Vuelve y juega, intervienen oficina de instrumentos públicos en Barranquilla por presuntas irregularidades

Hasta el 10 de mayo de este año 2023 estará intervenida por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, la Oficina de Instrumentos Público de Barranquilla por presuntas irregularidades.

La decisión se tomó por las dificultades que ha tenido la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla para expedir los documentos y, a causa de las demoras para desarrollar las actividades que han ocasionado la prestación del servicio y dejando de funcionar como debería ser.

Según las autoridades son más de 2.000 documentos atrasados y 300 actuaciones administrativas que no han sido resueltas, sin embargo, indicaron que durante el tiempo de intervención no se interrumpirá más el proceso de lo que ya se ha afectado.

Alejandro Larramendy, el Superintendente Delegado para Registro, explicó por qué se tomó la decisión e indicó que lo que buscan son soluciones a la problemática que han tenido los usuarios con sus trámites.

“Buscamos es resolver los problemas que tiene la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla que tienen que ver con atrasos y demoras en los trámites, problemas en el servicio al ciudadano de los trámites registrales, respecto a actuaciones admirativas y jurídicas”, indicó el funcionario.

Con la noticia de la intervención se conoció además que la Procuraduría General de la Nación habrían solicitado enviar los procesos para la respectiva investigación, y desde la entidad invitaron a los ciudadanos a denunciar actos de corrupción dentro de la oficina.

Investigan a secretaria del Interior

El pasado 27 de marzo, el ministro de Transporte Guillermo Reyes, señaló a la secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González, de apoyar a los comités antipeajes de La Heroica, incentivándolos a realizar manifestaciones con las que exigen el desmonte de las instalaciones de cobro.

Por esta razón, el ministro Reyes aseguró que interpondría denuncias fiscales y disciplinarias ante los entes de control, puesto que debido a su rol como funcionaria, no puede apoyar ni promover estas actividades.

Luego de las declaraciones, tal como lo anunció el jefe de cartera, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la funcionaria, por supuestamente declarar a favor de los manifestantes en el peaje de Marahuaco.

Según el ente de control, Ana María González habría apoyado al comité antipeajes de la ciudad, quienes en algunas ocasiones recurrieron a las vías de hecho en medio de las protestas.

La Procuraduría informó que solicitarán ante el Ministerio de Transporte y a la Concesión Costera Cartagena - Barranquilla, material probatorio que vincule a la secretaria del Interior con el comité antipeajes.

El inicio de esta investigación busca aclarar si los hechos incurren en faltas disciplinarias por parte de González Forero, establecer los motivos determinantes y los detalles de dónde pudo ocurrir el hecho por el que fue denunciada. En caso de que el ministro esté en lo correcto, la funcionaria habría cometido perjuicio causado a la administración.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, también se refirió al panorama en la ciudad de Cartagena, donde resaltó que los funcionarios no deben manifestar su apoyo a los diferentes comités antipeajes.

“Uno no puede ir irresponsablemente por el país que voy a quitar peajes como en Cartagena, la alcaldesa encargada dijo que apoyaba el comité antipeaje en contra del peaje -Marahuaco-. La voy a denunciar fiscal y disciplinariamente porque el no pago de los peajes no puede ser la actitud de un servidor público. Nosotros no nos hemos sentado para no pagar, sino para revisar, algo que yo pedí hace 45 días sobre la estructura financiera de la concesión en los tres peajes”, dijo Reyes.

Por otro lado, el jefe de cartera se refirió al desmonte de los peajes, manifestando que esto sucederá cuando inicien los cobros de valorización.

“Yo les quito el peaje con mucho gusto, apenas empecemos a cobrar valorización a todos los colegios, fincas, hoteles, casas de todas las zonas aledañas, a las dobles calzadas, porque así lo permite la ley y lo estipula el plan de desarrollo. El desmonte se hará efectivo una vez se tenga otra manera de financiación”, explicó Reyes.