Bogotá
Conjuntos residenciales en Bogotá deben verificar requisitos para contratar empresas de vigilancia, de lo contrario serán multados
Quien llegue a un acuerdo con una compañía de vigilancia que no esté debidamente certificada, puede ser sancionado con una multa que va hasta los 46 millones de pesos.
La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Superintendencia de Vigilancia hacen un llamado a los administradores, propietarios y residentes de conjuntos y edificios en propiedad horizontal, para que verifiquen los requisitos legales exigidos para contratar servicios de vigilancia certificados, con el fin de adelantar acciones que generen espacios de cooperación para la seguridad ciudadana y la sana convivencia enfocada en el sector de la propiedad horizontal y disminuir los delitos de alto impacto.
Para evitar caer en estafas y garantizar que la empresa que contrata es autorizada, se puede ingresar a la página de la SuperVigilancia y verificar:
• Que la licencia de funcionamiento esté vigente.
Lo más leído
• Que la oferta que le están brindando se ajuste a la tarifa regulada.
En esta página web también se podrá conocer las tarifas actuales de los servicios de vigilancia, manejo correcto de los equipos de seguridad, realizar cualquier petición y participación con la entidad y confirmar que empresa esté autorizada por la Superintendencia de Vigilancia.
“Estamos reforzando la seguridad y trabajando de la mano con otras entidades para prevenir que nuestros ciudadanos sean estafados. Es importante que tengan en cuenta todas estas recomendaciones a la hora de escoger quién cuidará a sus familias. Nuestra prioridad es seguir fortaleciendo este tipo de alianzas con diferentes sectores y que los delincuentes no tengan alternativas para hacer de las suyas”, indicó Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad de Bogotá.
Las personas que contraten los servicios de una empresa de vigilancia que no esté certificada, podrían llegar a ser víctimas de diferentes modalidades de hurto: falsos funcionarios, violación de cerraduras, aumentar el riesgo de robo por el factor de oportunidad y la suplantación de datos.
Quien llegue a un acuerdo con una compañía que no tenga los certificados que se necesitan para ejercer su labor, puede ser sancionado con una multa que oscilará entre los 20 y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($46.400.000).
La Secretaría de Seguridad, además, dentro de su estrategia, trabaja de la mano con las Redes Ciudadanas, los Frentes de Seguridad y la Policía, para prevenir este tipo de situaciones y fortalecer los canales de comunicación. En Bogotá hay alrededor de 801 Redes Ciudadanas y cerca de 1.577 Frentes de Seguridad, conformados por más de 41.000 ciudadanos.
En el marco de este trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Supervigilancia, se ha participado en Consejos Locales de Propiedad Horizontal, Consejo Distrital y encuentro de integración con la Policía Metropolitana y el sector de la vigilancia privada, para así mejorar y afianzar los acuerdos entre ambas entidades y disminuir las acciones que pueden poner en riesgo la seguridad de cada uno de los residentes.
Superintendencia de Vigilancia le pone la lupa a 57 empresas de seguridad privada que estarían operando ilegalmente
Recientemente, la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) llevó a cabo su asamblea general en la cual participó el superintendente de Vigilancia, Alfonso Manzur, quien reveló cifras importantes que dejan en evidencia el trabajo que ha venido llevando a cabo dicha entidad en el país.
Por un lado, el superintendente señaló que en total hay 57 empresas identificas que les están aplicando procesos de investigación e inspección por prestar el servicio de vigilancia privada de un modo ilegal. “Es un número alarmante teniendo presente que este dato solo corresponde a dos ciudades en lo que va corrido del año”, afirmó Manzur.
El funcionario fue enfático en indicar que las sanciones van dirigidas a las compañías que contraen empresas de Seguridad Privada que no cuentan por el respaldo de la Superintendencia. El propósito de esta investigación radica en la formalización y legalización de estas empresas para que no tengan problemas frente a la normativa. En caso de llegar a algún punto, estas podrían ser sancionadas y/o cerradas al no acoplarse con las reglas.
