Tras el retiro de 18 militares por hacerse pasar por disidencias de las Farc, el Ministerio de Defensa se disculpa con la comunidad de Tierralta, Córdoba

El pasado 11 de septiembre, un hecho lamentable tuvo lugar en el municipio de Tierralta, Córdoba, cuando supuestas disidencias de las Farc amedrentaron a la comunidad con amenazas y armas de fuego de tipo militar.

Inmediatamente, las alarmas se encendieron ante las autoridades del país, por lo que iniciaron las investigaciones correspondientes, las cuales rápidamente determinaron que a la vereda El Manso llegó un grupo de uniformados -del Ejército-, quienes en un acto irracional intimidó a campesinos, mujeres con bebés en brazos; incluso, niños presenciaron el hecho.

La Procuraduría ahondó en las investigaciones y dio con los desgarradores relatos de las familias que se vieron sometidas en el suceso. Por tal razón, 18 militares fueron retirados del Ejército; de acuerdo con la información, tres coroneles que estaban en la línea de mando hacen parte del grupo de uniformados que serán llamados a calificar servicios.

Las disculpas del Gobierno

Ante estos hechos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, estuvo este miércoles, 20 de septiembre, en el departamento de Córdoba, donde ofreció disculpas públicas a los residentes de la vereda El Manso en Tierralta, por lo ocurrido el pasado 11 de septiembre.

“Quisimos llegar hasta la comunidad en primer lugar para expresar las disculpas del Gobierno, por los hechos sucedidos el 11 de septiembre, una acción reprochada por el Gobierno desde primer el momento en que se tuvo conocimiento y que ha permitido además reiterar nuestra decisión, que no tiene ninguna modulación. Es una decisión absoluta, en el sentido de rechazar cualquier acción que desde la fuerza pública se pueda ejercer a las comunidades”.

“Expresamos entonces, como desde el inicio del Gobierno, ha sido la directriz del señor presidente de la República que es indispensable un nuevo, mejor y más cercano relacionamiento de la fuerza pública, policías y fuerzas militares con las comunidades de manera que las comunidades sientan efectivamente la protección, la atención, la seguridad que la fuerza pública puede brindarles”, expresó el jefe de cartera.

Asimismo, reiteró que lo ocurrido va “en absoluta contradicción con la política del gobierno”. Además, hizo énfasis en que las medidas tomadas deben ser un mensaje para las personas que hacen parte de la fuerza pública, pues acciones como esta no serán toleradas por la administración actual.

Los militares destituidos

SEMANA conoció los rangos y nombres de los once militares que fueron suspendidos por la Procuraduría General, en el marco de la investigación disciplinaria por los hechos que se presentaron el pasado 11 de septiembre en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba. La población denunció que cerca de diez hombres irrumpieron, presentándose como disidentes de las Farc, para amenazar a la comunidad.

En la lista se encuentran el teniente Felipe Alberto Niño Barbosa; el sargento viceprimero Flabio Yamit Aldana Leal; el cabo segundo Yojan Ortiz Carabalí; los soldados profesionales Mario Antonio Berrio Negrete, Jamir Habith Hernández Ramos, Elkin Santiago Ibarra Tonusco, Luis Ángel Muñoz Tapia, Jaime Alonso Salazar Restrepo, Richar Daniel Soto Peña y Óscar Manuel Urango Olaya.

Igualmente, fueron suspendidos el comandante de la Brigada XI, el sargento mayor de comando de la misma Brigada, el comandante y segundo comandante del Batallón Junín, así como el oficial de operaciones; el oficial de inteligencia y el sargento mayor.

Las pruebas recopiladas hasta la fecha indican que los militares adscritos al Batallón Junín Aldana fueron los que amenazaron con armas de fuego a la comunidad, entre ella, a una mujer que cargaba a un bebé recién nacido. Los videos grabados por los pobladores han sido clave en la recolección de elementos materiales probatorios para realizar la identificación.

La Procuraduría avanza en la investigación de este espinoso tema, que incluso ha sido calificado como el posible retorno del paramilitarismo. Para eso, además del trabajo que realizó en terreno, donde hablaron con la comunidad y entrevistaron a los militares involucrados, decretó la solicitud de nuevas pruebas.