchos casos o de la tarea que podía modificar sus honorarios”, alertó el secretario de Transparencia, quien dice que se pudo haber incurrido en un posible detrimento patrimonial.

Asimismo, se habría vulnerado el principio de planeación “al no tener en cuenta que tendría suscritos contratos con objetos iguales con los mismos contratistas”, según el documento enviado por la Secretaría de Transparencia a los organismos de control. Eso quiere decir que se usó la misma justificación en la segunda contratación, sabiendo que la actividad estaba cubierta y en ejecución por un par de meses.

Idárraga advirtió que, para que la exministra Urrutia hubiera llevado a cabo esa tarea, debía presentar una justificación y una autorización, documentos que deben ser publicados en el Secop. Sin embargo, en las investigaciones solo se encontró el primer documento. El segundo no fue cargado al sistema.

El Decreto 2209 de 1998 establece que se podrían suscribir los contratos sin ese documento con una autorización expresa del “jefe del órgano”, pero esta tampoco fue detallada. “En la verificación realizada no fue posible evidenciar la existencia de dicha autorización”, aseguró Idárraga.