Por presunto caso de corrupción, envían a la cárcel al exalcalde de Juan de Acosta, Atlántico; se habrían robado más de $1.000 millones

La Fiscalía General de la Nación obtuvo abundante material de prueba que da cuenta de la posible responsabilidad en un presunto caso de corrupción del exalcalde de Juan de Acosta, Atlántico, Iván de Jesús Vargas Molina, así como a la exauxiliar administrativa de la Secretaría de Hacienda, Nellyd Cariaga Ferrer; y el exmensajero del despacho, Román Ramón Rada Molina, en la posible apropiación de cerca de 1.000 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, entre 2016 y 2019, los exfuncionarios se habrían articulado para cobrar por ventanilla 106 cheques que superaban en valor los 999 millones de pesos. En su mayoría, estos desembolsos no superaban los 10 millones de pesos.

“La salida del dinero, al parecer, fue soportada con 13 contratos o convenios suscritos con fundaciones y pago de acreencias y obligaciones laborales ficticias. Se acreditó que, para darles apariencia de legalidad a estos pagos, falsificaron documentos públicos y privados. En particular, se alteraron las firmas y números de cédulas de los endosos que figuraban o aparecían en los títulos valores (cheques) utilizados para el cobro de estos recursos, entre otras anomalías”, indicó el ente acusador.

La evidencia recopilada indica que los representantes de las fundaciones involucradas, presuntamente, fueron presionados y amenazados para que accedieran a la celebración de los contratos y firmas de los soportes.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los investigados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Adicionalmente, al exalcalde le fueron formulados, además, los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

Denuncia pone contra las cuerdas al exjefe de protección de la vicepresidenta

SEMANA tiene en su poder la denuncia anónima que dejó por fuera de la Policía al coronel Jorge Enrique Hurtado, exjefe de protección de la vicepresidenta Francia Márquez, quien era el encargado de complacer caprichos como el transporte en helicóptero hacia el corregimiento de Dapa, muy cerca de Cali, y hasta la disposición de una ambulancia las 24 horas. Aunque Márquez habría tratado de frenar su salida, no lo logró. Los señalamientos son graves.

Al despacho de la inspección de la Policía llegó la delicada denuncia. Esta señala que el coronel Hurtado, mano derecha de Márquez, habría aprovechado sus relaciones políticas y su cercanía con la alta funcionaria en su favor.

“Aprovechando sus influencias políticas, ha logrado escalar hasta los más altos cargos en la Policía, estando pendiente de ascender al grado de coronel, lo que es una vergüenza institucional, teniendo en cuenta que es un oficial que va en contravía de las políticas y valores, ya que en su trayectoria ha presentado diferentes investigaciones disciplinarias. Para colmo, tiene un incremento en patrimonio exagerado que ha ocultado y no ha sido posible que lo investiguen”, señala el documento en poder de SEMANA.

Incremento patrimonial

La nuez de la denuncia es que el coronel Hurtado, de forma súbita, habría aumentado de forma exagerada e inexplicable su patrimonio, en especial en los últimos años.

“Este oficial, tenemos conocimiento, ha incrementado su patrimonio económico en la institución de una manera ilegal, puesto que, con el sueldo de oficial de la Policía, jamás podría acumular el monto de propiedades que actualmente posee, que se estima aproximadamente en más de nueve mil millones de pesos”, se lee en la denuncia.

Además, advierten que, para evitar que las autoridades identificaran estos movimientos e inversiones, “este funcionario, incumpliendo con la ley y evitando la vigilancia de las autoridades tributarias, ha dejado de declarar su renta por más de 6 años, con el fin de ocultar dinero que ilegalmente ha obtenido, en provecho de los cargos que ocupó en la Policía”.