Nación
Por presunto incumplimiento de obligaciones, ICBF investiga fundaciones a cargo de hogares comunitarios en Atlántico
El Instituto Colombiano del Bienestar Familiar le puso la lupa a varias fundaciones y otras entidades que prestan servicios a niños en el departamento.
Luego de múltiples reclamos de madres comunitarias y padres de familia con quienes se adelantaron reuniones y se recibió documentación al respecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), anunció que dará apertura a procesos de investigación de carácter administrativo contra dos entidades y una unión temporal, operadoras de servicios a la primera infancia en el departamento del Atlántico por presuntos incumplimientos en sus obligaciones en la atención a esta población.
Se trata de las fundaciones ‘Restaurar’, que administra Centros de Desarrollo Infantil y la Fundación Nuevo Horizonte, que tiene a su cargo Hogares Comunitarios de Bienestar. A su vez, la Unión Temporal Unidos, que administra Hogares Comunitarios.
De acuerdo con lo dicho en un informe del ICBF, “los presuntos incumplimientos tienen que ver con retrasos en el pago del talento humano y su seguridad social, falta de dotación en las unidades de servicio, presuntos incumplimientos en la entrega de alimentos, entre otros”.
Ante esta situación, el ICBF inició las acciones jurídicas en el marco de un debido proceso para determinar si efectivamente han existido incumplimientos o no, y actuará conforme a la ley y los lineamientos para tomar las medidas pertinentes.
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Entre tanto, el ICBF convocó a una mesa conjunta con las entidades operadoras y madres comunitarias con el fin de dar pronta solución a las dificultades que han dado origen a las quejas y así evitar una afectación sobre el servicio que se presta a los niños y niñas.
En Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, el ICBF anunció también que adelantó trabajos interinstitucionales para atender a un grupo de familias del pueblo indígena yukpa, asentados en el sector de La Loma en Barranquilla, en pleno norte de la ciudad.
De acuerdo con un informe emitido desde el ICBF, han desarrollado actividades de prevención de riesgos, caracterización de la población, talla y peso para niños y niñas, entrega de alimentos de alto valor nutricional, entre otras actividades.
“Estas acciones se han adelantado junto con entidades de cooperación internacional como Acnur, Unicef, DRC, Heartland Alliance Internacional, Americares, así como con la Alcaldía de Barranquilla y Migración Colombia”, dice el documento.
Así mismo, el ICBF señaló que ha intensificado un proceso de diálogo con estas familias, ha hecho entrega de raciones alimentarias de emergencia y convocó una nueva mesa intersectorial, toda vez que es una labor que compete a diferentes entidades locales y nacionales.
“Como resultado de lo anterior, se programó una nueva jornada de atenciones y valoraciones médicas, nutricionales, prerregistros. El trabajo interinstitucional se hace con un enfoque diferencial, respetando la cosmovisión y cosmogonía del pueblo yukpa, para responder de forma integral y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, concluye el informe.
La situación de los niños indígenas en la zona ya había sido reportada por varios ciudadanos a través de las redes sociales denunciando que muchos están en condición de mendicidad y trabajo infantil.
En el departamento de Córdoba, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se han registrado un total de 394 casos de desnutrición aguda que afectan a niños menores de cinco años. Según la entidad, el 33,2 % de estos casos, equivalente a una tercera parte del total, se han concentrado en la ciudad de Montería.
Estos datos, presentados en el boletín sobre “conductas vulneratorias de derechos del periodo enero-julio del 2023″ por el Observatorio de Derechos Humanos de la entidad, han sido motivo de gran preocupación.
Carlos Camargo Assis, el defensor del Pueblo, señaló que otro factor inquietante es la marcada tendencia del 95 % de estos casos en el estrato socioeconómico 1. Esto pone en evidencia, de acuerdo con Camargo, las “violencias estructurales” y la “situación de orden público actual” que están teniendo un impacto directo en los derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables.
