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Alerta en La Mojana: Defensoría radicó una demanda por presuntas omisiones para atender crisis humanitaria
En esa región hay 40.000 familias perjudicadas, 47.000 hectáreas de cultivos afectadas, 3.000 viviendas averiadas y 500 destruidas.
La Defensoría del Pueblo instauró una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Según la entidad, las medidas adoptadas para hacerles frente a las inundaciones no son suficientes para evitar la vulneración de los derechos de 500.000 habitantes de esa región del norte del país.
La Defensoría del Pueblo ha realizado, desde el 2021, seguimiento a la situación de vulneración de derechos humanos que viven los habitantes de los 11 municipios de cuatro departamentos que componen la región de La Mojana, como son Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia.
“Los pobladores de La Mojana nos dijeron que estaban hastiados de tanta burla frente a la falta de soluciones. Por eso, como Defensoría del Pueblo, instauramos una acción popular para que se protejan los derechos de las comunidades afectadas por las inundaciones”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís.
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Desde que se presentó el rompimiento del dique conocido como ‘Caregato’, el 27 de agosto del 2021, en San Jacinto del Cauca, Bolívar, la Defensoría ha hecho diferentes exhortos a las autoridades, pero a pesar de los esfuerzos, la vulneración de derechos en las comunidades de La Mojana se mantiene.
En esa región hay 40.000 familias perjudicadas, 47.000 hectáreas de cultivos afectadas, 3.000 viviendas averiadas y 500 destruidas.
Acciones legales
La Defensoría presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular que busca restablecer los derechos e intereses colectivos de 500.000 habitantes de La Mojana afectados por las inundaciones.
“La situación que viven los pobladores no da espera, es imperativo adoptar medidas contundentes; por eso, interpusimos una acción popular, para proteger los derechos e intereses colectivos de las comunidades que, a la fecha, siguen siendo vulnerados”, dijo el Defensor del Pueblo.
La demanda, que deberá estudiar el Tribunal, es contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo de Adaptación.
Actuaciones defensoriales
La entidad nacional de derechos humanos ha realizado una serie de actuaciones defensoriales, como se relaciona a continuación:
El defensor del Pueblo y uno de sus equipos realizaron una visita humanitaria, en la cual se evidenció que las obras adelantadas no han sido efectivas para dar una solución a las inundaciones que afectan a 11 municipios. Aunque por años las inundaciones en esta región han sido recurrentes, a la fecha no se cuenta con soluciones definitivas.
El 25 de enero del presente año, la entidad exhortó nuevamente al Gobierno nacional y a la UNGRD a encontrar una solución definitiva a la problemática de La Mojana.
La entidad ha realizado más de 10 visitas de seguimiento. En múltiples ocasiones, ha radicado oficios ante las diferentes autoridades, solicitando información sobre el estado de la situación y reiterando la necesidad de tomar medidas efectivas para la protección de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.
A finales de noviembre del 2022, la Defensoría convocó una mesa de trabajo en el municipio de San Marcos (Sucre), en la cual participaron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario, la Gobernación de Sucre, la Alcaldía de Sucre, el Ministerio del Interior y las comunidades de la región de La Mojana.
En agosto del 2022, el Defensor del Pueblo le solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que atendiera de forma oportuna la emergencia y adoptara medidas definitivas para solucionar la problemática.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo ha participado en los puestos de mando unificado (PMU), en el desarrollo de la protección de los derechos humanos, y ha realizado múltiples requerimientos a los municipios, gobernaciones, corporaciones autónomas regionales (CAR), al Fondo de Adaptación y la UNGRD, con el fin de acompañar a la comunidad, solicitando información sobre los avances de las obras de emergencia y atención oportuna y eficaz de la problemática.
De igual manera, como se mencionó, un equipo de la Defensoría adelantó una mesa de trabajo en el municipio de San Marcos con organizaciones campesinas, autoridades y gremios, con el fin de analizar lo causado por las inundaciones; además, para identificar alternativas encaminadas a la protección de los derechos de las comunidades.
La acción constitucional presentada por la Defensoría del Pueblo busca proteger los derechos que se vienen vulnerando desde agosto del 2021 a las comunidades afectadas de La Mojana.
