A extinción de dominio inmuebles y establecimientos comerciales en Bogotá avaluados en $25.600 millones por almacenar contrabando

El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) permitió impactar el patrimonio de varias personas que estarían dedicadas a acopiar y comercializar mercancía de contrabando en Bogotá.

Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 9 inmuebles urbanos y 2 establecimientos de comercio ubicados en el centro de Bogotá, avaluados en más de 25.600 millones de pesos.

Entre 2018 y 2022, estas propiedades habrían sido utilizadas para almacenar y distribuir productos que ingresaron de manera ilegal al país, en el entendido de que no tenían la documentación que acreditara el pago de los tributos de ley y su entrada legítima al territorio aduanero nacional.

Este resultado hace parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones de crimen organizado, la delincuencia y los grupos narcotraficantes.

Cayó red delincuencial que extorsionaba a personas con gota a gota virtual

La Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, logró la captura de 9 personas mediante 7 diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Bogotá y Medellín, y en los municipios de Madrid y Mosquera en (Cundinamarca), desarticulando una peligrosa estructura trasnacional con injerencia en Guatemala, Argentina, México, China y Colombia, entre otros, dedicada a la comisión de varios delitos, entre ellos informáticos bajo la modalidad ilegal de préstamos “gota a gota virtual,” la cual afectó a más de 1.365 personas, quienes entablaron las respectivas denuncias por los hechos presentados.

La Dijín, a través de la OCN-Interpol, solicitó la publicación de tres notificaciones azules a la Secretaría General ubicada en Francia, para la localización internacional de tres integrantes de esta estructura, así como la publicación de una notificación morada para dar a conocer esta modalidad cibercriminal a nivel mundial generando una alerta ante los ciudadanos.

Luego, dentro de las labores de Policía Judicial adelantadas, las cuales tuvieron un tiempo de análisis y verificación de información durante 16 meses, los investigadores del Centro Cibernético Policial de la Dijín pudieron conocer que esta organización criminal en el año 2019 creó una empresa de la cual se derivaron 14 compañías fachada, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers. Una vez constituidas legalmente las 14 empresas fraudulentas, crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos, creando cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México, para promocionar las aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store, de acuerdo con el portal web de la Alcaldía de Bogotá.

Una vez estaba conformado este emporio criminal, los integrantes de esta estructura delincuencial crearon cuentas bancarias asociadas a empresas fachada para el envío y recepción de dineros con las víctimas, realizando el primer cobro entre los 5 y 10 días de cada mes llegando a tasas de interés hasta del 60 %, que superan las autorizadas legalmente; sin embargo, ante la incapacidad de pago de las personas, la organización criminal ofrecía refinanciación con las mismas aplicaciones y, al no recibir los pagos, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales, y el dinero recolectado era distribuido entre las empresas ficticias para el lavado del mismo y desvío al exterior.

El proceso investigativo, el cual contó con la participación de peritos contables y en informática forense, también permitió debilitar las finanzas criminales de esta organización, aplicando medidas cautelares para la extinción del derecho de dominio a bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 2 mil millones de pesos; entretanto, dentro de la actividad operativa realizada se logró la incautación de 7.839 elementos materiales probatorios.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación judicial. Sin embargo, hay 9 delitos por los que se les acusa, entre estos: acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, constreñimiento ilegal, extorsión, usura, captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos y concierto para delinquir.