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Lo último: Procuraduría abrió indagación contra funcionarios de la Gobernación del Magdalena por presuntas irregularidades en el PAE
En visitas a colegios de los 28 municipios del departamento no certificados en educación, la Procuraduría encontró falencias que afectaron seriamente la distribución del PAE.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra un número de funcionarios por determinar, de la Gobernación de Magdalena, por presuntas irregularidades administrativas y logísticas en la contratación y entrega de los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.
La regional Magdalena pudo evidenciar, tras una revisión a los términos de contratación del PAE departamental para la vigencia 2023 y visitas en los diferentes planteles beneficiados con el programa, presuntas falencias en el servicio ofrecido por el operador del contrato, que habrían llevado a la interrupción abrupta del suministro de alimentos en todos los municipios beneficiarios del programa.
El Ministerio Público asegura en su auto de apertura que las acciones ejecutadas por la Gobernación para garantizar la continuidad de la entrega de dicho complemento alimenticio han resultado insuficientes.
“Desde la Gobernación del Magdalena no se habían tomado las medidas pertinentes para evitar la actual situación, cuando desde el pasado 8 de marzo de 2023 se conocía que el proceso de licitación abierto para seleccionar el contratista para el presente año había sido declarado desierto y que el actual contrato cubriría las raciones a distribuir solo hasta el 17 de marzo de 2023″, se afirma en el auto de apertura de la Procuraduría.
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En sus visitas a los colegios del departamento, la Procuraduría también encontró otras falencias de consideración, que estarían afectando seriamente la distribución del PAE, como instalaciones y equipos (refrigeradores, estufas y menaje) de las cocinas que utiliza el contratista en mal estado, ausencia de elementos de aseo y falta de pago a las personas encargadas de preparar los alimentos.
En los colegios que no tienen cocinas ni comedor, se encontró que algunos de los kits alimenticios se entregaban sin refrigerar y de acuerdo con lo manifestado por los niños les ocasionaba dolores de estómago, según se relata en el informe con fines disciplinarios presentados después de las visitas.
Entre los documentos solicitados por la Procuraduría para determinar responsabilidades y definir si realiza apertura formal de investigación, están las identidades, hojas de vida, actas de posesión y funciones específicas de los servidores públicos de la Gobernación responsables de la contratación y administración del PAE.
En el departamento de La Guajira, la Procuraduría General volvió a pedirle a la gobernadora (e) del departamento, Diala Patricia Wilches Cortina, que tome medidas urgentes para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento. Esta solicitud de la entidad se dio ante el riesgo inminente de suspensión de la operación del programa, lo cual podría afectar a todos los beneficiarios.
El requerimiento de la Procuraduría surgió como respuesta a la alerta emitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender (UApA), en la cual se advirtió sobre la posibilidad de suspender la operación del PAE en La Guajira. En caso de concretarse esta situación, más de ochenta mil niños, niñas y adolescentes se verían perjudicados en sus derechos a la salud, a una alimentación equilibrada y a la educación.
Con el fin de prevenir esta suspensión y controlar adecuadamente la gestión del programa, la Procuraduría solicitó a la gobernadora (e) que lleve a cabo de manera inmediata los trámites internos necesarios para asegurar los recursos financieros destinados al convenio del PAE. Asimismo, se insta a gestionar la continuidad del programa mediante una colaboración activa con el Programa Mundial de Alimentos.
Adicionalmente, el Ministerio Público requirió a la gobernadora (e) que revise de manera inmediata los contratos existentes con los operadores encargados de atender a la población indígena. Esta medida busca asegurar la prestación del servicio a dicha población durante el resto del calendario escolar 2023.
El órgano de control espera que la gobernadora (e) tome las acciones pertinentes para asegurar la continuidad y calidad de este programa, que no deja de verse envuelto en polémicas.
