Nación
Procuraduría profiere cargos contra exalcaldes de Santa Marta envueltos en presuntas irregularidades del Parque del Agua
Dos exgerentes de infraestructura también están salpicados en el pliego publicado por el Ministerio Público.
Más irregularidades saltan a la vista tras la construcción del Parque del Agua en Santa Marta, por lo que los entes de control ponen la lupa sobre cada detalle. Ahora, luego de conocerse algunas novedades, la Procuraduría profirió el pliego de cargo en contra de varios de los salpicados por la polémica obra.
Los exalcaldes de Santa Marta, Carlos Caicedo (2012 – 2015) y Rafael Alejandro Martínez (2016 – 2019) son dos de los responsabilizados por el ente de control. Muchos de los procesos de licitación y construcción se llevaron a cabo en sus periodos de administración.
Cabe destacar que, de los dos funcionarios mencionados anteriormente, el primero de ellos es el actual gobernador del departamento de Magdalena. Mientras tanto, el segundo aspiraría al mismo mandato territorial en las elecciones de este año.
Otros involucrados en el caso son los exgerentes de Infraestructura de la ciudad, Pablo José Lacouture Mercado (2015) y Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018).
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Con estos nombres en medio del caso, la Procuraduría procede a investigarlos por los presuntos atrasos presentados en las distintas etapas de las obras. Hubo siete prórrogas y cuatro adiciones presupuestales desde la fase de celebración de contratos hasta las liquidaciones, contando el pago de las garantías contractuales.
El organismo supervisor denunció que, entre otras irregularidades, “se habrían firmado adiciones al contrato inicial por más de 3.200 millones de pesos para incluir el suministro del mobiliario, las cuales no contaban con la debida justificación y estudios previos que sirvieran de base para demarcar el marco jurídico de lo que se estaba acordando”.
Considerando lo anterior, la Procuraduría aclaró que el contrato debió “ser precisado de manera completa, puntual y clara, pues es la forma como los interesados podrían no solo conocer con cierto grado de certeza qué es lo que la administración pretende con el contrato, sino que llevar el objeto a la indefinición permite que la selección carezca de objetividad en la evaluación de la oferta”. No obstante, las cosas no se dieron de tal forma.
Dadas las circunstancias, la autoridad decidió proferir a Caicedo dos cargos calificados como falta gravísima cometido a título de culpa gravísima, el primero, y falta grave con culpa grave, el segundo.
A su vez, la entidad pública considera la presunta conducta del exalcalde Rafael Alejandro Martínez como una falta grave a título de culpa gravísima. Asimismo, calificó la de Pablo José Lacouture Mercado como una falta gravísima con culpa gravísima, y la de Sánder Alfonso Rodríguez Peña como una falta grave cometida con culpa gravísima.
Entre los indiciados, Caicedo viene siendo protagonista de varias investigaciones seguidas. Recientemente, por ejemplo, se negó a aceptar los cargos por el incumplimiento en los contratos del Polideportivo de Gaira. También, la Fiscalía le había dictado medida de aseguramiento en febrero por un caso similar, el cual también relacionó a dos exgobernadores del Magdalena.
Así las cosas, investigaciones y oficios siguen siendo adelantados para determinar las implicaciones legales a las que deberán responder los señalados.
Directora de Catastro en Santa Marta enfrenta suspensión por decisión de la Personería tras más de 300 quejas
No obstante, Caicedo no es el único funcionario con el lente de la justicia encima en Santa Marta. Más de 300 quejas en contra de los procedimientos de la Unidad Administrativa Multipropósito de Catastro del Distrito llevaron a que la Personería Distrital de Santa Marta tomara una decisión al respecto. La resolución busca entonces reaccionar y dar oído a las inconformidades manifestadas por los ciudadanos.
Con todos los oficios anteriores presentados en el escritorio, la dependencia distrital resolvió suspender a la directora del Catastro, Karina Toledo Cano. La sentencia separa a la funcionaria de su cargo por 90 días inicialmente.
De esta manera, estudiando las querellas, el Distrito encontró que la mayoría se relacionan al incremento del Impuesto Predial. Asimismo, otras tienen que ver con los avalúos catastrales de inmuebles ubicados en barrios como Bellavista, Los Cocos, Pozos Colorados, Bello Horizonte, El Rodadero y Playa Salguero.
