Preocupación en Barranquilla: Concejo aprobó aumento del impuesto de alumbrado público y gremios advierten que afectará economía

Luego de contar con la aprobación del Concejo distrital, el alcalde encargado de Barranquilla, Alfredo Carbonell, sancionó el nuevo Estatuto Tributario que encendió la polémica en la ciudad, pues establece un nuevo incremento en el cobro de alumbrado público e Industria y Comercio (ICA) que podría impactar el bolsillo de los barranquilleros.

Resulta que antes de terminar el periodo legislativo, el Concejo modificó varios artículos del Estatuto Tributario Distrital, amparado en el decreto 0119 de 2019. Uno de los cambios está relacionado con el incremento de las Unidades de Valor Tributario (UVT), que es clave para determinar el precio de dicho impuesto.

Pues bien, con la nueva disposición, a partir del 1 de enero de 2024, el distrito comenzará a cobrar un ICA con aumentos de hasta el 42 % en el sector comercial y hasta el 29 % en zonas residenciales. Esta medida solo aplicará para los usuarios de estratos 3, 4, 5 y 6. Por su parte, las personas de estrato 1 y 2 quedaron exoneradas de ese pago.

El impuesto de alumbrado público e Industria y Comercio es uno de los componentes incluidos en la factura de la energía. Esto quiere decir que los nuevos precios podrían encarecer el recibo, y para el caso de quienes habitan en estrato 1 y 2 representa un alivio.

Los ajustes al Estatuto Tributario Distrital cayeron como un balde de agua fría entre los gremios económicos. Varias organizaciones advierten que, de aplicarse, puede ocasionar “un impacto negativo en la economía local, pérdida de la competitividad de las empresas y alzas en el costo de vida, en momentos en que Barranquilla es una de las ciudades que mayor variación de precios ha experimentado durante el periodo inflacionario más álgido de la historia reciente del país”.

“Más allá de cualquier consideración sobre las necesidades fiscales que sustenten los incrementos en el impuesto de Industria y Comercio y la contribución del alumbrado público, el ajuste al Estatuto Tributario Distrital resulta contraproducente para la ciudadanía y el sector productivo cuando el país enfrenta una des aceleración de la economía que se acentuará en el 2024″, señalan los gremios.

Por su parte, el Comité Intergremial del Atlántico celebró el alivio que recibirán los ciudadanos de estrato 1 y 2, pero cuestionaron el incremento para los demás sectores sociales:

“El cobro no solo se trasladó a los demás estratos y sectores comerciales e industriales, sino que se incrementó proporcionalmente. La reforma es tan onerosa que solo en el sector residencial los incrementos aprobados entre estratos 3 y 6 le asegurarán a la empresa de economía mixta Kyena, que maneja el alumbrado público, un recaudo casi seis veces superior al año 2023″.

También criticaron que la aprobación del acuerdo se haya realizado “a puerta cerrada, sin permitir a la ciudadanía atender o hacer parte del debate público”.

Panorama similar en Cartagena

La Asamblea de Bolívar también está en el centro de la polémica por aprobar una ordenanza con la que se pretende cobrar un impuesto de seguridad y convivencia a través de la factura de energía. La decisión generó polémica en las redes sociales.

El dinero se recogerá a partir del estrato tres en todos los municipios del departamento, aunque estarán exentas instituciones oficiales de educación, hospitales y establecimientos comerciales con un consumo menor a 2.000 KWH.

Las pretensiones de la Gobernación es que, en un año, se alcance a recaudar hasta 42.000 millones de pesos que se invertirán en proyectos para contener la alteración del orden público y prevenir delitos.

Por ejemplo, costear un sofisticado sistema de videovigilancia, mejorar el alumbrado público en las zonas más inseguras y aumentar las capacidades técnicas de los miembros de la fuerza pública. De manera preliminar, se cree que el estrato tres pagaría 5.937 pesos de más en la tarifa de luz.

El alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, respondió que respeta la autonomía de la corporación departamental y la Gobernación, pero mostró serios reparos en la ejecución del impuesto.

“Insisto en rechazar el cobro de esta tasa especial de seguridad y convivencia, que también toca el bolsillo de los cartageneros. Es inoportuna, inconveniente y hasta desconsiderada, pues se cobra vía recibo de Afinia que bastante caro sí llega”, dijo Dumek.