Bogotá
Bancolombia tuvo que pagarle más de $7.000 millones a Chía, tras fallo fiscal por líos en la construcción de la Ptar
La entidad bancaria había desembolsado millonarios recursos al contratista por solicitud del alcalde de la época.
Bancolombia desembolsó en las últimas horas un total de $7.149 millones de pesos al municipio de Chía en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría de Cundinamarca por líos en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) del municipio.
De acuerdo con la Contraloría, Bancolombia, en el 2015, desembolsó, a solicitud del exalcalde municipal, casi el 100 % de los recursos para la ejecución de la Ptar I, al contratista privado Global Enviroment and Health Solutions de Colombia, sin exigir las garantías correspondientes, de conformidad con lo establecido en el contrato de leasing suscrito por ambas partes.
La millonaria inversión, por valor de $17.857.615.335, tuvo como objeto dar cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 22 de septiembre del 2011, que desató la acción popular interpuesta por veedores del municipio, en relación con los malos olores que emanaban de la planta, ordenando al municipio de Chía a llevar a cabo los estudios y construcción de obras que permitieran mitigar y controlar los malos olores y así, garantizar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y de salubridad pública.
Las investigaciones realizadas por la Contraloría de Cundinamarca determinaron un daño al patrimonio del municipio, así como la responsabilidad de los implicados por las conductas activas y omisivas que acabaron en la pérdida del dinero y el incumplimiento con la entrega del proyecto Ptar Chía I.
El fallo con responsabilidad fiscal solidaria fue confirmado en segunda instancia el 23 de enero de 2024 y 10 días después, es decir, el 2 de febrero de este año, Bancolombia S.A. depositó en la cuenta del municipio los más de $7.000 millones.
La Contraloría de Cundinamarca, continuará realizando las acciones de cobro correspondientes para recuperar el 100 % de los recursos invertidos en este proyecto, y garantizar que sean devueltos al municipio para subsanar el daño.
De igual manera, la Entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que a través de los mecanismos de participación hagan seguimiento a los recursos devueltos para que estos se utilicen en lo que realmente necesita la comunidad.
Municipios con obras inconclusas, en la lupa de la Contraloría
En su objetivo de hacer seguimiento a las obras y a la ejecución de los recursos públicos del departamento, la Contraloría de Cundinamarca solicitó la información del estado de las obras públicas en los 116 municipios del departamento, con el fin de verificar el avance de las mismas y hacer seguimiento a las que, por alguna razón estén retrasadas o presenten incumplimiento en su ejecución.
En el marco de la Ley 2020 de 2020, por medio de la cual se crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales, la Contraloría de Cundinamarca solicitó a las entidades contratantes, el estado de las obras civiles, incluidas aquellas que un año después de vencido el término de liquidación del contrato, no haya concluido satisfactoriamente o no estén prestando el servicio para el cual fueron contratadas.
De esta manera, la Contraloría de Cundinamarca emitió el listado en el que un total de 62 obras en 40 municipios del departamento se encuentran en estado inconcluso y requieren acompañamiento para evitar que los recursos destinados a las mismas, un total de 124.125 millones de pesos se pierdan.
En el seguimiento que se realiza dos veces al año, se ha logrado, con un trabajo conjunto de la Comisión de Moralización Bogotá-Cundinamarca, liderado por el contralor departamental Carlos Wilches, se solicitó revisar con las entidades los inconvenientes presentados para poder realizar los ajustes necesarios y lograr la reactivación de las obras y su posterior culminación y entrega al servicio de la comunidad.
Dentro de las obras inconclusas se encuentran proyectos de vivienda de interés social, sistemas de acueducto y alcantarillado, aulas educativas y áreas de servicio de salud.