ATLÁNTICO
Movilidad en jaque: las extorsiones y asesinatos tienen contra las cuerdas a conductores en Barranquilla
Tres asesinatos en menos de una semana encendieron las alarmas. La ciudad estuvo paralizada por al menos tres días. Estas son las desgarradoras historias de las víctimas.
La crisis del transporte en Barranquilla por el cese de actividades de 24 empresas de buses municipales dejó al descubierto un escenario de extorsiones, robos, asesinatos e intimidaciones a este gremio. La situación no es nueva, pero sí llegó a un punto en el que todo se salió de control.
El paro de transportadores comenzó el pasado lunes. La movilidad de la ciudad amaneció paralizada: no había buses, solo bloqueos y miles de usuarios a pie tratando de llegar a sus destinos. Los conductores de buses señalan, entre otras cosas, que los están matando.
Sacaron a relucir una lista de compañeros asesinados por no acceder a las extorsiones. El primer homicidio ocurrió el sábado 23 de julio. Willington José Hernández Borja apenas había tramitado su licencia de conducción, pues laboraba en el área de suministro de gasolina y consideraba que ya era momento de experimentar otro tipo de trabajo. La empresa Cootrab lo apoyó y le puso a disposición una de sus rutas.
Ese sábado por el sector de 7 Bocas, en el barrio Soledad 2000, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron por la ventanilla del bus y le dispararon. Los momentos fueron angustiantes. “Él trató de escapar, se bajó de la buseta, pero cayó muerto en toda la esquina. El vehículo comenzó a rodar solo mientras los pasajeros se tiraban a la calle. Fue algo impresionante”, relató Walter Ballena, compañero de la víctima, quien se enteró de lo sucedido por medio de videos que le comenzaron a llegar en su chat de WhatsApp.
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A Willington José lo enterraron una semana después, el domingo 31 de julio. El mismo día en que la ciudad se estaba enterando de un tercer homicidio.
John Pardo tenía 42 años, era conductor de la empresa Transmecar. Al enterarse de las amenazas y asesinatos, había tomado la decisión de renunciar, no quería exponerse, pero el tiempo no le alcanzó. El domingo 31 de julio, los sicarios le dispararon a quemarropa mientras cumplía su último servicio. Sus compañeros más cercanos le contaron a SEMANA que entre sus planes figuraba viajar a Panamá porque quería comprometerse con una mujer.
Ese día, el gerente de la compañía, David García, había terminado su jornada laboral y descansaba en su casa. A eso de las 3:30 p. m. recibió una llamada. “El jefe de ruta me dice que al parecer asesinaron a un conductor de la empresa”, contó. La Policía confirmó el homicidio y momentos después las imágenes se viralizaron: John Pardo transitaba a la altura del barrio Manuela Beltrán, en Soledad, cuando detuvo el vehículo para recoger a un pasajero. En cuestión de minutos, el hombre sacó un arma y le disparó en varias ocasiones.
El crimen alertó a los demás trabajadores. De inmediato, todos los conductores de Transmecar suspendieron sus labores y al día siguiente anunciaron el cese de sus actividades. La magnitud fue tal que, según David García, hasta la fecha ha recibido seis solicitudes de renuncia y al menos ocho peticiones de vacaciones. De 146 buses que tiene la compañía, apenas un poco más de 64 están operando.
Desde su perspectiva, García aseguró que sí han sentido la presencia de las autoridades, “pero, cuando recogemos las impresiones de los trabajadores, ellos no sienten que el acompañamiento de la Policía y el Ejército sea efectivo. Ellos quieren un policía por cada vehículo, pero eso es casi que imposible”.
Los conductores manifiestan que desde 2013 los están extorsionando. Pero desde octubre del año pasado las amenazas se agravaron. Explican que los extorsionan por medio de llamadas o buscan sus perfiles en redes sociales y les escriben.
¿Qué dicen las autoridades?
“En seguimiento a la alerta 037 de 2020 emitida para Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, hemos constatado que la situación de derechos humanos en el área metropolitana de la capital de Atlántico se ha venido deteriorando, lo que se refleja en el aumento en los indicadores de violencia. Por ejemplo, el aumento de los homicidios del 25 por ciento y de las extorsiones, con 128 por ciento”, que recaen, entre otros, en conductores de buses y comerciantes, manifestó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
En el documento emitido por la Defensoría se estableció que en Barranquilla y otros municipios se identificaron estructuras criminales como los Costeños, los Nuevos Rastrojos, el Bloque Central Renacer, los Papalópez, los Vega y las AGC o Clan del Golfo.
“Nos preocupa, sobre todo, la situación en Barranquilla, Malambo y Soledad, pues, aunque la alerta contiene una serie de recomendaciones para prevenir y mitigar el riesgo, en el seguimiento llevado a cabo se pudo establecer la precaria e insuficiente acción institucional, lo que se refleja en la situación que hoy estamos viviendo: tres conductores asesinados en menos de ocho días, paro de transportadores, circulación de panfletos, entre otras”, dijo el defensor del Pueblo.
Por su parte, el Ministerio de Defensa sostuvo una reunión con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins; la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; el alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós; el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, junto con mandos militares y de Policía.
Durante el encuentro se determinaron al menos seis acciones con el propósito de proteger a la población, especialmente a los conductores de buses que prestan sus servicios en Barranquilla y su área metropolitana.
La primera medida anunciada fue el despliegue de caravanas de seguridad que estarán presentes en siete tramos de rutas, así como la identificación de 51 puntos críticos donde habrá mayor presencia de la fuerza pública.
“Como resultado de la información de inteligencia que poseen las autoridades, se determinó que siete tramos viales del área metropolitana de Barranquilla contarán con caravanas de protección, un refuerzo de seguridad, el cual contempla desde motorizados de la Policía Nacional, vehículos del Ejército Nacional y hasta vigilancia aérea por parte de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana”, indicaron desde el Ministerio de Defensa.
En ese sentido, el ministro de Defensa, Diego Molano, reveló que 1.000 integrantes de la Policía estarán desplegados en la ciudad. De esa cifra, 875 uniformados ya hacen presencia en Barranquilla y se espera que el resto arribe en el transcurso de esta semana. “Se había acordado la llegada adicional de 220 soldados de Gaula Militar, los cuales ya están desplegados en la ciudad, y ahora hemos acordado llevar un pelotón motorizado, compuesto por 36 soldados, con el propósito de aumentar la presencia tanto en los siete tramos priorizados como en los 51 puntos establecidos”, detalló el funcionario.
En medio de su intervención, el ministro informó que habrá un seguro de vida a disposición de los conductores. Además, se reforzarán las capacidades operativas de la fuerza pública con la entrega de 200 motos para la Policía, cuatro camionetas para garantizar la movilidad del Ejército y 100 chalecos antibalas que también podrían ser asignados a los empleados de las compañías de transporte.
Las empresas de buses no descartan un nuevo cese de actividades la próxima semana porque, paralelamente a la publicación de este informe, se conocieron más amenazas contra conductores.
