Urgente: Contraloría advierte que, 6 años después, Estado no ha cumplido con sentencia que protege a población wayuu en La Guajira

En el año 2017, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-302 que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en el departamento de La Guajira.

Por consiguiente, el Alto Tribunal ordenó que las instituciones del Estado debían trabajar de manera articulada para atender a la población wayuu y garantizar sus derechos fundamentales en materia de salud, agua potable, alimentación y la seguridad alimentaria de los niños y niñas de los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y el Distrito de Riohacha.

Seis años después, la Contraloría General de la Nación alertó que dicho fallo no se ha cumplido.

Cabe recordar que, a mediados de noviembre, la Comisión Séptima del Senado se trasladó hasta La Guajira, donde se llevó a cabo un debate de control político con el propósito de dar respuesta a la problemática de salud pública que se mantiene por el incumplimiento de la sentencia T-302.

La senadora citante, Martha Peralta, del partido ASÍ, afirmó que en la región sí existen fuentes de agua y que se necesitan acciones inmediatas del Gobierno, “además de poner en funcionamiento las represas, se requiere las garantías de los recursos para solucionar la falta del precioso líquido”.

La congresista solicitó articulación con las diferentes entidades para dar pronta respuesta, a la situación que afecta a esa población del país. También propuso al ICBF, como solución inmediata, incluir agua potable en la canasta alimenticia y pidió que se revisen los contratos de los operadores, “para así evitar que se roben la comida de los niños”.

Igualmente, manifestó que se hará veeduría y seguimiento a los recursos destinados a dar cumplimiento de la sentencia.

“Nosotros iniciamos, como ordena la corte, un proceso de seguimiento para saber si las entidades realizaron o no unos planes específicos para atender de manera directa a la población. Encontramos que, pese a existir planes, la Contraloría advirtió que no existen presupuestos para atender esos planes”, dijo Carlos Mario Zuluaga Pardo, vicecontralor con funciones de contralor general.

En palabras más sencillas, la Contraloría alertó que las 42 entidades competentes no están acatando las instrucciones establecidas en el fallo. Cada una de las instituciones debía trabajar articuladamente pero, según el órgano de control, no fue así.

“La mayoría de entidades desconocen su participación dentro de la sentencia “, reiteró Paola Aguirre, contralora para la inclusión social.