Piden con urgencia crear un estudio de investigación sobre la extorsión en Barranquilla: “Ha dejado muertos, destierros, cierre de establecimientos”

El gremio de comerciantes del centro de Barranquilla (Asocentro), en cabeza de su directora Dina Luz Pardo, hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que se ponga en marcha un estudio de investigación sobre la dinámica de la extorsión en la ciudad.

El anuncio lo dio a conocer junto con Janiel Melamded, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad del Norte. Ambos coinciden en que se registró una disminución en el índice de homicidios durante el mes de febrero, pero los casos de extorsión siguen en aumento.

“Mientras ciudades como Medellín y Bogotá cuentan con investigaciones sobre la extorsión, Barranquilla adolece de un estudio que establezca la caracterización, estudio y análisis de los actores e índice en pérdidas humanas, de destierro,... y a nivel económico, además de las pérdidas que se generan cuando una víctima debe cerrar su establecimiento, también está el caso para aquellos que sí o sí, deben redoblar su sistema de seguridad”, explicaron desde Asocentro.

Las principales críticas se concentran en las determinaciones y procesos jurídicos, pues por parte de la Policía y la Fiscalía se ejecutan las órdenes de capturas, pero los delincuentes terminan con casa por cárcel o vencimiento de términos.

“Por ende, los Grupos Armados Delincuenciales Organizados, continúan robusteciéndose, toda vez que cuentan con una de las fuentes de financiación (por no decir la más importante o primera): el dinero de las empresas que obtienen a la fuerza, con intimidaciones y agresiones, a través de la extorsión”, señaló la asociación.

La directora, Dina Luz Pardo Olaya, indicó que “Llevamos 10 años ‘quejándonos y pronunciándonos sobre este flagelo y en esta década, la extorsión ha dejado muertos, destierros, cierre de establecimientos y, algo que no se ha dimensionado: el impacto en la salud mental y del sistema nervioso de los extorsionados y sus familiares y, para colmo, ni siquiera está tipificado este delito desde esta orilla “.

Y añadió: “Además de la afectación a la integridad física, la libertad individual y colectiva, y la propiedad privada, con la intimidación o amenaza de si no se le da al extorsionista el monto de dinero solicitado, impactará la vida de su víctima o familiares, y es ahí donde se trastoca otro terreno, sobre el cual no se juzga ni penaliza. El delito lo es, para la ley y las autoridades, cuando el hecho está consumado, cuando se ha pagado lo exigido por estos delincuentes; el proceso y lo que se padece desde el inicio de la llamada extorsiva hasta el momento del pago -si lo hay- no cuenta”.

“Lo anterior indica que además del estudio se requiere una reforma al artículo 244 del código penal y sobre esto ya se lo manifestamos al alcalde para que se tenga en cuenta y sea presentada la solicitud a nuestros parlamentarios del Caribe, tal como también, desde los gremios, hemos solicitado esta modificación”, puntualizó Dina Luz Pardo Olaya.

Entre tanto, Janiel Melamed considera que se hace necesario reorientar la política de seguridad en el distrito y revisar la manera en que se está abordando la complejidad del asunto, toda vez que la violencia ha ido escalando de magnitud y, evidentemente, ha sufrido procesos de transformación.

“La confrontación entre grupos criminales ha derivado, en los últimos años, en la consolidación de los altos índices de homicidios”, precisó Janiel.

De hecho, también hizo énfasis en las actividades extorsivas como uno de los factores desencadenantes y sobre los cuales se deben adoptar estrategias más efectivas.

“En Barranquilla no hay un estudio que permita la adecuada caracterización del fenómeno y su impacto sobre sectores comerciales. A falta de este esta caracterización, las capacidades e intenciones para intervenir en el flagelo pueden verse malgastadas”, indicó Melamed.

¿Qué dice el artículo 244 del código pena?

“El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”